La orden de los ilegales del Clan del Golfo parece perentoria. En un comunicado ese grupo armado amenazó con poner en marcha lo que han denominado como “plan feminicidio” contra las mujeres que se encuentren relacionadas con los otros grupos armados que operan en el departamento del Chocó.
Este actor armado –que tiene una batalla a sangre y fuego por el control del territorio con la guerrilla del ELN y las bandas criminales en ese departamento– incluyó entre sus estrategias de guerra la violencia de género para generar miedo y zozobra dentro de las comunidades.
“Tienen 24 horas para abandonar la ciudad porque ya están en la lista de objetivos militares”, se lee en una de las cadenas de WhatsApp que circulan en Quibdó y en el que aparece un listado con los nombres de 27 mujeres amenazadas.
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Las denuncias fueron recogidas por la Fundación Paz y reconciliación, quienes también advirtieron que en la capital chocoana están desatados los homicidios. Una recopilación de datos de Medicina Legal indica que hasta julio pasado se habían registrado 85 homicidios, son 13 casos más si se compara con el mismo período de 2023.
El pasado 28 de agosto Luz Berilla Chalá, lideresa miembro de la Red de Madres Cuidadoras, fue asesinada por sicarios mientras se encontraba en un establecimiento comercial de Quibdó.
Ese crimen generó la suspensión de la tregua que mantenían las bandas criminales del Chocó (Los Mexicanos, Lokos Yam y RPS) con el Gobierno. Alegaban un incremento en el control territorial por parte de los armados del Clan del Golfo.
“Anunciamos oficialmente el levantamiento al cese al fuego unilateral y comenzaremos a emprender acciones militares para defender nuestros territorios (...). Diferentes víctimas inocentes han fallecido a causa del accionar de este grupo (Ejército Gaitanista de Colombia), como lo han sido casos de feminicidios”, se leía en el comunicado de las bandas.
La Defensoría del Pueblo emitió el pasado 19 de septiembre una alerta temprana para la ciudad de Quibdó en la que advirtió el riesgo de violaciones a los derechos humanos de los civiles que residen en la capital del Chocó. Recomendaron activar y coordinar acciones para la prevención de las violencias basadas en género.
