Todo está listo para que el Gobierno Nacional presente el proyecto que le dará vida al Ministerio de la Igualdad, el mismo que el presidente Gustavo Petro le prometió a la vicepresidenta Francia Márquez y que garantizaría el acceso a derechos de cientos de comunidades que han permanecido en la periferia.
Dicha creación no ha estado libre de debates sobre los poderes que tendría la Vicepresidenta, además de la vocación de la cartera, su manera de trabajo y los temas a priorizar en la agenda legislativa.
Por ahora, el proyecto promete que el Ministerio de la Igualdad sería transversal a las otras carteras y podrá ejecutar programas para las comunidades. El objetivo es que sirva como una coordinación de toda la respuesta social del Estado para reportarle al Presidente qué está funcionando (y que no) en esta materia.
La iniciativa llegará con mensaje de urgencia al Congreso y será tramitada al tiempo que se pasa lista de las reformas tributaria, agraria y al código electoral, las otras tres prioridades legislativas del inicio de la era Petro.
Si los planes marchan según lo planeado, al final de su cuatrienio el país pasará de tener 16 a 18 ministerios, a pesar del objetivo que se trazó el “gobierno del cambio” de reducir la burocracia y eliminar las nóminas paralelas. Esa última misión ya llevó a la eliminación de 140 cargos en la Casa de Nariño.
La creación de la cartera de la Igualdad se tramita desde el reducido círculo de confianza de la Vicepresidenta, porque fue ella la llamada a presentar el borrador del proyecto, un documento que lleva semanas en construcción. Es más, en los retiros espirituales del Pacto Histórico los congresistas se quedaron esperando su presentación oficial.
El mismo presidente del Senado, Roy Barreras, apuntó que la Vicepresidenta quiere actuar rápidamente en el área social y en la “Colombia profunda”, e incluso cuestionó “qué tan eficiente es una macroestructura” como la que Francia espera tener.
Minucia de la Igualdad
En la filigrana de esa dependencia está la misión de aglutinar la educación ($49,5 billones de presupuesto), la salud ($42,6 billones) y la infancia ($8 billones). Además de la atención a las mujeres y a todas comunidades (LGTB, afro e indígenas), hasta el acceso de la ciudadanía a la justicia.
La lista sigue porque también tendrá la tarea hacer veeduría a las obras de infraestructura, desde la construcción de un puente hasta la de un colegio, porque esos proyectos se entienden como una ruta para generar bienestar en los territorios. Al fin de cuentas, un renglón de la agenda país que toca esa amplia sombrilla de lo social que quiere sostener la vicepresidenta.
La cartera tendrá como objetivo hacer vigilancia y control sobre todo lo relativo a la inversión social y el gasto público en ese ámbito, será transversal a los asuntos que tienen que ver con garantizar la vida digna de los colombianos y, además, tendrá programas propios para transmitir a las comunidades el funcionamiento de la democracia y el reconocimiento de sus derechos.
La descripción suena a una procuraduría paralela para vigilar que los dineros destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades sí se ejecuten, pero la diferencia con la Procuraduría real –que voces del Pacto han manifestado querer eliminar– es que el ministerio no castiga, sino que termina reportando a la Casa de Nariño lo que funciona, y lo que no, en la contratación social del Estado.
El Ministerio de la Igualdad será transversal, sus promotores aseguran que no se quiere reemplazar a ninguna otra cartera y que tampoco se trasladará a programas o entidades que estén adscritas a las demás dependencias al paraguas de Francia Márquez.
En otros términos, sobre la mesa no está trasladar ni el ICBF ni el Sisbén (ver recuadro) pero sí articularse con estos para que los servicios lleguen a los territorios, sobre todo a las comunidades indígenas, afro y campesinas.
En palabras de la vicepresidenta, con “este proyecto que va a ser radicado esta semana, esperamos que con trámite de urgencia, pronto podamos tener el Ministerio de la Igualdad asumiendo el desafío más grande que tiene Colombia, que es el desafío de la desigualdad”.
El trámite en el Congreso
El partido de gobierno ha dicho que ni la creación de esta cartera, ni el futuro trámite que tendrá la gestión para el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, requerirá una reforma constitucional. En su lugar, se tramitará de la misma forma que la administración anterior creó las carteras del Deporte y de la Ciencia que entraron a engrosar la lista de la burocracia del Estado.
Para conseguirlo necesitará el visto bueno del Congreso, en el que la bancada de gobierno parece tener las mayorías aseguradas. En el Senado el encargado de abanderar el tema será Alexander López Maya, uno de los pocos congresistas de las entrañas de la vicepresidenta y quien también estaría pullando por la dirección del ICBF.
Entre tant, en la Cámara la representante por Antioquia, Luz María Múnera, se perfila como una de las opcionadas para liderar la ponencia.
Según Múnera, este trámite “no se trata solo de un acuerdo político con la vicepresidenta para la creación de un ministerio, sino de que Colombia tiene un montón de renglones en inversión social y en gasto público social a los que nunca se les hace una verdadera y real vigilancia”.
Así que la idea es cerciorarse de que el Estado llegue, pero no en forma de Fuerza Pública, sino de acceso a la salud, la educación y demás servicios que la “Colombia profunda” que puso al gobierno en el poder no siempre ha visto.
Puja por un ministerio más
El propósito es que Márquez asuma las funciones de Vicepresidenta y Ministra, incluso es probable que desde el Ministerio tenga más poder que en la Vicepresidencia, un rol que al final del día tiene tanto margen de acción como el mandatario de turno lo permita.
Su despacho alterno podrá pasar la lupa a todos los contratos, proyectos y programas públicos que toquen el ámbito social. Y justamente ese apellido ‘social’ funciona como una bolsa en la que caben tantos temas como la vicepresidenta disponga, una cuestión que ya había desatado una puja interna dentro del Pacto Histórico para determinar qué tanto poder tendría la supracartera.
Esto llevó a discordias internas sobre hasta dónde le permitirían llegar a la vicepresidenta, pues fue Petro quien logró sentarse en la Casa de Nariño y no ella. Además, hay quienes dicen que Márquez llegó al poder con semblante de que también gobernará.
Es más, dentro del Pacto Histórico había una puja sobre cuáles debían ser los proyectos que llegaran en los primeros días del gobierno con mensaje de urgencia y los voceros de la bancada de gobierno no habían puesto en los primeros renglones este ministerio, hasta que fue la misma Francia la que anunció desde el Cauca que llegaría esta misma semana. ¿Una forma de ejercer presión interna? .
