Muchas cosas estarán en juego en el paro nacional de este jueves. Las organizaciones citantes medirán su poder de convocatoria y las manifestaciones darán el pulso del nivel de insatisfacción con el Gobierno.
También será un reto blindar las marchas para evitar la violencia y podrán ser un medidor para que el presidente Iván Duque evalúe sus programas y la manera como se está conectando con la población.
El mandatario manifestó que “la protesta pacífica es un derecho en cualquier sociedad, es un mecanismo de expresión”, aunque añadió que “son muchos los que a veces quieren pescar en río revuelto y aprovecharse de la protesta para salir a ejercer vandalismo y violencia”.
Derecho a protestar
Los artículos 37, 38 y 56 de la Constitución Política de Colombia establecen el derecho a las manifestaciones y a las huelgas en el país.
Además, el Código Nacional de Policía y Convivencia establece que para realizar este tipo de concentraciones es necesario pedir un permiso en la Secretaría de Gobierno de cada municipio y especificar el recorrido.
Según Hernán Alejandro Olano, constitucionalista de la Universidad La Gran Colombia, lastimosamente las protestas se hacen realidad “porque en su espíritu llevan la premisa de causar incomodidad y caos, para que se les pueda poner atención. Cuando se salen de control la fuerza pública pasa de la prevención a la represión”.
Para Diana Ramírez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, la protesta en Colombia tiene dos problemas: se ha estigmatizado y también se han infiltrado actores que promueven el vandalismo. “Aunque es así, 15 infiltrados por ejemplo no pueden deslegitimar la acción pacífica de miles de personas. En Colombia las manifestaciones no perduran en el tiempo, son coyunturales y luego se olvidan”, afirmó Ramírez.
Políticos polarizados
Artistas, cantantes y hasta la nueva Señorita Colombia se refirieron al asunto. En el Congreso las opiniones están divididas. El uribismo reconoce el derecho constitucional de protestar, pero enfatiza en el no uso de la violencia y que no hay suficientes motivos para el paro.
Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, dijo que “es urgente trazar una clara línea entre el derecho a disentir y la conducta criminal. Esta marcha tiene algunos sectores que quieren desinformar, que están convocando con verdades a medias o mentiras. Además hay un juego internacional detrás de todo esto como se pudo evidenciar en Bolivia que fue herido un guerrillero de las Farc”.
Nicolás Pérez, también senador del uribismo, cuestionó las motivaciones de la marcha. “Hablan de reformas laborales o pensionales que no existen, confunden las propuestas de los gremios económicos, que tienen todo el derecho de hacerlas, con la visión del Gobierno y el Congreso. Desconocen que en estos dos años el presupuesto de educación ha aumentado en más de seis billones de pesos”, apuntó.
Diferente piensan en la orilla de la oposición. Para el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, todas las razones del paro son válidas. “No solo por la ausencia de una política social, ni la amenaza de afectar gravemente derechos al trabajo, a la pensión y a la salud, sino también por la falta de implementación del Acuerdo de paz y el asesinato de líderes sociales. Invito a que se haga por la vía pacífica y organizada”, sostuvo Cepeda.
Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde, enumeró razones de la protesta: “los amagues errados del Gobierno respecto a una reforma tributaria que perjudica la clase media y baja. El amague de reforma pensional, las proposiciones de salario mínimo, la desconexión con la población, los escándalos de las fuerzas militares, el desempleo. Hay un descontento general”.
El paro nacional será un termómetro social para el Gobierno. En lo que coinciden todos los sectores, es que no debe haber actos de violencia.
10
puntos destaca la Escuela Nacional Sindical que los motivó a convocar al paro.
