En la investigación contra la congresista hay 14 denuncias por los estrechos vínculos que habría sostenido con la extinta guerrilla de las Farc, grupo que habría interferido en su carrera política con apoyo económico e influencia sobre las poblaciones para votaran por ella.
Según los señalamientos que estudia la Corte, la congresista habría iniciado sus vínculos con cabecillas de la exguerrilla entre 1994 y 1998, cuando fue elegida por primera vez como senadora con el aval del Partido Liberal. La congresista, presuntamente, visitaba los campamentos subversivos sin autorización del Gobierno y que desde entonces fungió como asesora.
Piedad Córdoba ha sido investigada por estos vínculos desde 2010 por la Fiscalía Especializada y la Unidad Antiterrorismo. En ese año y en los anteriores, la política antioqueña fue mediadora entre las Farc y el Gobierno de Álvaro Uribe para la liberación de varias personas secuestradas e intercambios humanitarios de guerrilleros presos por integrantes de la Fuerza Pública.
En ese 2010, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 18 años por estas mismas acusaciones; pero siete año después –en 2017– salió airosa de esa decisión en su contra luego de que el Consejo de Estado en un fallo anulara esa decisión y ordenara una indemnización a su favor por el sueldo que dejó de recibir como senadora entre noviembre de 2010 y julio de 2014.
Para el Consejo de Estado, en ese fallo, fueron “ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar (la Operación Fénix en la que fue abatido el jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’). En su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contemplan el reglamento jurídico colombiano y el acuerdo de cooperación de intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador”.
Por otro lado, en abril de 2022 un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Estado indemnizar a Córdoba por las interceptaciones y seguimientos ilegales que hizo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en su contra durante el Gobierno Uribe (2002-2010).
Hasta ahora, la senadora del Pacto Histórico no se ha pronunciado por su inasistencia a esta versión libre en la Corte Suprema.
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