El Plan Nacional de Desarrollo (PND) que radicó el presidente, Gustavo Petro, busca que el mandatario tenga facultades extraordinarias para reorganizar la burocracia del Estado y hasta tomar partido en las penas de cárcel a los indígenas que están presos.
El articulado es la base de los cuatro años de su Gobierno y será tramitado en las sesiones extras del legislativo que empezaron esta semana para poder poner en marcha su paz total y su reformatón, en medio de llamados de atención de los opositores sobre los súper poderes con los que terminaría el Ejecutivo.
Se trata de un proyecto de ley de 166 páginas que se complementa con un documento más de 321 cuartillas que detallan las bases de ese PND, además de un Plan Purincional de inversiones con otras 125 hojas.
El grueso de esos documento da cuenta de que el presidente quiere abonar el terreno para sus reformas sin que ciertas iniciativas tengan discusiones individuales en el Capitolio, por lo que congresistas como Julio César Triana, de Cambio Radical, lo acusan de querer “usurpar las funciones del poder legislativo”. Estas son algunas de las propuestas más polémicas del texto.
Nuevo concepto de memoria y menos debates
El Gobierno pretende crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica” que va a articular la información de los acuerdos de paz que se surtan en su administración. Ese tendrá la tarea de producir informes de los pactos de paz y de sometimiento a la justicia y le da facultad al Ejecutivo para que difunda esa información de forma “pedagógica”.
Uno de los puntos de la “paz total” que se trazó la Casa de Nariño es la propuesta de reforma agraria cuya radicación fue una promesa de campaña, pero de la que aún no se conoce ni un texto de borrador. Esa reforma aparece en cuatro artículos del PND que buscan crear un Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
Incluso el Plan reglamenta la compra de las tierras que se iban a adquirir con la aprobación de la reforma y de la jurisdicción agraria. Es decir, el articulado deja bases para que la discusión de la reforma en el Congreso sea más expedita.
Suprapresidente: 14 facultades extraordinarias
Si bien en el borrador del PND se habían trazado 10 facultades extraordinarias para el mandatario, en el documento final quedaron consagradas 14 que ampliarían los poderes de Petro haciendo que tenga más margen de maniobra en la Casa de Nariño que el que lograron sus antecesores.
Petro busca modificar la estructura del Estado, desde la rama Ejecutiva, pasando por entidades y organismos descentralizados hasta realizar modificaciones presupuestales.
Esas medidas pretenden que el Ejecutivo pueda capitalizar las empresas que se creen dentro de la arquitectura pública, definir la administración de los patrimonios, determinar los objetivos de los fondos del Estado y realizar las modificaciones presupuestales que él considere necesarias.
El representante a la Cámara por el Valle, Christian Garcés, advirtió que esa determinación haría que “el Congreso sea accesorio, una decoración para acompañar al gobierno pasando por encima de su función constitucional legitimada por el voto popular (...) El articulado pretende modificar infinidad de leyes sin pasar por los respectivos controles legislativos y constitucionales”.
De las 14 facultades extraordinarias, 13 están relacionadas con cuestiones administrativas de la plata pública y una más busca que el Ejecutivo pueda reglamentar las condiciones de reclusión y de resocialización de las personas indígenas que están privadas de su libertad por múltiples delitos.
PND toca la estructura de la fuerza pública
No es una cuestión nueva la pretensión del “Gobierno del cambio” de modificar la estructura de la Fuerza Pública, incluso ya el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que presentarán una “actualización de la doctrina militar y policial”, pero el Ejecutivo quiere surtir ese debate en el PND y no de forma individual.
El Plan promueve “una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional, que incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil”. En términos sencillos: trasladar esa institución de la cartera de Defensa a la del Interior que administra Alfonso Prada.
Desde la oposición llaman la atención sobre que esa medida politizaría los cuarteles y le quitaría las capacidades técnicas de cooperación con las Fuerzas Armadas, una posibilidad que ha permitido que las tropas y los uniformados de la policía hagan operaciones conjuntas.
La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, cuestionó que el Ejecutivo “no quiere que se debata sino que se le den facultades para legislar vía decreto y eso atenta contra la democracia, sobre todo para ellos que se la dan de demócratas, pero que uno ve que no quieren el debate”.
Nuevo intento de administrar las basuras
La Alcaldía de Petro en Bogotá estuvo marcada por las imágenes de la ciudad repleta de basuras porque el sistema de recolección que implementó como mandatario local no dio a basto. La oficina distrital tuvo que disponer de volquetas para recoger las bolsas que pasaron hasta una semana tiradas en la calle sin quién les diera una disposición final.
A pesar de esa experiencia, el artículo 182 del PND fomenta un “programa basura cero” que liderará el Ministerio de Vvienda y que tendrá la tarea de controlar y crear “parques tecnológicos ambientales y definirá un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto”.
En lo local, el texto terminó generando una fisura con el ala de Daniel Quintero que lo apoyó para llegar a la Presidencia porque no incluyó la propuesta de los 5 nuevos metrocables para Medellín que había trazado con La Alpujarra.
Es tal la discordia que Esteban Restrepo, el exsecretario de Gobierno de Quintero que lideró el “empalme” Antioquia-Nación, aseveró que le pedirá a los congresistas del Pacto Histórico que incluyan ese ítem en la discusión del proyecto.
La oposición estuvo reunida hasta las 11 de la noche del martes para presentar un documento con los “micos” del PND. La alerta que envían desde las bancadas contrarias al Ejecutivo –Cambio Radical, Centro Democrático y la Liga– es que ese articulado incluye las bases de las reformas pensional, a la salud y laboral para evitar debates individuales en el Congreso.
