Los balances anuales son, como cualquier mirada al pasado, una selección que se ajusta a las preferencias ideológicas. Pero hay aspectos que no están sujetos a interpretación, como el paso del tiempo. Luego de casi 17 meses de este gobierno, incluso los sectores más antagónicos pueden coincidir en que el mandato de Iván Duque ya no está en una etapa preliminar.
El presidente afrontó su segundo cierre de año en un ambiente que, por momentos, pareció devolverlo al pasado. Las últimas semanas fueron ocupadas por discusiones muy similares a las del final de 2018: la aprobación de urgencia de una reforma tributaria; la búsqueda de soluciones para las movilizaciones ciudadanas (en 2018 eran solo estudiantiles y al cierre del año pasado sumaron más sectores en un paro nacional); y el trámite de la agenda anticorrupción.
En cada uno de estos frentes, el Ejecutivo presentó distintos grados de avance o parálisis: aprobó con algunas dificultades la nueva tributaria (presentada luego de que la Corte Constitucional tumbara la anterior por vicios de trámite); también sacó adelante tres proyectos anticorrupción en seguidilla (los pliegos tipo para contratar con el Estado, la obligatoriedad de la declaración de renta para servidores públicos y la eliminación de casa por cárcel para corruptos); pero quedó en un punto muerto en las conversaciones con los sectores de las protestas, que se enfriaron en parte por la época de fin de año.
Además, dejó para este año las grandes reformas que anunció desde su discurso de posesión: laboral, pensional y a la justicia. Estas, incluso sin ser presentadas (o replanteadas, pues la política y la de justicia ya se hundieron en varios intentos), hicieron parte de los motivos del Paro, lo que les augura un difícil trámite.
Con una tercera parte del mandato transcurrido, lo que está en juego a esta altura para Duque ya no son balances coyunturales, sino su propio legado: la apuesta por la que, más allá de si falla o tiene éxito, será recordado.
Una apuesta técnica
Duque se la jugó desde su llegada por un cambio en las relaciones de poder: su apuesta fue por una especie de política sin políticos. Creó un gabinete con mayoría de expertos en temas técnicos, en lugar de repartir las carteras entre posibles partidos aliados.
Esa estrategia, para Néstor Julián Restrepo, coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, “era muy interesante, pero no está funcionando, quizá porque muchos de ellos son demasiado nuevos para cargos de tanta responsabilidad”.
Laura Wills, directora del Departamento de Ciencia Política de la U. de los Andes, considera que aunque “el equipo de ministros es competente y técnico”, el mandatario subestimó “la importancia que tiene el diálogo con interlocutores políticos en las democracias representativas”.
Sin tantas deudas burocráticas, pero también sin aliados en momentos clave, Duque se enfrentó desde 2018 con el trámite de la reforma a la justicia, hundida en el Congreso, y cuya encargada, la entonces ministra Gloria María Borrero, terminó convirtiéndose en la primera baja del gabinete con su renuncia en mayo del año pasado.
La falta de relación con los partidos también se hizo evidente en el caso de las objeciones a la JEP. En marzo del año pasado, Duque objetó 6 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la norma que regularía el funcionamiento de esta justicia transicional.
Pero la falta de mayorías volvió a jugarle en contra a la hora de ratificar su decisión en el Congreso. Los reparos del presidente se hundieron en la Cámara por 110 votos contra 44, y en el Senado hubo una votación cerrada de 47 en contra (incluidos votos de Cambio Radical y el Partido de la U) y 34 a favor, que la Corte Constitucional terminó resolviendo como una derrota de las objeciones.
Ese golpe político planteó un escenario distinto de cara al segundo semestre, en el que el Gobierno se guardó las principales reformas en busca de establecer mayorías. La gobernabilidad, sin embargo, sufrió por otros flancos.
¿Cambio de estrategia?
Para Wills, los últimos seis meses del año el Gobierno estuvo más enfocado en defenderse a sí mismo y a su gabinete que en avanzar en su agenda.
Antes del Paro Nacional que inició el 21 de noviembre, el Ejecutivo ya había debido sortear los constantes llamados de control político a sus ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla; Trabajo, Alicia Arango; y de Defensa, Guillermo Botero. Este último, incluso, estuvo al borde de convertirse en el primer jefe de cartera al que se le aplicaba una moción de censura, lo que lo llevó a renunciar antes.
Para los expertos y los congresistas consultados por EL COLOMBIANO, el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no está fluyendo.
“No la vemos en la Comisión Primera, que es su responsabilidad. Está absolutamente desdibujada”, dijo a este diario un Representante a la Cámara de un partido declarado en independencia.
En el Senado, el panorama no es distinto. Un senador que pidió reservar su nombre aseguró que “pareciera que a la ministra no le hubieran dado prerrogativas para desempeñar su tarea. Cada ministro parece tener su agenda y hay mucha descoordinación”.
Desde el Centro Democrático, sin embargo, el representante Edward Rodríguez considera que “con la llegada del viceministro Daniel Palacios, se ha generado una atmósfera diferente en la relación con los partidos”. Además, agrega que “vendrán cambios ministeriales. Le he dicho al presidente que hagamos un acuerdo regional interpartidista que incluya a alcaldes y gobernadores salientes como Alejandro Char, Dilian Francisca Toro y Federico Gutiérrez”.
El propio presidente parece haber cambiado el discurso frente al vínculo con los partidos en el Ejecutivo, pues en una declaración reciente a la emisora RCN Radio el pasado 2 de enero afirmó que “la U y el Partido Liberal tienen representación en el Gobierno”.
La disputa por el legado
Pero más allá de los cambios ministeriales, para Néstor Julián Restrepo la recuperación de la gobernabilidad pasa, primero, por “volver a asumir la agenda, pues este gobierno se la ha entregado al Congreso”.
En esta visión coincide el profesor de ciencia política de la U. de Antioquia, Jaime Zuluaga, quien afirma que el Gobierno debe definir una voz, su voz, independientemente de si sufre derrotas.
Zuluaga recurre al pasado para argumentar su punto: a los 17 meses de mandato, en enero de 2004, Álvaro Uribe aún afrontaba las consecuencias de una de las mayores derrotas de su gobierno, el referendo que promovió en octubre de 2003, que no obtuvo los votos necesarios para ser aprobado.
Sin embargo, pese a este revés, en ese punto el programa del entonces presidente, la Seguridad Democrática, era claro para la mayoría de la población, y había avanzado con la aprobación de leyes como el Estatuto Antiterrorista.
Saltando una década, en enero de 2013, era Juan Manuel Santos quien llegaba a 17 meses de mandato. Para entonces, el exmandatario ya había pronunciado una de las frases más icónicas de su primer periodo: “Solo por la aprobación de la Ley de Víctimas, ya valió la pena que yo fuera presidente”.
Para 2020, la gran urgencia de Iván Duque –de acuerdo con los expertos– no es aprobar reformas, sino encontrar una bandera. Hallar, antes de que se cumpla la mitad de su gobierno el próximo 7 de agosto, una causa que invite a frases memorables.
