Ahora serán las alcaldías y gobernaciones quienes se encargarán de la alimentación de las personas privadas de la libertad en los Centros Transitorios de Detención y URI.
El próximo 31 de julio finalizaría el servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) a los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país.
Es por ello que la Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades, quienes son responsables de la administración de los centros en los que diariamente llegan más personas que son detenidas por la Policía.
Según expresó el ente de control, la Uspec argumentó que se suspenderá la entrega de raciones alimenticias en concordancia a lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares.
Y precisamente, a poco más de un mes para el vencimiento del plazo del Alto Tribunal, el ente de control solicitó a las entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, gobernaciones y alcaldías presentar soluciones al respecto.
“Presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país”, expresó el ente de control.
En este sentido, el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público “verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros”.
