Ese mentado quiebre al fin se concretó este jueves, cuando magistrados y funcionarios de la rama judicial fueron sitiados en sus propias oficinas ante la amenaza de una muchedumbre feroz y agresiva que –sublevada por el primer mandatario–, pedía que la Corte escogiera a la brevedad el reemplazo de Francisco Barbosa.
“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, quien –visiblemente afectado y atónito– prendió las alarmas por el “bloqueo violento e ilegal” que puso en jaque la independencia, autonomía e imparcialidad de la rama judicial.
Y es que la de este jueves fue una jornada de protesta inédita en la capital. La icónica Plaza de Bolívar –refugio y núcleo acostumbrado de toda manifestación en la capital–, permaneció vacía y tranquila, con visos de desolación. El ruido, las arengas, los reclamos y la aglomeración –en medio de asomos cada vez más visibles de rabia y violencia–, se trasladaron a unas cuadras de allí, sobre la calle 12 con carrera octava.
El corazón de la marcha, de manera atípica, fue por primera vez el Palacio de Justicia, nada menos que la sede de la Corte Suprema. Más temprano, los manifestantes se agolparon también en el búnker de la Fiscalía. Ambas corporaciones –pilares de la rama judicial–, fueron blanco de manifestantes que, ensalzados por el Jefe de Estado y el Pacto Histórico, hicieron de un plantón, que en principio fue pacífico, una rabiosa protesta marcada por la presión, las agresiones, el vandalismo y hasta la retención de magistrados y funcionarios.
Detrás de todo está una decisiva determinación que, aunque debería ser jurídica, ahora está contaminada por la política: la elección de la próxima fiscal General de la Nación. Si bien ayer los magistrados se reunieron para avanzar en el proceso, no hubo humo blanco tras dos rondas de votación y la decisión de que postergarían las discusiones hasta el 22 de febrero –lo que implica que asuma en condición de encargada la vicefiscal Martha Mancera–, derivó en hechos de violencia.
En contexto: La cuenta de X, del petrismo, que notificó el “secuestro” de los magistrados
Durante la mañana, por convocatoria de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) –gremio señalado de donar a la campaña Petro de forma supuestamente irregular–, decenas de manifestantes se tomaron las afueras del búnker de la Fiscalía. Allí representantes de sindicatos, gremios, centrales obreras, miembros del magisterio y algunos transeúntes se agolparon para reclamar contra Barbosa.
Se montó una pequeña tarima por la que desfilaron congresistas del Pacto Histórico –como David Racero, Martha Peralta o Tamara Argote–, que por minutos lanzaban arengas contra el saliente fiscal. Edgar Rengifo, presidente de la Asociación de Educadores del Putumayo llegó hasta allí tras 16 horas de viaje desde Puerto Asís.
“Llegamos dos buses con 60 compañeros docentes de los diferentes municipios”, sostuvo este profesor de español, quien dicta clases para estudiantes de sexto y séptimo grado. Según Rengifo, la financiación del viaje se hizo a través de recursos propios de su gremio. Como él, otros docentes se hicieron presentes desde zonas como Magdalena, Huila y municipios de Cundinamarca.
“El docente no solamente tiene el deber de enseñar en las aulas, también tiene el compromiso social de defender al pueblo. Esto lo hacemos por la educación pública”, sostuvo el profesor, mientras sobre el mediodía, desde la pequeña tarima, los organizadores pedían trasladarse al centro de Bogotá.
Entre el miedo y la violencia
En la tarde las afueras del Palacio Alfonso Reyes Echandía, puntualmente su salida vehicular, terminó convertida en un hervidero. Allí se agolparon decenas de personas –algunas de ellas encapuchadas–, que exigían la elección inmediata del próximo fiscal y que se oponían, de forma feroz e intransigente, al encargo de la vicefiscal Mancera, a quien el petrismo acusa de encubrir a funcionarios vinculados con el narcotráfico. La escena hizo recordar los momentos más dramáticos del Paro Nacional, empañado por bloqueos, amenazas y asedio de unos cuantos.
Al obstruir la salida de vehículos, los magistrados y los funcionarios de la rama terminaron encerrados en sus oficinas, atemorizados de que la más mínima chispa de descontento desencadenara hechos de violencia. A las afueras ondeaban banderas de Colombia, pero también del M-19, grupo al que perteneció Petro y que a sangre y fuego se tomó ese mismo Palacio de Justicia hace casi 40 años.
Adentro, separadas por la puerta del parqueadero, se veían a lo lejos dos empleadas de servicios generales del Palacio. Atemorizadas y con un dejo de quebranto veían cómo un grupo de jóvenes se oponía a retirarse del lugar, al tiempo que gritaban arengas, pintaban los pisos y lanzaban toda clase de improperios contra los policías que también se resguardaban dentro del estacionamiento. En medio de la multitud, mientras se concentraba el humo de cigarrillo y marihuana en la talanquera, sobresalía un hombre de la tercera edad. Vestido de traje y con mirada asustadiza, permanecía aferrado con su corbata a una baranda en protesta contra la Corte.
En el entretanto –desde su tribuna favorita, la red social X (antes Twitter)–, Petro hablaba de infiltrados en las marchas, así como de “no producir un enfrentamiento entre justicia y ciudadanía”. Por ello, de forma ambigua, pedía despejar el lugar. El llamado llegó a oídos de los manifestantes en boca de un hombre que, armado únicamente de un megáfono, pedía paz y mesura.
La respuesta de algunos fue acallarlo con reproches subidos de tono, mientras hacían sonar más sus pitos y vuvuzelas. Hasta donde los jóvenes que permanecían agolpados en la entrada del parqueadero llegaron representantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios de la Alcaldía y de la Defensoría del Pueblo. Trataban de persuadirlos para evitar la acción del otrora Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.
—Por favor, despejen el lugar. Ya Petro habló y pidió que los dejen salir. Acá a dos cuadras hay policías y van a intervenir con gases lacrimógenos y tanquetas. Por favor, hay niños.
La respuesta al llamado del representante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) evidenció con creces la obstinación que se apoderó del lugar: “A mí Petro no me manda. Ni mierda”, señaló con rabia uno de los jóvenes.
La chispa al fin se encendió sobre las 5:10 de la tarde cuando, con la misma intransigencia, al menos 25 uniformados del Esmad irrumpieron en el lugar. Al destrabar la calle 12 con virulencia, los miembros de la Fuerza Pública desataron choques con los manifestantes, una escena que parecía impensable bajo el “gobierno del cambio”. Humo, piedras, bombas lacrimógenas y palos se hicieron presentes en lugar de las pancartas que pedían la salida de Barbosa y de Mancera.
En cuestión de tres minutos fue disuelta la manifestación y sobre las 5:35 de la tarde los magistrados y demás funcionarios al fin pudieron salir a bordo de sus vehículos. A su paso, algunos manifestantes les lanzaban todo tipo de objetos y ante alguna parada obligada en medio del trayecto no faltaba quien les escupía las ventanas.
Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los funcionarios que le habla al oído a Petro, intentó calmar las aguas y, al visitar el Palacio en compañía del director de la Policía, general William Salamanca, sostuvo que “ninguna movilización estaba autorizada para llegar a la Corte (...) la orden es proteger la Corte y su independencia”. Insistió además en la tesis de infiltrados y saboteadores.
Tras la delicada situación, otras cortes de justicia –como la Constitucional o el Consejo de Estado–, sumado al Congreso y la Procuraduría, rodearon a la Corte Suprema y pidieron respeto por la independencia y separación de poderes.
Sin embargo, al atizar el fuego, el presidente Gustavo Petro concluyó su diatriba en la red social X advirtiendo que “no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron legítimamente”.
A la luz de semejantes declaraciones lo ocurrido este jueves parece ser el preludio de lo que será el 22 de febrero, cuando una vez más se reúna la Corte. ¿Seguirá encendida la chispa? Las declaraciones del presidente Gustavo Petro serán decisivas para no echarle más leña al fuego, apaciguar los ánimos y garantizar la autonomía judicial.
Pese a choques primó pacifismo en marchas de Medellín
La manifestación en Medellín estuvo como el clima con el que ayer contó la ciudad, con un inicio más bien frío y apagado pero con un desenlace acalorado. En las primeras horas de la mañana fueron pocos los congregados en el sector de La Alpujarra, pero con el pasar de las horas cada vez fueron llegando más marchantes, sobre todo asociados a los sindicatos, con predominancia de los afiliados al magisterio, y de los partidos Colombia Humana y Comunes.
Mientras el costado occidental del Parque de las Luces era un hervidero de convocados –sobre todo adultos mayores–, por los altoparlantes y bafles de un camión se lanzaban contradictorias arengas que iban en contravía con el supuesto cariz pacífico de la manifestación.
Tras unos “saludos combativos”a los presentes, uno de los agitadores invitaba a gritar la arenga “Petro, amigo. El pueblo está contigo”. Mientras que otro indicaba que “no iban a permitir” la “intromisión del fiscal al investigar al presidente”. Uno de los puntos culmen del inicio de las manifestaciones fue cuando –siguiendo el compás de la música– los animadores instaban a gritar la consigna “¡Sino eligen la fiscal, esto se va a putiar!”. Cerca de las 11:30 a.m., con cerca de 700 congregados la marcha comenzó a movilizarse por la calle San Juan hasta llegar a la avenida Ferrocarril. De allí tomaron la calle Barranquilla hasta llegar al Bunker de la Fiscalía en Antioquia. Durante la mayoría del trayecto la concentración fue pacífica. Cerca de las 5:00 p.m., se dio un choque con la Fuerza Fública cerca de la Autopista Norte. Por fortuna se conjuró rápidamente tras la mediación de veedores de Derechos Humanos y del concejal José Marín. Aun así, otros enfrentamientos se dieron hasta el caer la tarde en la Universidad de Antioquia.
