La posible falta de apoyo es lo que podría comprometer legalmente a los altos mandos de la Policía que hayan actuado por omisión. Y aunque no toda conducta disciplinaria es necesariamente un delito, en el caso de los ministros es difuso determinar si se pueden empapelar penalmente o no, pero en el contexto de los uniformados sí es posible hablar de una conducta penal porque están faltando al artículo 218 donde se delimitan las funciones de la Fuerza Pública como atender este tipo de situaciones.
Hasta ministros quedaron salpicados tras el caos que se desató en Caquetá por un secuestro masivo a manos de la guardia campesina y el asesinato de dos personas en medio de las protestas que ya sumaban más de 40 días.
Los funcionarios del alto gobierno investigados por la Procuraduría son Iván Velásquez, ministro de Defensa; y Alfonso Prada, ministro del Interior, quienes tendrán que responder por posibles irregularidades, ya sea por acción u omisión.
La decisión por parte del Ministerio Público se tomó luego de las polémicas declaraciones del ministro Prada, en las que aseguraba que el secuestro de 84 personas, entre uniformados y civiles, era más bien un cerco humanitario para “proteger la vida” y evitar una tragedia. Pero, en medio de los disturbios murieron el subintendente Ricardo Monroy y el campesino Reinel Arévalo.
Si bien el ministro Prada se retractó y aceptó que sí se trató de un secuestro, para la procuradora Margarita Cabello el daño está hecho y procederá con la investigación. Así mismo, explicó que fue casi una “muerte anunciada” porque ya se habían enviado las alertas necesarias para atender el caso desde el pasado 18 de febrero, pero el gobierno simplemente las ignoró.
Por otro lado, también abrieron indagación previa contra la Policía por presunta omisión a la hora de auxiliar y respaldar a los uniformados.
En un auto conocido por este diario, se ordenó la revisión de todos los informes relacionados a esos enfrentamientos, además de los nombres de los funcionarios policiales de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), quienes son la “evolución del Esmad”.
Si bien este escuadrón permanece desarmado, durante el secuestro los campesinos los despojaron de todos los elementos personales incluyendo 13 armas de baja letalidad y munición de agentes químicos que ahora no se sabe dónde están, por lo que los campesinos podrían incurrir en delito de hurto calificado.
El fiscal general, Francisco Barbosa, también hizo una dura advertencia y dijo que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para individualizar a los culpables que tendrán que ir a interrogatorio hasta con abogado. La nuez del asunto está en que los policías involucrados tienen un deber constitucional y según Barbosa, “no existe ninguna norma de inferior nivel a la Constitución Política que pueda llevar a que un militar incumpla con sus deberes constitucionales y legales”.
La tarea estará en manos de la vicefiscal Martha Mancera, quien tendrá que establecer la responsabilidad que podría incluir a altos mandos del Ejército y la Policía.
