Un duro choque de pronunciamientos tiene enfrentados este miércoles a los antiguos miembros del secretariado de las Farc con los altos mandos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
En una carta abierta al presidente de la República, el exmáximo comandante de esa extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, lanzó una dura crítica al funcionamiento de la Jurisdicción que, según él, está haciendo a los exFarc desconfiar del Proceso de Paz y retomar las armas.
Según los exmiembros del antiguo secretariado, el problema radica en “la apertura interminable de macrocasos” y “la idea de dictar resoluciones por cada” uno de ellos.
En efecto, la JEP ha venido abriendo macrocasos como respuesta a las demandas de las víctimas y a los hallazgos que han ido haciendo en las otras grandes investigaciones que adelantan los magistrados.
Algunos de los más recientes son, por ejemplo, el macrocaso para estudiar las violencias basadas en género y el que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Pero, más allá de abrir nuevos casos de estudio que ayuden a esclarecer el conflicto, los macrocasos también suponen la obligación de los actuales comparecientes de la JEP de responder al llamado de los magistrados para que digan su verdad sobre los distintos delitos que van investigando.
De ahí la molestia de los exFarc pues, a más macrocasos, más tiempo serán investigados y más demorado será su proceso para quedar libres de cualquier persecución judicial.
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La respuesta de la JEP
Pero las declaraciones, como era de esperarse, cayeron mal en la JEP, cuyo presidente Roberto Vidal se pronunció a escasas horas de ese comunicado dejando en firme que el funcionamiento de la Jurisdicción no es algo que le competa a los comparecientes.
“La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”, dijo Vidal en un comunicado en tono diplomático, pero contundente.
Y no es para menos, pues se trata de una Jurisdicción que han querido cambiar todos los bandos políticos y que ha discutido tanto con el gobierno de Iván Duque como con el del actual presidente Gustavo Petro.
De ahí ese fuerte reclamo por algo en lo que siempre insisten cuando los comparecientes o políticos cuestionan su proceder. De hecho, para este punto es clave recordar que la Corte Penal Internacional, CPI, dejó un canal de comunicación abierto y permanente con la JEP para cualquier tipo de inconveniente que llegue a tener en el país.
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Entre esos “intocables” de la CPI, están cambios estructurales que pretendan hacer desde el Ejecutivo, reducciones de presupuesto o imposiciones sobre sus decisiones judiciales y administrativos. Así las cosas, la única manera de cambiar la Jurisdicción es vía Congreso con un proyecto de Ley que modifique el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.
Justo por eso último, se entiende menos por qué Londoño le envía una carta al presidente Petro si sabe que el poco o nada puede hacer respecto a lo que se está quejando.
“De fondo hay una intención de presionar y de sembrar desconfianza sobre la Jurisdicción porque no les conviene que sea una institución tan bien acreditada ante la prensa y la opinión pública. Lo que dice Vidal es cierto, un compareciente no tiene porque calificar o sugerir cómo debe funcionar la JEP, para eso están las instancias internas donde se define cada caso”, dijo una alta fuente de la JEP en diálogo con este diario.
Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz fue enfática con que se mantendrá en su modo de trabajo y con que los comparecientes están obligados a cumplir las normas de la JEP si pretenden seguir gozando de los bondadosos beneficios que ofrecen.
Quienes “incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”, aseveró la JEP.
Mientras tanto, Londoño fue claro en pedir “un espacio” con el presidente para hablar de todos estos supuestos incumplimientos que estarían llevando los exFarc a las armas. ¿Sucederá?, eso aún está por verse y es un escenario difícil teniendo en cuenta la desordenada agenda del presidente y los pocos espacios que ha sacado para hablar del cumplimiento del Acuerdo de Paz.
