La captura de uno de los negociadores de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, justo después de terminar el tercer ciclo de conversaciones con el Gobierno en un hotel de Bogotá, desató una serie de discusiones sobre qué interés debe prevalecer en estas situaciones: el político o el jurídico.
Se trata de Geovany Andrés Rojas, alias “la Araña”, cabecilla de la organización criminal Comandos de Frontera, quien al igual que otros comandantes rompió relaciones con la Segunda Marquetalia para seguir en la mesa de paz con la Casa de Nariño.
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El CTI de la Fiscalía lo capturó en la noche del miércoles, en el hotel Courtyard Marriot de Bogotá, desatando un cruce de posturas entre los agentes y Otty Patiño, el consejero comisionado de Paz del Gobierno. “Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes, están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando”, les dijo a los uniformados que llegaron a detener a “la Araña”.
En respuesta, el ente acusador publicó un trino en la red social X, tratando de explicar la detención. “En atención a una notificación roja de Interpol, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, equipo de apoyo transnacional SIU, retuvieron en Bogotá a Geovany Andrés Rojas, quien es requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos”, señaló la Fiscalía.
Y añadió: “Es importante precisar que, a través de la Resolución 0-0139 del 12 de abril de 2024, fueron suspendidas temporalmente las órdenes de captura relacionadas con el señor Geovany Andrés Rojas. Sin embargo, en cumplimiento de compromisos internacionales, dicha suspensión no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó”.
“Araña” ¿Negociando y traficando?
El pedido de extradición de la corte californiana detalla que entre enero de 2017 y febrero de 2025, la organización comandada por “la Araña” habría coordinado el despacho de cargamentos de cocaína en la ruta que pasa por México y tiene destino en EE.UU.; de igual manera, le cobraba una especie de impuesto a otros narcos que mueven la droga por su territorio, en Putumayo y Caquetá.
Uno de esos cargamentos enviados por la gente de “la Araña”, de 1.500 kilos de cocaína, fue incautado por la Armada de México en marzo de 2024.
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Teniendo que cuenta que Rojas fue reconocido por el Gobierno como negociador de paz en febrero de 2024 (Resolución N°065 de 2024), la acusación de la corte californiana implica que siguió traficando droga mientras se sentaba a la mesa de diálogos sociojurídicos con la delegación oficial.
Detención de Geovany Andrés Rojas, alias “la Araña”: Implicaciones jurídicas
Consultado por este diario, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, estimó: “Viene la gran pregunta: ¿qué prima, si el proceso de paz y la suspensión de la orden de captura, o si hay que darle curso al reclamo internacional? Colombia tiene que honrar los acuerdos internacionales que tiene, porque si no, mañana se puede ver torpedeada, a que se impida la comparecencia de personas que Colombia solicita. Son compromisos internacionales que hay que acatar y darles primacía sobre esas suspensiones internas para los procesos de paz colombianos”.
Fue por esta razón que, en la pasada administración de Francisco Barbosa, la Fiscalía se negó a suspender las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno para los negociadores del Clan del Golfo, los cuales estaban pedidos en extradición por EE.UU.
Pero en la historia de las negociaciones de paz también se ha presentado el caso contrario, cuando, a pesar de ser extraditables, el Gobierno suspendió su entrega a la justicia extranjera, como pasó con los comandantes de las AUC (2003-06) y los de las FARC (2012-16).
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Una fuente de la Fiscalía cercana a estos procesos, que habló con reserva de identidad, le contó a EL COLOMBIANO que “Rojas siguió narcotraficando con la orden de captura suspendida, sentado en la mesa de paz, y en Estados Unidos se dieron cuenta. Es muy complejo que una persona con el beneficio de la suspensión de la captura siga delinquiendo, porque eso no es una licencia para seguir matando y con temas de narcotráfico. El grupo que lo capturó es un comando especial del CTI, la operación tuvo que ser avalada por la fiscal General, y yo no creo que ella se haya atrevido a hacer eso sin el aval del presidente Gustavo Petro”.
Es probable que el Jefe de Estado no firme la extradición de la “Araña”, y que este pueda seguir participando en el proceso desde la prisión, como lo hacen los delegados de las bandas del Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí.
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Michel Pineda, presidente de la Corporación Compromiso Colombia y asesor jurídico en varios procesos de paz, reconoció que la mencionada captura no fue ilegal, pero que le hace un flaco favor a los procesos de la “paz total”.
“¿Dónde está escrito que los extraditables no puedan negociar la paz? Esto ya se ha hecho antes y no fue un obstáculo para la negociación. Lo que queda demostrado es la desarticulación entre la Fiscalía y el Gobierno frente a los efectos de una captura en la mesa de paz”.
Agregó que “justamente lo que busca una negociación son las mejores condiciones jurídicas para llegar a la paz, ¿entonces qué se pretende con esto, acaso tapar la verdad?”.
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