En días pasados, las revocatorias de mandatos en el país tomaron un nuevo impulso para continuar su camino, después de meses de espera mientras se definían aspectos relacionados con la recolección de firmas durante la pandemia.
Desde este mes, los comités comenzaron la recolección de las firmas necesarias. El requisito es que la cantidad de rúbricas no deben ser menor al 30 % de los votos obtenidos por el mandatario que se quiere revocar.
Sin embargo, y más allá de esa recolección de firmas y de que la revocatoria es uno de los mecanismos de participación contemplados por la Constitución Política de 1991, en el ambiente está la pregunta de si, detrás de los comités, hay intereses políticos.
Por eso, EL COLOMBIANO consultó a los comités de las ciudades capitales donde echaron a andar revocatorias –Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander).
En el caso de Bogotá, aunque también se inscribieron comités que buscaban revocar a la alcaldesa Claudia López de Alianza Verde y elegida en 2019 con 1.108.541 votos, en abril desistieron de continuar con el proceso, argumentando que los tiempos no daban (ver Para saber más).
¿Sirven?
Patricia Muñoz Yi, directora de la Maestría en Gobierno de la Pontificia Universidad Javeriana, para explicar la finalidad de las revocatorias, explica que “buscan abrir espacios para que los ciudadanos puedan manifestarse frente a las situaciones de apoyo o rechazo a la gestión de los gobernantes, para que puedan acompañar e incidir en las políticas públicas”. Sin embargo, al analizar el momento actual de las revocatorias, señala que la pandemia ha cambiado, inevitablemente, las reglas de juego.
“En las actuales circunstancias por el coronavirus las condiciones cambiaron, ya que el proceso de la revocatoria del mandato, al igual que otros mecanismos de participación ciudadana, requieren del cumplimiento de unos pasos realizados por un ciudadano o por una organización social que inscribe un comité promotor, el cual tendrá la función de liderar la promoción de la revocatoria”
Y sobre si es un mecanismo que podría ser utilizado con intenciones electorales: “Es posible que este interés en visibilizar los procesos de revocatoria obedezca, de un lado, a las manifestaciones de inconformidad que algunos ciudadanos quieren mostrar frente a la gestión realizada por algún mandatario. De otro lado, puede ser la oportunidad para utilizar esta inconformidad y estas manifestaciones de promoción de revocatoria como el anticipo de una campaña, de una especie de precampaña para lo que se avecina en las elecciones locales próximas”.
“Incluso puede ser una plataforma de contienda política en el marco de las mismas elecciones al Congreso entre partidos y grupos políticos”, concluye.
¿En qué van?
Durante los primeros meses de 2021, cuando se cumplió el plazo de un año después de la elección definido por la ley, se inscribieron más de 50 comités revocatorios en todo el país.
Sin embargo, EL COLOMBIANO supo, por una fuente de la Registraduría Nacional que pidió la reserva con el argumento de que no tienen permitida dar información al respecto, que solo dos comités (los de Medellín) ya empezaron en forma la recolección de las firmas.
Pero, para entender cuál es el estado actual de la recolección de firmas, hay que entender lo que ha pasado hasta el momento.
El 1 de enero de 2021 fue la fecha marcada en el calendario de los opositores de los mandatarios locales para iniciar las revocatorias. Luego de escribir los comités, siguieron las audiencias públicas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se realizaron en la segunda mitad de enero y en la que tanto alcaldes como promotores tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos a favor o en contra de la revocatoria.
El paso siguiente era que la Registraduría entregara las planillas para que los comités, por un periodo de seis meses, recolectaran los apoyos necesarios para la revocatoria. Sin embargo, dicha entidad tomó otra decisión. Con el argumento de la pandemia, dijo que se debía esperar al visto bueno del Ministerio de Salud.
Y, durante dos meses, el proceso estuvo en pausa. A comienzos de abril, la cartera dirigida por Fernando Ruiz dijo que sí eran viables las revocatorias.
“Observamos que todas estas actividades se enmarcan en los diferentes protocolos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para mitigar el riesgo de contagio y garantizar la reactivación de las actividades sociales, culturales y económicas del país”, se lee en un concepto del Ministerio enviado a la Registraduría.
El visto bueno de MinSalud puso un nuevo palo en la rueda. Como solicitaba que las alcaldías verificaran el cumplimiento de los protocolos, varios mandatarios –como Daniel Quintero en Medellín, Jairo Yañéz en Cúcuta y Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga– se declararon impedidos.
En julio, el Gobierno nombró, entonces, alcaldes ad hoc en estas tres ciudades. Para Medellín, el designado fue Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Relaciones Políticas; en Cúcuta, Juan Camilo Restrepo Gómez, alto comisionado para la Paz; y en Bucaramanga, Silvia Corzo, directora de Gobierno y Gestión territorial en el Ministerio del Interior.
En todo caso, los procesos siguen andando. A continuación, le presentamos los comités promotores de revocatorias inscritos en cinco ciudades del país
6
meses tienen los comités para recolectar las firmas necesarias.
