La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) dejará de perseguir penalmente a 36 militares y exmilitares que estaban vinculados con las investigaciones de los falsos positivos. La medida implica que los cobijados no son máximos responsables en ese crimen de Estado.
La decisión cobijó a 10 soldados profesionales activos, 21 uniformados retirados, además de dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente.
“Los comparecientes aportaron verdad plena, exhaustiva y detallada, además contribuyeron a garantizar los derechos de las víctimas a la restauración y la no repetición”, se lee en la resolución de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Los comparecientes de la fuerza pública enfrentaban procesos penales y disciplinarios por hechos que ocurrieron entre 2006 y 2008. Se les señalaba de cometer homicidios en persona protegida, homicidios agravados y desapariciones forzadas.
Ellos reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de seis hechos en los que fueron asesinados ocho civiles –algunas de las víctimas fueron desaparecidas– en los municipios de San Calixto, Hacaría, Ocaña y Bucarasica en Norte de Santander.
Con los aportes a la verdad, la JEP decidió renunciar su persecución penal contra los implicados. El mecanismo implica que no habrá sanción penal y que se eliminarán los antecedentes penales.
“Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad”, explicó la JEP.
El beneficio viene acompañado de algunos compromisos. Todos deberán atender los llamados de la JEP a versiones voluntarias o a participar en acciones restaurativas. Los militares activos quedaron obligados a no seguir vinculados con labores de seguridad.
En caso de incumplir con alguno de la condiciones, el beneficio podría ser revocado y sus expedientes terminarían siendo trasladados hasta la justicia ordinaria.
