Los historiadores suelen repetir en sus cátedras que el problema de la tierra es también el de la violencia en Colombia. Y al Gobierno del presidente Gustavo Petro le estalló esta semana una papa caliente que los mandatarios desde 1936 han tratado de controlar.
En la mañana del 8 de julio un grupo de 250 campesinos –que viajaron desde regiones como Tolima, Cauca, Atlántico y Antioquia– se tomaron la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá. Instalaron carpas e hicieron sancochos al interior de la entidad.
Los manifestantes, que se replicaron en varios puntos del país, arengaron por su descontento con los avances ínfimos de la reforma agraria.
Hasta 2018, indicó un análisis de Oxfam, en Colombia el 1 % de las fincas tenían acaparado el 81 % de la tierra productiva. Además, el 99 % de los campesinos se repartía el 19 % de los terrones sobrantes
Por eso, el Acuerdo de Paz de 2016 estableció en su primer punto la necesidad de una reforma agraria. Para que los campesinos tuvieran garantía de acceso a un tajo de tierra para cultivar y, así, abrirle la puerta al desarrollo rural.
Cuando el presidente Gustavo Petro asumió el poder, tomó las banderas de la reforma agraria como propias y las incluyó en su Plan de Desarrollo. Han pasado 707 días del mandato y los avances son pocos.
“Hay un nivel de compras muy bajo y cuando esto ocurre hay muy poca adjudicación. Hay un retraso enorme en la formalización de los predios que es un Acuerdo que se firmó en la Habana y que el Gobierno del presidente Gustavo Petro recogió y lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo” señaló Carlos Jerez, vocero de la Agenda Nacional Campesina en diálogo con EL COLOMBIANO.
El Gobierno se comprometió a comprar un millón de hectáreas durante su mandato y hasta ahora las cifras indican que este proceso apenas alcanza las 104.000 hectáreas compradas. Aun cuando solo en el departamento de Córdoba hay 160.922 solicitudes de campesinos que piden adjudicación de tierras (ver gráfico).
“El hecho de que solo se compraran 100.000 hectáreas indica que hay una subejecución importante. Solo la ANT tiene para este año un presupuesto billonario. Esta demora dificulta aún más que el terreno quede adjudicado con escrituras a los campesinos”, añadió Jerez.
¿Por qué están en rojo los indicadores de compra de tierra?
El presidente Petro ha insistido en que la reforma agraria es uno de los pilares de su Gobierno y evidencia de ello es que le otorgó un presupuesto de 4,8 billones de pesos a la ANT. Pero la entidad ha sido lenta en ejecutar (ver infografía).
Carlos Duarte, profesor del Instituto de Estudios Interculturales y del Observatorio de Tierras de la Universidad Javeriana de Cali, atribuye la lentitud –pese al enorme presupuesto– a dos razones.
“Las metodologías de avalúo comercial masivo se demoraron en ser ajustadas y, definitivamente, habrá que seguir depurando mecanismos que permitan prevenir fenómenos inflacionarios sobre los precios de la tierra cuando se crea la expectativa de compra estatal”, explicó el profesor Duarte.
En octubre del año pasado el Gobierno llegó a un acuerdo con Fedegan para comprar hasta tres millones de hectáreas que se destinarían en últimas a los campesinos sin tierra. Ese proceso también va a paso lento.
Para el profesor Duarte, en zonas como el Caribe colombiano ese acuerdo es un tanto errado. Según él, allí los terrenos están altamente equipados con infraestructura ganadera y, por tanto, sus costos están tan elevados que hacen que sea inviable la compra.
“Y de otra parte, porque el campesinado como fuerza de movilización y demanda de la tierra, no está en estas regiones, al haber sido aniquilado o desplazado por el conflicto armado de las últimas décadas en dirección de las zonas de colonización y frontera agropecuaria”, añadió Duarte.
Estas situaciones se suman a los aparentes aires de corrupción que han sacudido a la entidad en estos dos años.
Gerardo Vega, exdirector de la ANT, salió del cargo en febrero pasado después de que se conoció una denuncia en la que ofreció un precio exagerado por una finca del Cesar que tenía el 32 % de su tierra infértil.
Ocurrió en la finca La Grosería de Chimichagua (Cesar). Los funcionarios de la ANT se basaron en ofertas similares –que se hacían en páginas de comercio electrónico– para determinar el precio de la finca. Asumieron que el predio estaba avaluado entre los 1.000 y los 4.800 millones de pesos. Sin embargo, terminaron cerrando la compra en 5.000 millones de pesos. Por estos hechos la Procuraduría abrió investigación y la ANT frenó el desembolso al dueño de “La Grosería”.
El 17 de junio la Procuraduría entregó un informe de 100 páginas en el que hizo una serie de advertencias a la reforma agraria y al avance en la compra de tierras por parte de la ANT.
En uno de los puntos, la Procuraduría encontró que en la ANT estarían en riesgo cerca de 136.911 millones de pesos por presuntas irregularidades administrativas en la compra de al menos 288 predios.
“A fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911’777.315 pesos”, se lee en el informe.
La Procuraduría también advirtió que en varios procesos habría irregularidades porque hay insuficiencia de reglas técnicas y operativas, deficiencias en los estudios de títulos, líos en los contratos de promesa de compraventa, deficiencias de los conceptos técnicos, predios sin acta de entrega material, avalúos sin conceptos técnicos e inconsistencias en la gestión de recursos para la compra de tierras.
Felipe Harman, actual director de la ANT, aseguró que la entidad tiene frenados los desembolsos de todos los procesos que estarían siendo objeto de irregularidades y que esos recursos alcanzan los 90.000 millones de pesos.
“Decidimos adoptar un manual único de compra que asegura una visita agronómica al predio porque, por métodos indirectos, no podemos valorar la capacidad agronómica de un predio y ante los casos que aduce la Procuraduría nosotros limitamos los pagos por esos predios”, señaló Harman.
En todo caso, al Gobierno le quedan dos años y 24 días para ponerse al día con su promesa y comprar cerca de las 900.000 hectáreas que le faltan.
El plan B del presidente
Durante la visita del presidente al Consejo de Seguridad de la ONU aseguró que le propondrá al Congreso y a las Altas Cortes que se implemente el mecanismo del fast track para darle rapidez a algunas de sus reformas. Una de ellas busca que se ejecute la “compra exprés de tierras”.
Desde el Gobierno aseguraron que esta iniciativa busca agilizar procesos administrativos y judiciales para la compra y entrega de los predios prometidos a los campesinos. Añadieron que con ello se solucionarían los problemas urbanísticos, de convivencia y de producción que tiene el país.
La compra exprés de tierras, sin embargo, genera dudas. Cecilia López, primera ministra de Agricultura de Petro, advirtió que el mecanismo revive el fantasma de la expropiación.
“Es solo un nuevo nombre para el mismo y ya famoso articulito de expropiación exprés. Para quitarle la palabra expropiación que supuestamente molesta cuando lo que sí aterra es la palabra exprés”, señaló la exministra López.
60%
de los campesinos no tienen títulos que los certifique como dueños de la tierra
