El jueves 2 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia entregó de manera oficial al Embajador de Israel la Nota Verbal sobre la decisión del Gobierno de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a partir de la fecha.
Esta decisión fue tomada de acuerdo con lo expresado por el presidente Gustavo Petro, argumentando un genocidio propiciado por Israel hacia el pueblo palestino en el marco del conflicto que se vive en la Franja de Gaza y que se ha agudizado desde 2023.
Durante la alocución pública que Gustavo Petro realizó en el marco de las marchas del 1 de mayo, el jefe de Estado anunció que Colombia rompería relaciones con Israel.
“No podemos ser cómplices de un Estado señalado de cometer genocidio y violaciones a los derechos humanos”, comentó.
Petro continúa insistente en dar a conocer y argumentar su decisión que ha causado múltiples reacciones, tanto positivas como negativas. Sin embargo, sorprende su hincapié en dicho tema, mientras un posible escándalo de corrupción salpica a su Gobierno.
Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afirmó que usó dineros de la entidad para pagar, presuntamente, millonarios sobornos al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Estos dineros que habrían sido usados para que ambos impulsaran y favorecieran desde el Congreso todas las reformas propuestas desde la Casa de Nariño. En las declaraciones que hizo Pinilla a la revista Semana, afirmó que los sobornos se habrían hecho de la siguiente manera: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.
Pinilla renunció a la Ungrd el pasado 6 de marzo, en medio de graves cuestionamientos por irregularidades en la adquisición de carrotanques para el abastecimiento de agua potable en La Guajira y otros territorios afectados por la falta del insumo vital.
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En las recientes declaraciones, de ser ciertas, confirmaría los cuestionamientos, pues afirma que los $ 4.000 millones que solicitó para la compra de los carrotanques, en realidad fue usada para el soborno. “Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle”, afirmó Pinilla.
Las denuncias vinculan directamente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Quienes habrían servido como voceros para pactar los acuerdos con Name y Calle.
