Las movilizaciones sociales del Paro Nacional ajustaron sus primeros 15 días en Colombia y, en medio de ellas, ya se reportan 1.594 heridos (con corte al 11 de mayo): 742 civiles y 852 uniformados. Además, ya hay confirmados 33 muertos, que incluyen a un capitán de la Policía.
Así lo evidencian los datos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO y que fueron recopilados por el Ministerio de Defensa, con base en los informes de la Mesa Intersectorial de Atención a la Protesta Social, conformada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. De hecho, se informó que 6 uniformados continuaban internados en centros hospitalarios, aunque sus vidas no corren peligro.
Pero detrás de las cifras están las historias humanas. Por eso, ayer, EL COLOMBIANO registró un panorama en torno a las víctimas mortales que han dejado las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril, y hoy le pone rostro a los policías, que también han sido agredidos en estas jornadas.
En este punto aparece el nombre de Jesús Solano Beltrán, capitán de la institución quien a sus 34 años, como se dijo ayer, fue ultimado por una turba el primer día de protestas en Soacha, Cundinamarca, cuando intentaba evitar el daño de un cajero automático. Lo asesinaron mientras cumplía su deber.
De acuerdo con los archivos judiciales, el oficial fue atacado con arma blanca una vez fue derribado entre la muchedumbre. No obstante, los tres capturados por este delito –aunque están presos mientras se adelanta la investigación penal– argumentaron que se trató de una confusión, pues dicen que había gritos alrededor de “cójanlo” como si se tratara de un ladrón.
A pesar de estos alegatos de su defensa, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento al considerarlos “un peligro para la sociedad”.
Desde la Policía Nacional se resaltó que Solano dedicó los últimos 13 años de su vida a la institución. También dejó una hija de cinco años.
En este contexto, conforme a lo detallado por Diego Molano, ministro de Defensa, las cifras de agentes agredidos en las calles indican que, de los 852 contabilizados, 717 han sido atacados con objeto contundente, 99 con arma cortopunzante, 19 con explosivos, 12 con arma de fuego y 5 con armas neumáticas (ver gráfico).
EL COLOMBIANO también se dio a la tarea de documentar otros casos relacionados con ataques a uniformados que han resultado heridos o cuya integridad estuvo en riesgo en el marco de las manifestaciones.
Uno de esos hechos se registró en Bello, en el norte del Valle del Aburrá (Antioquia), cuando el patrullero Didier Valderrama fue impactado, el 28 de abril, con una bomba molotov que le causó quemaduras de primer grado en una pierna. Ayer, él mismo comunicó que se está recuperando satisfactoriamente.
Otro caso se presentó en el CAI de la Aurora, en el sur de Bogotá, donde el pasado 5 de mayo un grupo de personas atacó dicha instalación y le prendió fuego, a pesar de que había 15 uniformados en su interior.
Sobre lo allí sucedido, el patrullero Juan Contreras, de 20 años y adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que, tras romper uno de los vidrios del CAI, les lanzaron una bomba molotov intentando incendiar el lugar y a ellos. De hecho, relató que un compañero suyo fue herido en el rostro.
“Usamos un extintor y una arena para apagar las llamas, pero fue tanto el humo que decidimos salir con las manos en alto para que nadie nos fuera a agredir más”, contó.
Algo similar ocurrió en Pasto, 5 días antes, cuando un grupo de 5 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) también fue blanco de un ataque con una bomba molotov.
Cuando se produjo el hostigamiento, según los efectivos, estaban atentos a las concentraciones ciudadanas para evitar actos de vandalismo.
Los cinco uniformados tuvieron que recibir atención médica especializada luego de esto, pues resultaron con varias quemaduras en el cuerpo.
Otro de los casos registrado por las autoridades, y que igualmente –como los anteriores– está en investigación para hallar a los responsables, se presentó en el sector de El Lido, en el sur de Cali, donde el 10 de mayo un grupo de civiles atacó con un arma de fuego y bombas molotov a 10 uniformados que trataban de desbloquear las vías. Por los hechos, se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para encontrar a los responsables.
Además, la Fuerza Pública ha sido víctima de improperios y ataques verbales durante las manifestaciones, así como de campañas de desprestigio en redes sociales con numerales como #EsmadAsesino y #PoliciaCriminal. Estos actos, por supuesto, han sido rechazados por la institución y el Gobierno.
Y hace solo 8 días se conoció un video de un patrullero cuyo nombre no se reveló, pero quien entre lágrimas describe los ataques que han sufrido en Cali para atender las protestas: “Da impotencia, porque uno no puede hacer nada. ¿Tiene uno que dejarse matar para que los demás sean felices?, tampoco”.
Ante este panorama, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, salió en defensa de los 852 uniformados atacados, pero puso sobre la mesa el debate en torno a los posibles casos de abuso que se han denunciado.
En efecto, dijo que, como Gobierno, no se permitirá que “se cuestione la legitimidad de nuestra fuerza pública” por el actuar de algunos uniformados que “hayan afectado la Constitución y la ley, quienes serán investigados y sancionados, como ya lo están haciendo los organismos competentes”; entre ellos, la Procuraduría, la Inspección General de la institución y la Justicia Penal Militar.
El funcionario que ha liderado la necesidad de esclarecer cualquier irregularidad, por instrucción del presidente Iván Duque, es el inspector de la Policía, el general Jorge Luis Ramírez Aragón, quien aseguró que hasta el momento la Inspección General ha abierto 65 investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de uniformados desde el inicio de las manifestaciones.
De ese total –según precisó Ramírez– 10 pasaron a la Procuraduría y se ha aplicado la medida de suspensión a 5 miembros de la institución. “Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el respeto absoluto por el debido proceso y los derechos humanos”, enfatizó.
Y si bien están esos casos de posible abuso policial –que incluso han valido el rechazo de organismos internacionales como la ONU y de sectores del Congreso de Estados Unidos–, las autoridades han resaltado que también se han registrado actos de convivencia como la escena vivida el pasado fin de semana en la avenida Las Vegas, en Medellín, donde dos patrulleros circularon en una motocicleta apoyando a un grupo de deportistas. También se ha destacado que, en medio de bloqueos, se han realizado partidos de fútbol callejero entre uniformados y manifestantes; uno de ellos se jugó en Barranquilla, el 6 de mayo.
