La decisión de detener al expresidente y senador Álvaro Uribe en su domicilio fue tomada por cinco magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quienes adelantan el proceso en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal.
Esta Sala fue creada en el Acto Legislativo 01 de enero del 2018, pero solo se materializó en septiembre de ese año. Su misión es surtir la etapa de pruebas previa a los juicios y determinar si hay posibilidad de que los procesados tengan responsabilidad en la comisión de los delitos y deban ir a juicio ante la Sala Penal, esto en el marco de la transformación que fue necesaria para implementar la segunda instancia en el Alto Tribunal.
Esta sala no juzgará a Uribe, solo tendrá a su cargo la etapa previa al juicio, y podrá inclusive precluir la investigación antes de que llegue a la Sala Penal si hallara mérito para archivarla, como explicó el penalista Francisco Bernate.
La defensa de Uribe dice que la decisión fue tomada de una manera política, pero de otro lado, la Federación Internacional por los Derechos Humanos recordó que tanto la separación de poderes como la independencia judicial de los magistrados de altas cortes son dos pilares del Estado de derecho, por lo cual hizo un llamado al respeto en la administración de justicia.
El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández agregó: “Ni los jueces deben resolver en los procesos con un criterio político, pues podrían prevaricar, ni los políticos deben tener injerencia en los procesos y menos pretender influir en los resultados por la vía de la recomendación, la presión, la amenaza, el halago o las ilícitas ofertas económicas o burocráticas”.
Héctor Javier Alarcón Granobles (presidente)
El presidente de la Sala Especial de Instrucción es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo Oficial Mayor en la Rama Judicial. Ha sido Abogado Asesor en la Procuraduría General de la Nación, Abogado Asistente y Magistrado Auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. También fue abogado litigante en materia penal. Es profesor universitario de las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial. Entre sus textos publicados se encuentran: “Garantías constitucionales y la prueba ilícita”, y, “Garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano”.
Fue reelegido como presidente de la Sala en marzo de este año.
César Reyes Medina (Ponente)
Es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional, en Derechos Humanos de la ESAP y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás; doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y formación académica recibida en EE. UU. y Puerto Rico sobre Sistema Acusatorio, Juicio Oral y Metodología de Enseñanza del Derecho. Ha sido abogado litigante durante 30 años, profesor universitario por 22 años, defensor público durante 13 años, coordinador académico de Barras de Defensores Públicos. Consultor en Programas de Fortalecimiento de la Justicia, en Panamá, Perú, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia. Es el magistrado ponente en el proceso en contra del expresidente Uribe, y su ponencia fue aprobada por unanimidad.
Francisco Javier Farfán Molina
Es abogado de la Universidad de Los Andes, especializado en Ciencias Penales y Criminológicas en el Externado, y en Derechos Fundamentales en la Universidad Complutense de Madrid. Scarrera laboral la ha ejercido, principalmente, en el sector público, en el ejercicio independiente y en la academia como profesor de derecho penal de varias universidades. Fue director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior; director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría; procurador delegado para la Moralidad Pública; procurador delegado para la Casación Penal, y conjuez de la Sala de Casación Penal. Ha publicado 12 libros sobre temas como interceptación de comunicaciones telefónicas en lo penal y el agente encubierto en el proceso penal.
Abogado de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Es especialista en Bioética de la Universidad del Bosque, especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma, especialista en Derecho Penal del Externado, y magíster en Derecho Penal Internacional. En el ámbito laboral, inició como juez promiscuo municipal, juez de Instrucción Criminal, juez de Orden Público, juez Regional, magistrado del Tribunal Nacional, abogado auxiliar y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación. Antes de su actual designación, fue magistrado por concurso de méritos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Es autor del libro Función de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Misael Fernando Rodríguez Castellanos
Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología del Externado de Colombia, con una experiencia de más de 26 años en la Rama Judicial y el Ministerio Público. De carrera profesional desarrollada en la Rama Judicial, esencialmente en la Fiscalía General de la Nación a partir de 1993. Fue agente del Ministerio Público por concurso de méritos. Inició su trayectoria en la Fiscalía como Investigador Judicial del CTI, ocupando en orden ascendente los cargos desde profesional universitario hasta Fiscal ante Tribunal Superior de Distrito Judicial. También fue fiscal Delegado ante la Corte Suprema. Tuvo a su cargo el caso las ‘chuzadas’ ilegales del DAS, la investigación contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecrertario de Presidencia, Bernardo Moreno.
