Las mesas de paz de tres cárceles le pidieron al Gobierno que incluya en reforma al Código Penal unas modificaciones al artículo sobre la sedición, que permitan darle un tratamiento jurídico-político a los antiguos miembros de grupos paramilitares.
La idea está siendo impulsada desde las prisiones de Cómbita (Boyacá), El Buen Pastor (Bogotá) y Tramacúa (Valledupar), por internos que no solo pertenecieron a las Autodefensas, sino por exintegrantes de la guerrilla y la delincuencia común.
Así lo manifestó el abogado Michel Pineda, director de la Corporación Compromiso Colombia y asesor jurídico de las citadas mesas de paz. Según él, “la idea también es recibida de forma positiva en las otras cárceles”.
Para febrero está planeada la presentación al Congreso de la reforma al Código Penal que propone el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la cual incluye algunas medidas polémicas basadas en los principios de la justicia restaurativa, como la posibilidad de que los presos salgan a trabajar de día y vuelvan a la celda de noche.
Los internos esperan que el nuevo Código incorpore cambios en la sedición, “porque esta es la única manera de que haya una paz total, como la quiere el Gobierno. Aplicar la sedición implica reconocer lo que pasó en su momento: que los paramilitares no combatieron al Estado, sino que, en su ausencia, sustituyeron sus funciones en varios territorios”, acotó Pineda.
Y agregó: “La sedición no solo aplicaría para los exparamilitares, sino también para las disidencias de las Farc y los jóvenes de la Primera Línea”.
En la práctica, reconocerles el estatus de sedición a estas personas implicaría que puedan ser beneficiarias de amnistías e indultos.
La propuesta no tendrá un camino fácil, no solo porque la Corte Constitucional ya la desestimó en 2006, sino por la postura esbozada por la Fiscalía la semana pasada, cuando le negó al Gobierno la suspensión de las órdenes de captura para los voceros designados del Clan del Golfo y “los Pachenca”. En su argumentación, el ente acusador explicó que “la ley no habilita al Gobierno para adelantar negociaciones de paz con Grupos Armados Organizados sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”.
Pineda adujo que “con la dificultad que significa la negativa del fiscal, se genera la necesidad al gobierno de encontrar una alternativa para el propósito de la paz; al señalar que esos actores carecen de estatus político, no deja alternativas diferentes a revivir la sedición para estos y otros. Podría hacerlo, pues los tiempos cambian. El Gobierno progresista de hoy no tiene la misma tendencia política que el de la época del fracasado proceso con las AUC”.
