En Medellín la firma más costosa está en 1.000 pesos. A la estrategia de buscar el aval ciudadano para aspirar a un cargo público sin partido político algunos le encontraron precio. Pero a la vez, es una opción con ventajas frente a la opinión pública. Consolidar una estructura y no ser volátiles, el reto de estos nuevos movimientos.
Desde lo político, lanzarse a un cargo de elección popular sin vincularse a un partido es atractivo para dirigentes que buscan mostrar una imagen de frescura e independencia.
En todo el país, los precandidatos que escogieron este mecanismo proliferan. Sin que la carrera oficial haya comenzado, estos aspirantes llevan meses y kilómetros recorridos en las ciudades, universidades, parques y demás espacios, pidiendo la firma de los ciudadanos y, de paso, exponiendo sus propuestas y publicando en sus redes sociales esa cercanía con la gente.
Mientras otros esperan el aval de una colectividad y dependen de matices internos o de la bendición de un “poderoso”, los precandidatos por firmas avanzan a su ritmo, aunque no sería extraño después verlos integrando una coalición o recibiendo apoyo pleno de un partido.
Para Juan David Escobar Cubides, abogado y analista político, “los movimientos así surgen por las crisis institucionales de los partidos, y por la incapacidad de estos para renovarse y promover nuevos liderazgos en la política”.
Ventaja momentánea
Escobar cree que esta metodología tiene pros y contras. “Son la alternativa de quien no tiene partido y la ventaja es que previamente pueden dar inicio a una ‘precampaña’. También veo una desventaja y son los costos de adelantar el proyecto político”, aseguró.
Además de triunfar en las urnas, un golpe político fuerte sería que uno de esos movimientos luego de ganar los comicios, logre consolidar una estructura que le permita sostenerse en el tiempo. Lo común en Colombia es que cada que hay elecciones aparecen ideales con los que el electorado se identifica, pero una vez pasan a gobernar, la rigurosidad política queda en el olvido. Ni siquiera Colombia Humana, equipo del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro ha conseguido su personería jurídica.
Para la Alcaldía de Medellín hay seis precandidatos utilizando esta metodología: el exdirector de Planeación de Medellín, César Hernández; el concejal Santiago Jaramillo; el exsecretario de Minas de Antioquia, Enrique Olano; el exdirector del Inder, Juan David Valderrama; el exsenador Juan Carlos Vélez y el exsecretario de Inclusión Social, Luis Bernardo Vélez. A esta lista estaría por sumarse el exsecretario de Gobierno de Medellín, Santiago Gómez y el del petrismo.
Olano informó que cuenta con una red de 200 personas entre amigos y voluntarios, con las cuales espera entregar a mediados de junio cerca de 100.000 firmas. Aunque ve ventajas, opina que “es mínima porque los partidos tienen sus precandidatos, que hacen proselitismo muy fuerte y tienen mucha recordación”.
Para el precandidato Valderrama, quien dice que lleva 31.000 avales ciudadanos en mes y medio, “esto tiene tres ventajas: marcar una independencia de los partidos, estar en contacto con las personas y obtener pronto reconocimiento”.
Alguien vio un negocio
Osman Cruz trabajó en el servicio de recolección de estos avales hace varios años. Recogían al día 150 rúbricas por persona y ahora, desde las campañas le piden asesorías.
“Hay vacíos jurídicos, no está regulado el tema financiero de los grupos significativos, no les exigen rendición de cuentas, ni el método para recoger los apoyos y por eso en la mayoría se paga”.
Cruz indicó que no son empresas, se trata de personas naturales que contratan personal a través de cooperativas temporales. Dice que actualmente hay tres modalidades: los que están pagando salarios mínimos con prestaciones sociales, los que usan el voluntariado y con amigos cercanos, y los que buscan a los líderes en los barrios para pagarles hasta 1.000 pesos por cada firma.
Aunque cada precandidato debe entregar 50.000 apoyos ciudadanos, todos plantean llegar como mínimo al doble. Tomando esa referencia y si cada firma vale 1.000 pesos, significa que 100.000 valen 100 millones de pesos, una suma considerable al inicio de una campaña.
De los seis precandidatos consultados, solo Enrique Olano reconoció el interés de contratar este servicio. Los demás negaron esta opción. “A mí me han ofrecido eso, se paga entre 450 y 1.000 pesos por firma. Pagar por eso rompe completamente nuestros principios programáticos”, dijo Hernández. Valderrama afirma que “no tengo pensado pagar para eso, el esfuerzo es de todos los días en la calle”.
Jaramillo y los dos Vélez dicen que trabajan con voluntarios. Lo mismo aseguró Mauricio Tobón, precandidato a la Gobernación de Antioquia, quien ya entregó 136.000 avales ciudadanos de su colectivo “Tú puedes”.
Cabe anotar que si algún precandidato paga por las firmas y luego recibe el aval de un partido político, como se dice popularmente: “esa platica se perdió”.
Juan Carlos Arenas, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explicó el impacto que puede traer si aumenta la compra de firmas. “Deja de ser eficaz y el desenlace puede ser parecido a lo que le ocurrió a Germán Vargas: un número impresionante de firmas con un apoyo miserable en las urnas. La gente puede que firme pero desconfía de aquellos que buscan afanosamente ese tipo de respaldos”, concluyó .
27
de julio es el plazo
máximo para entregar las firmas a la Registraduría.
