Dos patrulleros y un perro asesinados, así como cinco atentados con explosivos contra estaciones y CAI de la Policía, son el resultado parcial de un plan pistola orquestado por la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC) y liderada por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.
En un documento reservado (poligrama N°1024), distribuido el pasado 1 de agosto por el Centro Estratégico Policial (Cepol), se informó a todos los comandantes que esa organización ilegal estaría promoviendo “el pago de $4 millones por la muerte de policías y el hurto del armamento”.
Según el reporte, la causa sería “una represalia a las actividades operacionales en sus zonas de presencia”.
Lo extraño es que la oleada terrorista se da justo cuando el EMC y el Gobierno tienen más consolidados sus acercamientos de paz, aparentemente.
De hecho, la semana pasada la Presidencia le dio un espaldarazo a esta facción, nombrando como gestor de paz a Alexánder Farfán Suárez (“Gafas”), el carcelero de las Farc que ultrajó por años a Íngrid Betancourt, tres contratistas de EE.UU. y varios políticos y militares. Entonces, ¿por qué los ataques?
Los hechos del plan pistola
La arremetida criminal comenzó el sábado 29 de julio, con el asesinato a tiros del patrullero Jorge Guerrón Yela, de 30 años, cuando trabajaba en el CAI del Barrio Obrero, en la ciudad de Pasto.
Esa misma noche, sicarios motorizados lanzaron una granada contra el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, matando a un perro que los uniformados habían adoptado, llamado Negro.
Al mismo tiempo hubo un hostigamiento con ráfagas de fusil contra la estación policial y la sede de la Registraduría en Dagua, Valle.
Los ataques siguieron en el vecino departamento del Cauca. En el municipio de Suárez detonaron una camioneta llena de explosivos, y un cilindrobomba fue arrojado al colegio La Inmaculada, sin estallar; y un segundo carrobomba explotó al costado de la estación policial del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao. En ninguno de estos casos hubo heridos, pero sí graves destrozos.
Horas después, en la madrugada del domingo, de nuevo delincuentes motorizados lanzaron otra granada contra el CAI del barrio Nuevo Latir, en Cali, aunque no explotó.
El miércoles 2 de agosto acribillaron a la patrullera Paula Ortega Córdoba, de 28 años, cuando conducía su moto rumbo al turno laboral, en una calle de Neiva (Huila).
Los dos asesinos, que iban en otra moto, le dispararon por la espalda en un semáforo y le robaron el arma de dotación. El crimen quedó registrado en cámaras de vigilancia y al poco tiempo fueron capturados por la Policía.
Frente a esta situación, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó: “Le hemos pedido al EMC que se pronuncie. Ellos inicialmente nos han dicho que no es cierto. Estamos esperando que haya aplicación del DIH”.
Aunque la organización niegue los ataques, lo cierto es que todos han ocurrido en territorios en los que actúan sus frentes de guerra.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la Inteligencia Militar y Policial está verificando la información, aunque reconoció que “el hecho cometido con la patrullera Paula Ortega es un típico caso de plan pistola”.
Las FF.MM. y la Policía ya recibieron la orden de aumentar sus medidas de protección. El mismo poligrama N°1024 advierte que las modalidades de ataque podrían incluir sicarios disfrazados de policías, explosivos, hostigamientos, emboscadas y francotiradores.
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ANEXO: ANTECEDENTES DE PLANES PISTOLA
Los planes pistola se popularizaron en Colombia desde la época del cartel de Medellín, cuando Pablo Escobar ofreció entre $1 y $5 millones por cada policía asesinado. Se calcula que sus esbirros mataron a 500 uniformados entre finales de los 80 y principios de los 90.
Más recientemente, el Clan del Golfo ha continuado con esa instrucción criminal. Las autoridades le han registrado siete planes pistola entre 2009 y 2022, todos en retaliación a las capturas o muertes en operativos de sus comandantes.
