Justo antes de cumplir su primer año en el poder, el presidente Gustavo Petro atraviesa por un mal momento marcado por acontecimientos judiciales, políticos y electorales adversos.
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Para el mandatario el mes de julio parece que será para el olvido, ya que en su transcurso tuvo que enfrentar desde la captura de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, hasta el despido de su ministra de Minas, Irene Vélez.
El jefe de Estado iniciará –el 7 de agosto– su segundo año al mando de la Nación con un ambiente de crisis en la Casa de Nariño, ya que además tuvo dos tropiezos políticos claves: perdió el control de la Mesa Directiva del Senado y el Pacto Histórico dejó entrever fisuras y desorden de cara a las elecciones, lo que podría hacerle perder margen de maniobra para impulsar sus reformas.
Esta situación adversa podría dejar mal parado al presidente ante la opinión pública y afectar aún más su imagen en pleno año electoral. Sobre esto dio pistas el más reciente Opinómetro realizado por la firma Datexco, que este lunes mostró que solo el 31 % de los 700 colombianos encuestados, vía telefónica, aprueba la gestión de Petro y 58 % la desaprueba.
Dos líos judiciales en su entorno
El pasado sábado el país se despertó con la noticia de que la Fiscalía General de la Nación capturó en una lujosa vivienda ubicada al norte de Barranquilla al primogénito del jefe de Estado por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Además de Petro Burgos fue capturada su exesposa, Daysuris Vásquez, señalada de lavado de activos y violación de datos personales. La detención de ambos se dio después de que Vásquez acusó al hijo del mandatario de recibir millonarias sumas de dinero irregular para la campaña presidencial de Petro en 2022.
Tras asegurar en marzo pasado que no crío a Petro Burgos, el presidente se volvió a pronunciar y se desligó de nuevo del escándalo apuntando que espera “que estos sucesos forjen su carácter (el de su hijo) y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.
Este fue el segundo hecho judicial que golpeó recientemente a Petro, ya que menos de dos semanas atrás la Fiscalía le abrió una indagación a su ministra de Minas, Irene Vélez –quien salió del cargo– por convencer a un funcionario de Migración de permitir la salida del país de su hijo menor de edad, en enero, sin cumplir los requisitos legales.
Dolores de cabeza políticos
Además del ámbito judicial, el político también le quita el sueño al presidente. Y es que hace tan solo 12 días el mandatario fue testigo de una dura derrota en el Congreso cuando perdió la Presidencia del Senado. Sin duda fue un fracaso porque el Gobierno esperaba que Angélica Lozano fuera elegida, pero esa elección la ganó Iván Name, quien tiene marcadas diferencias con Petro.
Pese a que ese fracaso político se dio el 20 de julio, solo hasta este lunes Petro se reunió con Name. El nuevo presidente del Senado dejó claro que no trabajará respondiendo a los intereses del Gobierno y aseguró que el Congreso “no es solo una fábrica de leyes, sino también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga”.
Por su parte, Petro también dejó clara su insatisfacción tras esta derrota, pues fuentes de Palacio aseguraron que la semana anterior regañó a la bancada del Pacto Histórico y le dijo a su gabinete ministerial en pleno que todos los días su rendimiento será evaluado, con lo que estaría anticipando posibles cambios.
Incluso desde la Casa de Nariño surgieron versiones que apuntan a que el mandatario les pediría la renuncia a sus ministros del Interior (Luis Fernando Velasco), Relaciones Exteriores (Álvaro Leyva), Vivienda (Catalina Velasco) y TIC (Mauricio Lizcano), al parecer, inconforme con su desempeño.
Estos sucesos representaron una seguidilla de hechos adversos para el presidente en julio, pero no terminaron ahí, pues el pasado sábado a las 6:00 p.m. –12 horas después de la captura de Petro Burgos– se confirmó una noticia que podría poner a tambalear la ampliación del proyecto político de Petro en las regiones.
Para esa hora estaba previsto el cierre de las inscripciones para las elecciones del 29 de octubre y desde el Pacto Histórico diversas voces reconocieron fallas y desorden en la entrega de sus avales y selección de candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales.
Entre ellos sobresalió Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, quien tildó la entrega de avales como un fracaso y planteó que la colectividad desaparecerá si no “definen mecanismos democráticos para escoger candidatos”.
Esta serie de salidas en falso han provocado el declive en la aprobación del mandatario en mediciones como el Opinómetro de Datexco para W Radio, pero también dejaron claro que más que fuerzas externas que busquen desestabilizar al Gobierno –como lo ha sugerido Petro–, los escándalos están estallando dentro de la propia Casa de Nariño.
Y aunque estos no son las únicas polémicas que han empañado al Gobierno Petro sí dejan una sensación de crisis en el entorno del mandatario, pues se trata de una seguidilla de escenarios adversos que Petro tendrá que sortear para poner en marcha sus reformas sociales y no ceder terreno en las elecciones regionales.
Y es que al primer año del Gobierno de Gustavo Petro lo marcaron diversas polémicas que estallaron en la Casa de Nariño. El caso que más ruido ha hecho para el mandatario es el de Laura Sarabia y Armando Benedetti, quienes dejaron sus cargos en el Gobierno después de que la Fiscalía les abrió investigación por el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial de Petro.
Además, el mandatario ha protagonizado otros hechos polémicos como su afirmación de que es el jefe del fiscal Francisco Barbosa, que desmintió la Corte Suprema; su insistente solicitud de cambios que pone en riesgo la construcción del Metro de Bogotá; los 21 viajes internacionales que ha hecho en 11 meses y que le han costado al país 5.600 millones de pesos; y su recurrente pelea con la Procuraduría General, a la que se niega a obedecer.
