Desde 1991 la Constitución Política de Colombia ha sufrido 54 reformas, lo que habla del interés reformista del legislativo.
Esta cifra es muy elevada, si se tiene en cuenta que la Constitución de 1886, que estuvo vigente en el país durante 104 años, fue reformada 70 veces en toda su historia. Es decir, tuvo una reforma cada 1,4 años.
“Pese a esas reformas, la estructura esencial de la Constitución de 1886 no cambió, las reformas fueron más de forma y muy pocas de estas instituyeron derechos, porque realmente esa constitución no los tenía. Quizás las más importantes reformas fueron las de 1910 (que modificó el sistema electoral) y de 1936 (política social)”, explicó Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia.
La actual Carta Magna tiene 29 años desde que fue expedida, aquel 4 de julio de 1991, y estadísticamente ha sido reformada cada 6,4 meses en promedio.
De acuerdo con Kennet Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “en Colombia hay una infortunada tendencia al ‘reformismo constitucional’ bajo la idea equivocada que de esta manera se solucionan los problemas del país, obedeciendo a presiones e intereses de los gobernantes de turno y en ocasiones a presiones internacionales como ocurrió con la extradición, cuya norma original solo duró seis años”.
De hecho, en 1997 se dio la primera reforma con el Acto Legislativo 01 que modificó el artículo 35 de la Constitución, con la que se permitió la extradición de colombianos.
Mantiene su esencia
David Suárez, profesor de Derecho Constitucional de Eafit, afirmó que en todo este tiempo prosperaron en el Congreso solo tres reformas que cambiaban los principios fundamentales sobre los que se cimentó la Constitución: “El estatuto antiterrorista promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe (Acto Legislativo 02 de 2013 que permitía interceptaciones sin aval de jueces), el articulito de la reelección (Acto Legislativo 02 de 2004) y el recientemente aprobado sobre la cadena perpetua para violadores”, sin embargo, a este úlitmo le han vaticinado que la Corte Constitucional podría tumbarlo.
Los dos primeros fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional y el último, tan pronto sea publicado en la gaceta será demandado para que la Corte lo revise.
“Sobre el futuro de esas demandas sabremos más o menos en marzo”, anotó Suárez.
Otros tres actos legislativos fueron declarados inexequibles y tenían que ver con la asignación de puestos en carrera administrativa para los funcionarios que estaban en provisionalidad y con la constitución de las cortes marciales que investigarían los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
Las demás reformas, en palabras de Suárez, han sido más accesorias, que ajustan “el funcionamiento de la política, del Congreso, de las regalías, de la oposición, de la parte orgánica”. En ello coincidieron Burbano y Pérez.
“Aunque estas prácticas reformatorias alteran la estabilidad institucional y la seguridad jurídica y desnaturalizan el verdadero espíritu del constituyente primario, en sus principios la Constitución de 1991 se ha conservado y buena parte en sus derechos. Esto también se debe a lo extensa y reglamentaria que es esa Carta Magna. Muchos asuntos deberían estar confiados a la ley, pero siempre ha existido desconfianza con el Congreso”, señaló Burbano.
Poca efectividad
Según Suárez, “una Constitución no es para estarla manoseando, ni cambiándola, más que reformarla lo necesario es aplicarla en su integridad, y eso es lo que no hemos logrado, todavía estamos en deuda con muchos derechos, este sigue siendo un país muy centralista, racista, machista y hay muchas clases de discriminación”.
Y agregó que hay dos deudas que fueron objetivos de la nueva Carta que no se han cumplido aún: erradicar la violencia y la corrupción. Así mismo, Burbano señaló que “hay normas muy complejas como el de la seguridad social (art. 48) que se necesita de especialistas para entenderla”, y cuando una reforma constitucional no se entiende, no se puede aplicar cabalmente.
En esta legislatura se aprobaron dos reformas: cadena perpetua para violadores de menores y la constitución del Área Metropolitana de Bogotá, vienen otras en camino, quizá la más importante será la reforma a la Justicia.
