El ente de control advirtió por presuntas irregularidades durante las diligencias realizadas en marzo pasado, cuando la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral y requirió copias de correos, computadores y celulares.
Por cuenta de presuntas irregularidades y arbitrariedades durante las visitas realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las sedes de la Registraduría y la Cancillería el año pasado, este jueves la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra 16 funcionarios y contratistas de la entidad.
Se trata de visitas que se remontan a marzo pasado, cuando el organismo adelantó inspecciones administrativas a la sede de la Registraduría –el 12 de marzo– y Cancillería –los días 14, 15 y 19 de marzo–.
En ese entonces, la Superintendencia recogió información relacionada con la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal. En el caso de la Registraduría, la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral, que es de carácter reservado, y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal.
La SIC también visitó las oficinas de la firma Thomas Greg & Sons (TGS), empresa involucrada en la polémica licitación de pasaportes con el Gobierno. Explicaron que estaban en búsqueda de pruebas y respuestas por presuntas irregularidades contractuales.
Por ello, la Procuraduría General profirió pliego de cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otras 15 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia.
“Esas personas son investigadas porque, al parecer, en las dos diligencias habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban, así como también pudieron afectar derechos fundamentales de los funcionarios”, explicó la Procuraduría.
Según el Ministerio Público, las actividades probatorias desarrolladas en las visitas “comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos, así como se ha podido poner en peligro la confidencialidad, guarda del censo electoral e información institucional que nada tenía que ver con el objeto de la actuación administrativa”.
Las otras personas afectadas en el pliego de cargos son la funcionaria de la SIC, Martha Liliana Fandiño Vergara, así como los contratistas de esa entidad Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia y Daniel Leonardo Muñoz Manrique, quienes participaron en la visita realizada a la Registraduría.
También se profirieron cargos contra la funcionaria de la SIC, Yolanda Hernández Alonso, y los contratistas María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo, Karen Vanessa Angulo Sogamoso, quienes intervinieron en las diligencias practicadas en la Cancillería.
La decisión también se profirió contra el coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, Mario Alejandro Franco Vanegas, y el contratista José Miguel Moreno Reina, quienes participaron en las dos visitas, las cuales tenían como objeto verificar el cumplimiento de régimen de libre competencia económica en los procesos contractuales de las dos entidades.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de los funcionarios de la SIC Melo Rodríguez, Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso como una falta grave cometida a título de dolo.
En el caso de los restantes investigados, que intervinieron en las diligencias en calidad de contratistas de la SIC, el órgano de control precisó, tras el análisis de las obligaciones contractuales de cada uno, que se trata de particulares en ejercicio de funciones públicas y, por ende, “son destinatarios de la ley disciplinaria”. Por esa razón, calificó su presunta actuación como una falta gravísima cometida con dolo.
