Este martes se conoció otra decisión adversa contra los intereses del actual diputado del Atlántico Nicolás Petro, que coincide con las investigaciones que adelantan tanto la Fiscalía como la Procuraduría por supuestamente recibir y apropiarse de $1.000 millones de un exnarco y un cuestionado empresario para la campaña a la Presidencia de su padre, Gustavo Petro.
En una decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y conocida por EL COLOMBIANO, esa autoridad ratificó este martes la sanción que en diciembre pasado le impuso al diputado por irregularidades en el manejo de sus cuentas de campaña a la Gobernación del Atlántico en 2019. Por ello, al negarle un recurso de reposición, confirmó que deberá pagar una multa de casi $15 millones.
El caso se remonta al pasado 15 de diciembre, cuando la corporación electoral decidió sancionar a Petro Burgos y a su exgerente de campaña, Máximo José Noriega –quien hoy aspira a la Gobernación del Atlántico–, por manejar los recursos de esa campaña a través de varias cuentas bancarias y no mediante una única, como determina la norma.
Según la investigación, en la cuenta que registró la campaña de Petro Burgos para la Gobernación apenas se hicieron movimientos por $1 millón, pese a que en total la campaña reportó cuentas por $175 millones.
Sin embargo, la defensa de Petro y Noriega señaló que, si bien no se administró el ingreso de todos los recursos en una única cuenta, en aras de la transparencia se consignaron todos los recursos y movimientos en el libro de contabilidad de la campaña. Inclusive, recuerdan que en ese entonces, el padre del candidato (quien hoy es Presidente), “gozaba de toda la animadversión en contra de él por ser hijo”.
“La UP y la Colombia Humana, al entregar a través del candidato y del gerente de la campaña, la información de carácter público, donde se corrobora y comprueba que lo que se señala es lo que ingresó y con sus respectivos egresos, es una clara manifestación de cumplimiento a la exigencia constitucional de democratizar el funcionamiento de los partidos y de las campañas políticas, con transparencia ante la sociedad”, argumentaron.
Ante ello, el CNE explicó que los razonamientos de la defensa de Petro y Noriega “no entrañan una argumentación jurídica, fáctica, ni probatoria que permita variar la atribución de responsabilidad”. Por tanto, ratificaron la sanción impuesta y recordaron que contra esta decisión no procede recursos alguno.