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Estos serán los ponentes de la reforma a la salud 2.0 del Gobierno de Gustavo Petro

En el grupo de nueve representantes aparecen al menos cuatro escuderos irrestrictos del Gobierno Nacional.

  • La iniciativa fue radicada en la Comisión Séptima de la Cámara, lo que implica que será una ley ordinaria y no estatutaria. FOTO: COLPRENSA
    La iniciativa fue radicada en la Comisión Séptima de la Cámara, lo que implica que será una ley ordinaria y no estatutaria. FOTO: COLPRENSA
25 de septiembre de 2024
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Este miércoles la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde comenzará el trámite de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, anunció quiénes serán los ponentes del proyecto. La ponencia es el texto en el que se plantean los pro y contras del proyecto, y a partir de allí arranca el debate.

Se trata de nueve representantes, entre coordinadores y ponentes. En primer lugar, como coordinadores de la iniciativa aparecen dos petristas de antaño: la representante antioqueña María Eugenia Lopera (Partido Liberal) y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico). Figuran además el representante Camilo Esteban Ávila (La U) y Jorge Alexander Quevedo (Partido Conservador).

“Esta reforma lo que busca, básicamente, es garantizar la administración pública de los dineros públicos que sirvan para garantizar el derecho a la salud y no el negocio de unos particulares”, destacó el representante Mondragón, quien se comprometió a buscar consensos al interior de la célula legislativa.

Por otro lado, como ponentes aparecen, desde la oposición, los representantes Andrés Forero (Centro Democrático) y Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), así como Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), Karen Juliana López (curul de paz) y Germán José Gómez (Comunes).

El pasado 13 de septiembre, en medio del hermetismo y sin previo aviso, el Gobierno de Gustavo Petro radicó, por segunda ocasión, el proyecto de reforma a la salud.

La iniciativa, que finalmente fue radicada en la Comisión Séptima de la Cámara (lo que implica que será una ley ordinaria y no estatutaria), fue presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en compañía del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

El proyecto, que abarca 48 artículos, fue formalizado en un documento de 207 páginas. Según el Ejecutivo, la iniciativa hace énfasis en que los ciudadanos “accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad”.

En su objeto, se precisa que la iniciativa busca transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en un Sistema de Salud basado “en el aseguramiento social en salud para garantizar el derecho fundamental a la salud”. Lo anterior, en el marco de la atención primaria y rectoría del sistema con enfoque diferencial y territorial.

En esa línea, se define el aseguramiento social en salud “como la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria para la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población”. Además, se precisa que el modelo de salud será preventivo, predictivo y resolutivo como la política en salud del Estado para la población.

En el articulado se crea el Consejo Nacional de Salud como instancia de dirección del sistema de salud, adscrito al Ministerio de Salud. Entre otras, tendrá la tarea de recomendar a los distintos sectores y entidades del Gobierno la definición e implementación de políticas, estrategias, planes y programas relacionados con las necesidades de intervención de los determinantes sociales de la salud para la gestión.

Adicionalmente, se crea el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS) para garantizar acceso transparente, en línea y en tiempo real de las transacciones en salud y administrativas por parte de cada actor del sistema de salud, según sean sus responsabilidades operativas o estratégicas.

Además de crear el Fondo Único Público de Salud, el proyecto establece la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran operando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se establece que seguirán funcionando hasta por dos años y se convertirán en Gestoras de Salud y Vida, “entidades de naturaleza privada, pública o mixta, con o sin ánimo de lucro”.

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