Rodolfo quiere un país más austero y sin corrupción, mientras que Petro aumentaría subsidios para reducir la pobreza. Ya hay una alerta económica.
A partir del 7 de agosto Colombia será sacudida por un cambio en el poder que representará un ajuste en el modelo de país independiente de quien, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, sea elegido este domingo en como nuevo Presidente en un contexto de profunda polarización y duras polémicas en torno a las dos campañas.
39 millones de colombianos están habilitados para decidir cuál modelo gobernará al país, si el que propone Hernández –quien promete reducciones radicales en el gasto público y una desenfrenada lucha contra la corrupción–, o el de Petro, uno reformista y enfocado principalmente en el aumento desproporcionado del gasto en el rubro social.
Los candidatos de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y el del Pacto Histórico tienen miradas muy diferentes, por ejemplo, en materia de economía, salud, educación, empleo, pensiones, entre otros temas, lo que representará que cada elector al depositar su voto en las urnas apostará por una de las dos colombias que plantean los aspirantes presidenciales para los próximos cuatro años.
En todo caso, desde ya se lanzó una alerta internacional para los dos candidatos en materia económica, pues la firma calificadora de riesgo Moody’s realizó un estudio sobre las perspectivas del país ante las elecciones presidenciales y determinó que, si Colombia quiere conservar la estabilidad en las calificadoras de deuda soberana, la próxima administración debe mantener políticas macroeconómicas prudentes.
¿Cuál se impondrá?
El ingeniero quiere un país más austero y sin corrupción
Rodolfo Hernández promete liderar un gobierno central cuya misión principal sea la lucha contra la corrupción y esté enfocado en la reducción de la burocracia. Su principal apuesta es que, al acabar con la “ladronería” desde la administración pública, se puedan empezar a solucionar los problemas del país.
Enfocado en esa misión, el ingeniero de 77 años promete que desde el primer día de su gobierno reducirá los gastos del Estado –afirma que su acto de posesión, el 7 de agosto, será mesurado y en un municipio pobre– y dice que convertirá la Casa de Nariño en museo.
En ese sentido, asegura que en los primeros días de su mandato ordenará acabar las consejerías presidenciales, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y suspenderá indefinidamente la utilización de la Casa de Huéspedes de Cartagena y la Hacienda de Hato Grande.
Según Hernández, al menos la mitad de lo que se ahorrará el Estado al reducir la burocracia se destinará en la reducción de la deuda de quienes tienen préstamos educativos con Icetex.
Con ese plan de ahorro dice que aumentará el acceso a la educación superior y garantizará su cobertura del 100 % sustituyendo la prueba de admisión de todas las universidades públicas por un buen promedio académico en el primer semestre.
También plantea que su gobierno le apostará en los próximos cuatro años a mejorar la economía de los hogares y reducir el desempleo. Para ello se comprometió a bajar el IVA general al 10 % y crear una instancia más robusta de coordinación y gestión del empleo en el Ministerio del Trabajo.
Además, Hernández se comprometió a evaluar un subsidio de hasta un salario mínimo para los adultos mayores sin pensión. Dijo que cumpliría los acuerdos de paz con las Farc a cabalidad y reactivaría las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela.
Para poner en marcha estas iniciativas ya baraja algunos nombres como William Ospina (ministro de Cultura, Félix Jaimes Lasprilla (ministro de Transporte), Jorge Castaño (ministro de Hacienda) y Marelen Castillo (ministra de Educación)
Reformas en pro de la austeridad
Rodolfo Hernández dice que de ser elegido presidente su principal apuesta se enfocará en garantizar una administración austera de los recursos públicos para dar ejemplo desde el gobierno central y aumentar así el presupuesto de las carteras como la de educación, salud y trabajo.
El de la Liga de Gobernantes Anticorrupción plantea que su gobierno eliminaría consejerías, embajadas y reduciría gastos para redistribuir los recursos de la Nación de manera más equitativa. Incluso, ha asegurado que impulsará medidas para reducir los gastos del Congreso de la República, según él, dejando de pagar por las camionetas en las que se movilizan los congresistas.
Luchará contra corruptos
El exalcalde de Bucaramanga se ha fijado como uno de sus propósitos para los próximos cuatro años implementar una serie de estrategias para enfrentar el saqueo de los recursos públicos a través de diferentes modalidades de corrupción “La corrupción es el mayor impuesto que nos toca pagar a todos los colombianos”, dice.
Para ello, asegura que buscará una reforma al Poder Judicial para eliminar beneficios a los condenados por corrupción, aplicar la meritocracia para el nombramiento en cargos públicos y señala que incentivará las veedurías ciudadanas y la denuncia asignando el 20% de lo recuperado por corrupción para entregar recompensas.
Relación política diferente
El eventual gobierno del ingeniero se caracterizaría por una relación distante con los partidos políticos tradicionales. Así lo ha dado a entender hasta el momento, pues incluso prefirió lanzarse a la Presidencia a través de un aval conseguir por recolección de firmas de ciudadanos y evitó militar en partidos.
Asimismo ha señalado a lo largo de su campaña que de llegar al poder evitará a toda costa hacer cualquier tipo de negociación burocrática con las colectividades políticas, pero para tener gobernabilidad en el Congreso de la República, a través de la aprobación de proyectos y reformas, necesitará relacionarse con las diferentes fuerzas políticas.
Potenciar el sector rural
El aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dice que una de sus apuestas en de llegar al poder es que en los próximos cuatro años mejor y se dignifique la vida en las zonas rurales del país y se reduzca el desplazamiento a las ciudades por medio de mejoramiento de viviendas e subiendo los aranceles a los alimentos importados.
En lo relacionado con las viviendas tiene en mente un programa nacional para la creación de aldeas rurales integrales con un diseño hecho por su firma constructora de casas prefabricadas de al menos 60 metros cuadrados con servicios habitacionales completos, que incluyan paneles solares y pozos sépticos.
El Senador apuesta por un país con menos desigualdad
Gustavo Petro quiere hacer un revolcón del sistema. Su plan para los próximos cuatro años es ser un presidente reformista, pues tiene en mente tramitar reformas “profundas” en materia fiscal, pensional, educativa, laboral y agraria, con el fin de reducir las brechas de desigualdad en el país y aumentar los subsidios del Estado a grupos poblacionales como adultos mayores, madres cabeza de familia y ciudadanos en condición de pobreza extrema.
El aspirante presidencial tiene claras cuáles son las primeras acciones que implementaría en su eventual gobierno desde el 7 de agosto. Primero pondría en marcha acciones económicas para luchar contra el hambre, lo segundo que tiene en mente es contratar una comisión internacional para investigar los grandes casos de corrupción del país, y lo tercero frenar todos los pilotos para hacer fracking.
Dentro de ese plan reformista –que a muchos asusta–, Petro busca hacer una tributaria para recaudar $50 billones anuales quitándoles exenciones a los 4.000 más ricos. Con esos impuestos tiene previsto aumentar el gasto en asistencialismo, financiando un subsidio mensual de $500.000 para ancianos sin pensión y madres cabeza de familia.
Además, dice que su gobierno garantizaría la cobertura gratuita en las universidades públicas, y asegura que el Estado le dará trabajo formal a todo aquel que no logre emplearse en el sector privado, lo que implicaría un aumento mayor del gasto público.
En materia de extracción minero-energética dejará de firmar contratos de extracción petrolera, lo que implicaría un freno a la principal fuente de ingresos del Estado, y frenaría la extracción de carbón para abrir en su lugar granjas solares. También restablecería las relaciones con Venezuela.
Entre los nombres que tiene para posibles altos cargos se destaca el de Rudolf Hommes (ministro de Hacienda), Alfonso Prada (jefe de gabinete), Juan Daniel Oviedo (director del DANE), y Luis Gilberto Murillo (embajador en Washington)
Sacudón al modelo económico
Gustavo Petro plantea que de llegar a la Casa de Nariño impulsará para los próximos cuatro años medidas que permitan redistribuir el uso de las tierras, buscando así un cambio estructural en el modelo económico –según él– que impulsaría la producción agropecuaria.
En ese sentido, dice que impulsará una reforma agraria que reduzca la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra para “desincentivar los latifundios improductivos”. Al respecto ha asegurado que el Estado alquilará tierras improductivas para producir alimentos, pero la propuesta ha sido criticada y tildada como una posible expropiación, pero Petro la ha denominado “democratización” de las tierras.
Reformar la matriz energética
El candidato del Pacto Histórico tiene en mente dar un acelerado paso en la transición energética del país. Por ende, si llega al poder, en su periodo presidencial hará un rápido tránsito de la matriz dependiente del petróleo y el carbón para fortalecer el uso de las energías renovables.
En ese sentido asegura que frenará la firma de nuevos contratos de extracción petrolera y frenará la explotación del carbón en el país para construir granjas de energía solar. Expertos han advertido que esta apuesta podría ser riesgosa en términos económicos en tanto que el freno en seco de la extracción de petróleo podría reducir ampliamente los ingresos de la Nación a mediano y largo plazo.
Más impuestos para los más ricos
Una de las principales apuesta del senador se enfoca en eliminar las exenciones tributarias y cobrarles más impuestos a las 4.000 personas más ricas del país. Para hacerlo necesitará mejorar su relacionamiento con los partidos tradicionales, que son mayoritarios, para tramitar en el Congreso una reforma tributaria.
Según el candidato, con los impuestos de esas 4.000 personas recaudará 50 billones de pesos anuales, pero se estima que el costo de la ampliación del asistencialismo social que tiene en mente puede constarle a la Nación por lo menos 130 billones de pesos al año, para financiar subsidios a madres cabezas de hogar, adultos mayores y universitarios.
Revolcón a la Policía Nacional
El eventual gobierno central del aspirante del Pacto Histórico tendría una apuesta decidida para hacer grandes reformas a la Policía Nacional. La principal se enfoca en eliminar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y retirar a la institución del Ministerio de Defensa para trasladarla al Ministerio del Interior o el de Justicia, buscando así tener una “Policía civil para la vida y la seguridad humana”.
En ese plan reformista, Petro asegura que la seguridad en el territorio nacional no se medirá por número de personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, como lo hacen las mediciones internacionales, sino con una medición de “personas vivas”.
