La condena a 55 años de prisión al exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, por ser el determinador del homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Cecilia Brito; de su esposo, Henry Ustariz Guerra, y del escolta de la exmandataria, Wilfredo Fonseca Peñaranda, es un hecho inédito para la clase política de ese departamento.
Así lo califica el politólogo y analista de la Universidad del Norte, Luis Trejos, pues las casas políticas tradicionales de esa región estaban “acostumbradas” a que sus acciones, que en muchos casos han sido consideradas ilegales por los guajiros, se dormían en los anaqueles de los juzgados del departamento.
Para el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá, se presentaron las pruebas suficientes para inferir la participación de Gómez en los asesinatos, además, se probó la relación del exmandatario con el presunto narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’, extraditado en el año 2016.
“Fue necesario que los medios de comunicación denunciaran las irregularidades que ocurrían en La Guajira para que la justicia pusiera el foco en ese departamento. Es común que los políticos de esa región fueran condenados por hechos administrativos, pero es la primera vez que hay una responsabilidad penal ejemplarizante. Se envía un mensaje fuerte para evitar que hechos de este tipo se repitan en La Guajira”, explicó Trejos.
En su fallo, el despacho no le concedió ningún beneficio jurídico a Gómez, como la detención domiciliaria, o la libertad condicional, por lo que el exmandatario deberá seguir recluido en la cárcel.
De acuerdo con la Fiscalía, las tres personas fallecieron en atentados terroristas ocurridos en los años 2008 y 2012, a manos de personas “pagadas por Gómez Cerchar”, por lo que tanto el ente acusador, como el Ministerio Público le solicitaron al juez emitir la máxima pena para el exfuncionario, que es de 60 años de prisión.
El exgobernador fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
“Como lo vimos en las pasadas elecciones locales, casi que todo el país está minado de élites políticas regionales que tienen relaciones peligrosas con actores armados y mafias. Si bien la condena de ‘Kiko’ Gómez es por homicidio de un contradictor político, también están las relaciones que tenía con grupos ilegales. Este es un castigo para decirles a los políticos locales que la justicia también está tras ellos. Ojalá esto se replique en otras regiones porque es un fenómeno extendido por el país”, dijo Fabián Acuña, analista político de la U. Javeriana.
