Siguen adelante las gestiones de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer ante la justicia el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que produjo la salida de cuatro altos funcionarios del Gobierno y tiene a nueve congresistas investigados. Así mismo, ha dejado una imputación formal y dos preacuerdos con los responsables del saqueo.
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En ese sentido, EL COLOMBIANO conoció el preacuerdo que celebró el ente acusador con el contratistas Luis Eduardo López Rosero —conocido con el alias de El Pastuso—, quien es investigado por ser la piedra angular del direccionamiento que se hizo desde esa entidad para concentrar los pagos de las órdenes de proveeduría en sus empresas, aprovechándose de las declaratorias de asistencia humanitaria de emergencia.
El documento detalla las tareas ilícitas que tuvo a cargo El Pastuso entre mediados de 2023 e inicios de 2024 para acordar el valor de los sobornos que se pagaron a cambio de la adjudicación de las órdenes; pactar los porcentajes económicos que se repartirían entre Olmedo López (director de la entidad), Sneyder Pinilla (subdirector), Pedro Rodríguez (asesor jurídico), Luis Carlos Barreto (subdirector de Conocimiento) y César Manrique (directo del Departamento de la Función Pública); entre otras “funciones” en el entramado criminal.
Según lo establecido por la Fiscalía en el preacuerdo, tras un acuerdo con Pinilla y Rodríguez y previo al inicio de cada proceso de contratación, López Rosero “entregó el nombre de tres de sus empresas para que fueran invitadas, para simular con ello la escogencia aleatoria de la lista de proveedores, de las firmas invitadas a cotizar”. Es decir, simular que sus empresas habían sido seleccionadas legítimamente para esos procesos.
Por otro lado, se estableció que el contratista incrementó injustificadamente el valor de las cotizaciones para “cubrir el precio del contrato y el pago de coimas”, lo cual generó “sobrecostos ilícitos en la contratación”. Lo anterior es explica en que debían inflar los precios de las órdenes para poder sacar la tajada que se repartió entre los mencionados y que habría llegado a las esferas del poder Ejecutivo y Legislativo.
De igual manera, en noviembre de 2023 Rosero suscribió el acta de entrega de los carrotanques con información falsa para “cobrar ante la Fiduprevisora el pago de la orden (...), sin que se hubiese cumplido su objeto contractual”.
Finalmente, señaló el preacuerdo que El Pastuso le solicitó a su esposa, Sandra Brand, “suplantar la firma de los representantes legales de las empresas que manejaba en los documentos de los procesos de contratación de la UNGRD”.
Vale recordar que López Rosero era el representante legal de la empresa Luket SAS y, por interpuesta persona, controlaba y dirigía “materialmente múltiples empresas” entre las que estaban Impoamericana Roger SAS, Brand SAS, Kalmo SAS y Proyectos RML SAS.
Los cálculos que sostiene la fiscal del caso, María Cristina Patiño, exponen que los osbrecostos que tuvieron todos los contratos que estuvieron direccionados corresponden a la suma de $14.064’300.723.
Así distribuyó El Pastuso los sobornos
En total, Luis Eduardo López distribuyó $6.342 millones en coimas, de los cuales $1.000 millones fueron para Pedro Rodríguez y los restantes $5.342 millones para Sneyder Pinilla. Esta última cifra fue entregada en tres tandas.
La primera fue pagada por la suma de $4.276 millones en enero de 2024 por medio de Pedro Castro, quien prestó en octubre de 2023 los $3.000 millones entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name, y los $1.000 millones al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, “más los intereses del 2,6 % pactados”. Mientras que las otras dos entregas fueron de $724 millones a Olmedo López y $342 millones a Sneyder Pinilla.
Según lo que reconoció “El Pastuso”, después del pago de los carrotanques y de entregar las coimas a López, Pinilla y Rodríguez, se quedó con $7.722’300.723 producto del contrato ilícito.
Como producto del acuerdo de López Rosero con la Fiscalía, el contratista acepta su responsabilidad en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado, por los cuales será condenado. Como beneficio por aceptarlos se acordó la rebaja del 40 % en la condena, tanto de prisión como de multa.
Por ello, la condena que purgaría sería de 80,4 meses de prisión (seis años, ocho meses y 12 días), que quedaría de reducirle el porcentaje mencionado a 134 meses, que es lo que suman las penas por los delitos que reconoció. Entre tanto, la multa que tendrá que pagar será de $4.054’207.879, además de la “devolución efectiva del 52 % del valor de lo apropiado”, que fueron $965’287.590.
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