El caso que tiene enfrentados al presidente Gustavo Petro y a la procuradora general Margarita Cabello será decisivo para el futuro de esa entidad durante este Gobierno. De quien gane el pulso dependerá si las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios elegidos por voto popular se siguen aplicando como la autoridad que es, o se empiezan a tomar como un “saludo a la bandera” con base en sentencias internacionales.
Para los expertos que conocen las funciones de la Procuraduría y la normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que defiende Petro, la pelea no se ha salido de lo “emocional” y de una “obsesión personal” que tiene el jefe de Estado contra esa entidad por haberlo destituido mientras él era alcalde de Bogotá.
En la práctica, Petro no tiene muchos elementos para defender su postura porque la misma legislación colombiana se ha encargado de definir cómo deben actuar la rama judicial y la ejecutiva frente a los fallos del Ministerio Público.
Aún así, los movimientos que hagan el presidente y el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, –quien fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría y generó toda esta discusión– podrían tomarse como precedentes para otros casos de este tipo o incluso para decisiones que incluyan al mismo Petro o a sus alfiles políticos.
De hecho, Cabello lo insinuó así este viernes en varias entrevistas. Según ella, bajo esa misma lógica de que las decisiones de ese tipo deben ser tomadas por un juez penal, el presidente podría no cumplir otras órdenes que lo sancionarían a él o a sus alfiles políticos.
“Entonces si la Comisión de Acusación investiga al presidente, que no es un juez penal, o si el Consejo de Estado declara pérdida de investidura contra los congresistas, que tampoco son jueces penales, ¿no va a obedecer, no las va a acatar? Eso es lo delicado del mensaje del presidente cuando solo dice que acata la CIDH”, aseveró Cabello.
“Petro está equivocado”
Ahora bien, como este precedente es clave, los ojos del país están puestos sobre qué decisión tomará el alcalde de Riohacha.
En resumen, la Procuraduría inhabilitó a José Bermúdez por presuntas irregularidades en la contratación del diseño y construcción de la red de acueducto y alcantarillado de ese municipio de La Guajira.
La sanción fue de tipo provisional y aplicaba con una suspensión inicial de tres meses que se cumplió el pasado 26 de julio. Una vez se venció el plazo, el Ministerio Público extendió la sanción por tres meses más mientras continuaba la investigación. Fue ahí cuando le envió el expediente al jefe de Estado y le solicitó que, como es su deber constitucional, nombrara un alcalde encargado que supliera su papel durante el tiempo de suspensión.
Le puede interesar: OEA respaldó a Petro y pidió a la procuradora Cabello que “se abstenga de interrumpir” mandato de congresistas
Justo ahí fue que se generó el choque de trenes y que el presidente se negó a cumplir con esa parte porque, según él, la decisión violaba una convención de la CIDH que los países están obligados a cumplir y que, en términos sencillos, ordena que la destitución de funcionarios de elección popular solo pueda ejecutarse por jueces penales, y no por autoridades como la Procuraduría o el Congreso de la República, por ejemplo.
Sin embargo –y ojo que este punto es clave– la Corte Constitucional de Colombia ya se había pronunciado sobre este punto y dijo que la Procuraduría sí puede destituir funcionarios electos por voto popular, pero que los fallos de ese tipo deberán ser evaluados por el Consejo de Estado antes de que se ejecute la medida.
Con eso saldado, el exprocurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, aseguró en diálogo con EL COLOMBIANO que el jefe de Estado está tomando una posición injustificada que “pone al Estado de Derecho en una situación muy compleja” y que además no le compete a él como presidente.
En ese mismo sentido, el también exprocurador Alfonso Gómez, quien también fue fiscal general de la Nación y ministro de Justicia, aseguró que la pelea ha sido muy “emocional” y que si el presidente quisiera modificar esa forma de sancionar de la Procuraduría tendría que hacerlo a través del Congreso y no tomando postura como con este caso de Riohacha.
De hecho, la procuradora fue más allá y aseguró que “si el presidente quisiera modificar la Procuraduría, tendría que hacerlo con una constituyente”, pues esas funciones sancionatorias que Petro tanto critica salieron de la Constitución de 1991 que, curiosamente, él mismo alaba y defiende.
¿Qué pasará con el alcalde?
Así las cosas, el alcalde Bermúdez quedó entre una decisión administrativa que lo sanciona y un presidente que le dice que no acate ese fallo porque hay normas internacionales que dicen que Colombia no debería actuar así.
En medio de esa encrucijada, la procuradora Cabello ha sido clara con que su sanción está en firme y que no acatarla podría acarrear “responsabilidad penal y disciplinaria”, una clara advertencia de que hacerle caso a Petro podría, incluso, llevarlo a la cárcel.
Aún con todas esas advertencias encima y un llamado directo de Cabello a que “no se equivoque”, Bermúdez publicó un video en su cuenta de Twitter en el que anunció que se reintegraría a su cargo a partir de este jueves 27 de julio.
Con ese gesto, Petro ganó un pulso político porque demostró que tiene la capacidad de persuadir a funcionarios de no cumplir con las decisiones de la Procuraduría, un gesto que, sin duda, podría generar actitudes similares entre otros alcaldes que queden en la misma posición.
Si las cosas se tornan así y los sancionados optan por no acatar el fallo de la Procuraduría, Cabello ya tiene lista su decisión: compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación penal por desacato.
Así lo hará con Bermúdez y con cualquiera que se atreva a desautorizar a la Procuraduría aún cuando la Corte ya corroboró ese poder de sancionar y destituir a funcionarios.
Aún así, la Procuraduría quedaría sin más “dientes” para “castigar” y sacar de sus cargos a los servidores públicos que, por norma, debe investigar.
“Petro está promoviendo la impunidad y obstaculizando la lucha contra la corrupción (...) dejar sin herramientas a la entidad que sanciona va contra la Constitución y contra la ley”, aseveró Cabello.
Por ahora, el país está atento a que la Corte Constitucional publique completa la sentencia que le dio vía libre a la Procuraduría para destituir funcionarios con la condición de que el Consejo de Estado revise cada fallo.
Una vez se conozca ese documento, lo más probable es que Petro pierda más elementos para defenderse y termine por ceder ante la decisión de la Corte: la máxima autoridad judicial del país.
Además: Petro no atenderá suspensión de alcalde de Riohacha ordenada por la Procuraduría
Mientras eso pasa, Petro sigue casando peleas con los entes que deben investigar: la Fiscalía, las Cortes y la Procuraduría.
Pero con esa última se ha ensañado aún más por los antecedentes personales. No hay que olvidar, por ejemplo, que Petro prometió acabar con ese Ministerio Público antes de posesionarse como presidente y que ha intentado modificar sus principales pilares en el Congreso a como dé lugar.
“Esta es la primera vez que yo veo un desacato tan de frente de la autoridad. No hay un precedente cercano de otro presidente que haya hecho algo similar”, concluyó el exprocurador Arrieta.
“Petro debe respetar la decisión de la Corte”: entrevista con la procuradora Margarita Cabello
EL COLOMBIANO entrevistó a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, sobre este tema a escasos días de que la Corte Constitucional emitiera la sentencia en la que le dio vía libre a la Procuraduría para destituir a funcionarios electos por voto popular. Dicha entrevista se publicó en la edición del pasado 11 de junio, pero se retoma para este tema porque tiene plena vigencia sobre el caso que tiene al presidente Gustavo Petro enfrentado con la rama judicial.
¿La decisión de la Corte Constitucional está por encima de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
“La sentencia de la CIDH desestructura nuestra forma constitucional. Nosotros tenemos otras entidades, distintas a un juez penal, que pueden sancionar y destituir a un funcionario de elección popular. Por ejemplo, el Consejo de Estado con la pérdida de investidura y el Congreso de la República con el presidente. Y viene la CIDH, introduciéndose un poco más de lo debido, a decir que solo se puede destituir por un juez penal. Si ya la Corte Constitucional determinó cómo se debe interpretar esa sentencia de la CIDH en Colombia, nuestro presidente debe respetar las decisiones de la rama judicial”.
En contexto: “En todos los gobiernos se han sancionado partidos y ninguno ha dicho que hay un golpe de Estado”: procuradora Cabello
Usted dice que la CIDH se metió más allá de lo que debía, ¿cree qué hay un interés político o ideológico en la CIDH
“Como Procuradora no puedo emitir un concepto de qué hay de trasfondo. La historia se encargará de contarlo. Sobre todo una sentencia de la CIDH que le impone al país unas obligaciones cuando ya nuestras instituciones habían levantado la sanción de destitución del alcalde de ese momento y hoy presidente de la República. Todo estaba solucionado con las normas colombianas”.
La CIDH prácticamente dice que los elegidos por voto popular pueden hacer todo lo que quieran menos delinquir... es como darles carta blanca...
“Exactamente. Nuestra función tiene que ver con la ética, no ineficiencia, no corrupción”.
