El tsunami político y judicial que desataron las declaraciones de Nicolás Petro Burgos alrededor de la presunta financiación irregular de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, acentuaron el escrutinio y la revisión minuciosa de las cuentas del entonces candidato, aún pasado más de 1 año de los comicios. Apenas este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la práctica de pruebas en el marco de la investigación que adelanta por las aparentes violaciones a los topes de gastos, y en este entraría la revisión a los registros por los vuelos en campaña.
Oficialmente –según los registros del portal Cuentas Claras–, en primera vuelta el Pacto Histórico reportó gastos por $28.384 millones, es decir, $152 millones por debajo del monto máximo permitido, fijado por el CNE en $28.536 millones. Por otro lado, para segunda vuelta, los gastos ascendieron a $13.199 millones, ubicándose $148 millones por debajo del límite estipulado para esa fase electoral ($13.347 millones).
Esas diferencias y márgenes –que no dejan de ser estrechos tratándose de una campaña electoral–, hacen que cualquier monto que no haya sido reportado, por mínimo que parezca, pueda convertirse en un dolor de cabeza que, según la norma, podría escalar hasta la pérdida del cargo del presidente Petro por indignidad política. De allí la lupa puesta sobre las cuentas.
Uno de los frentes de pesquisa que adelanta la entidad está en el reporte de gastos por los vuelos y desplazamientos aéreos que hizo el entonces candidato. En primera vuelta, por ese rubro, se reportaron gastos por $4.155 millones, mientras que en segunda fueron $1.330 millones.
Sin embargo, esas cuentas están bajo vigilancia estricta desde junio pasado, cuando el ahora exembajador Armando Benedetti –el mismo que ventiló el presunto ingreso bajo cuerda de $15.000 millones a la campaña en la Costa–, admitió que sus constantes vuelos para desplazarse fuera de Venezuela (y con los que incluso habría movilizado a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia), eran prestados por la misma empresa que transportaba al hoy presidente en campaña.
Según explicó Benedetti, los encargados de sus desplazamientos “eran amigos de la campaña y yo les pido a veces el favor que me lleven y me traigan, y le toca a uno pagar güevonadas ahí de mantenimiento”. Lo que trata de establecer ahora la autoridad electoral es si ese modus operandi –la realización de vuelos a cambio no de un pago formal, sino de otras contraprestaciones–, también se hizo en la campaña y fue reportado, bien sea como donación o gasto.
“Toda actividad de apoyo debe registrarse con un ingreso. Debe verificarse si, en efecto, esos vuelos se efectuaron y si aparecen registrados por alguna parte”, advirtió en diálogo con este diario el exmagistrado del CNE Armando Novoa.
De hecho, en medio de la práctica de pruebas que ordenó el CNE, uno de los requerimientos es que la DIAN proporcione información de la facturación electrónica de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), sumado a una solicitud a la Aerocivil sobre los permisos de vuelo otorgados, precisando horas de vuelo y bitácoras de viaje.
La lupa sobre esa empresa no es gratuita. En primera vuelta, de los $4.155 millones que la campaña gastó en vuelos, más de la mitad ($2.770 millones), se le pagaron a Sadi. En segunda vuelta, de los $1.330 millones gastados, $799 millones (el 60 %), fueron para esa empresa. Ello indica que, de los $5.485 millones que gastó el Pacto en la contienda por concepto de transporte aéreo, $3.569 millones fueron para Sadi. Dicho en otras palabras, de cada $10.000 destinados para vuelos, al menos $6.500 se le pagaron a esa empresa de vuelos.
Por otro lado, al revisar el reporte del servicio de transporte y correo no deja de llamar la atención que hay 3 renglones con el rubro transporte aéreo a nombre de Rumbos LTDA, pero por valor de $0. ¿Fue una donación? De ser así, no fue reportada tampoco en ese renglón de las cuentas.
Las otras dudas
Otro de los frentes de pesquisa que adelanta el CNE está puesto en el supuesto pago a testigos electorales que no habría sido reportado. Justo esta semana, el portal La Silla Vacía alertó por vacíos en las respuestas que el gerente de la campaña Petro, el hoy presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, rindió sobre los reportes.
Si bien Roa defendió que se “hizo el pago de unos coordinadores de testigos electorales”, el medio encontró que en el rubro de “gastos de administración” solo hay dos pagos por $3,8 millones con destino a testigos electorales. Se trata de un monto minúsculo si se considera que para la campaña, el petrismo echó mano de más de 83.000 personas como testigos electorales.
“Esa operación, que fue pagada en primera vuelta de acuerdo con testimonios recogidos en ocho regiones del país, no quedó registrada en las cuentas de la campaña”, reveló el portal, que también alertó por vacíos en cuanto a los pagos de los estrategas internacionales de la campaña, los cuales –en contravía de lo dicho por el gerente de la campaña–, no fueron pagados por las empresas de branding, ni las de logística electoral.
Todas estas puntas están bajo la mirada tanto del CNE como de la Fiscalía que, tras el ventilador que prendió Nicolás Petro, trata de establecer las posibles irregularidades que habrían empantanado la campaña del presidente que se erigió con las banderas del cambio.
Las respuestas del gerente de campaña
En una entrevista con Blu Radio, el gerente de la campaña Petro, Ricardo Roa, rompió su silencio frente a las acusaciones por presunto ingreso irregular de recursos y defendió que toda la plata fue centralizada. “Hicimos el propósito de evitar el ingreso de recursos, y menos de naturaleza desconocida. Desde el comienzo implementé una serie de controles dirigidos prácticamente a evitar al máximo donaciones, aportes en especie o en dinero”, explicó Roa. Según el hoy presidente de Ecopetrol, que negó relación alguna con el megacontratista Euclides Torres, Nicolás Petro Burgos no fue vinculado oficialmente dentro de la campaña, “ni política ni logística ni económicamente”.
