El presidente Gustavo Petro declarará este lunes la medida de “desastre natural en Colombia”, con lo que pretende movilizar recursos para –dijo– actuar contra las inundaciones y el hambre.
La determinación del Gobierno se da en medio del fenómeno de La Niña que está dejando fuertes precipitaciones en el territorio nacional, de cuenta de las que ya se registran emergencias por el invierno en zonas del país como Antioquia.
Por eso, el presidente convocará el lunes a un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo en el que se oficializará esa declaratoria para atender las emergencias climáticas, una medida sobre la que se desconoce qué alcances tendrá. ¿Será una emergencia que le permita actuar sobre proyectos de interés nacional, como Hidroituango?
Petro solo aclaró que “la declaratoria de desastre nos va a permitir mover recursos que se presupuestaron por el anterior Gobierno y que son el presupuesto que queda de este año, partidas que no se están ejecutando, hacia el objetivo de atender a la población en crisis. Crisis por las inundaciones y crisis por el hambre”.
Ese anuncio fue hecho desde Bosconia, Cesar, un territorio al que arribó en compañía del director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez (ver recuadro), quien ha estado a cargo de monitorear las emergencias por lluvias.
Antioquia, Valle del Cauca y Huila son los departamentos más afectados por las precipitaciones con reportes de deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones por el desbordamiento de los afluentes.
El balance del Ungrd indica que 90.000 familias han resultado afectadas por las lluvias en 665 municipios. En lo que va del año 184 personas han fallecido como consecuencia de la temporada de lluvias, según las cifras que tenía esa entidad hasta septiembre.
Con antecedentes como esos el mandatario asegura que “ya la situación ha crecido tanto que los municipios no pueden, ni los departamentos en sí mismos, solucionar con eficacia los problemas que se derivan del desastre climático. Le toca a la nación, y también podríamos colapsar, si esto se intensifica de la manera como se está intensificando”.
Semanas atrás se comentó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo declarase la emergencia económica utilizando como pretexto las crisis ambientales, una medida que le permitiría tener facultades especiales –casi que súper poderes– para administrar el país. Sin embargo, Petro no dio detalles sobre qué similitudes tendría la alerta de “desastre natural en Colombia” con otro tipo de instrumentos.
Solo hasta el lunes se tendrá claro qué programa implementará el Ejecutivo para esta situación y cómo lo financiaría. La medida se tomará amparada en la Ley 1523 de 2012 y de forma preliminar se conoce que planea redireccionar los recursos que estén sin utilizarse en los ministerios para mejorar la capacidad financiera del Estado para la atención de emergencias, con un foco primario en la reubicación de quienes están en riesgo.
Es más, en esa agenda de emergencia social habrá cambios en los programas de ayuda y las contrataciones del Estado para –en palabras del mandatario– ayudar a la “economía popular.
En ese punto una de las pretensiones de la Casa de Nariño es vincular a las juntas de acción comunal a las iniciativas contra el hambre, para que estas instalen ollas comunitarias en los barrios afectados por la emergencia.
La Presidencia cree que de esa forma se garantizará que las personas tengan las tres comidas diarias. “En esta contratación no se va a exigir facturación electrónica, eso ha hecho que el pequeño campesino no pueda acceder a un contrato con el Estado”, puntualizó el presidente. Incluso, tampoco van a pedir que los proveedores de alimentos tengan registro Invima para dinamizar la “economía popular”.
Hay dos puntos más en las medidas de Palacio para la crisis ambiental. Por un lado, Petro le pidió a la industria militar que deje de producir armas para centrarse en la construcción de puentes en las comunidades afectadas. Además, anunció una modificación en el programa de ingreso solidario que para lo que queda de este año entregará $500.000 mensuales a las mujeres con hijos en la primera infancia .
