Mientras el presidente Gustavo Petro terminaba de alistar maletas y revisaba su itinerario para viajar a Haití –su primer periplo de 2025 y a bordo con Laura Sarabia como próxima canciller–, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, capoteaba desde temprano a los medios y atendía entrevistas ante la crisis humanitaria, social y de orden público que persiste en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
El día arrancó con un anuncio clave: Cristo confirmó que, si bien en un primer momento Petro anunció que se decretaría el estado de emergencia económica, se resolvió que únicamente se declarará la conmoción interior, posiblemente solo para la región del Catatumbo. Sin embargo, al cierre de esta edición, el mentado decreto con los pormenores de las medidas sigue sin conocerse.
Según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, en el alto Gobierno el objetivo era formalizar la declaratoria desde ayer, pero el proyecto de decreto al final de la tarde aún seguía bajo estudio en la Secretaría Jurídica de Palacio.
Se trata de la hoja de ruta –excepcional y temporal– para atender con medidas extraordinarias las graves perturbaciones del orden público en la región del Catatumbo, que justo este jueves completa ocho días sumida en una alarmante crisis social y de seguridad por cuenta de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.
El saldo es dramático. Si bien hay denuncias de hasta 80 muertos, los datos del Ministerio de Defensa divulgados hasta ayer daban cuenta de al menos 38 víctimas mortales confirmadas –entre ellas seis firmantes de paz–, más de 22.570 desplazados y la entrega de 38 toneladas de ayudas humanitarias. (Ver gráfico)
Sin embargo, frente al número de quienes han tenido que huir de sus hogares, la Defensoría del Pueblo divulgó un reporte más actualizado: los desplazados superan ya los 36.000. Es decir, el 80 % de las personas que se necesitan para llenar el estadio Atanasio Girardot (cuya capacidad es de 46.000 espectadores).
Frente a ello, el ministro Cristo –quien se desplazó hasta Ocaña para atender la emergencia– dio las puntadas de lo que tendrá el decreto. Según el funcionario, la declaratoria de conmoción interior busca atajar tres frentes, el primero de ellos garantizar la seguridad militar y el orden público al “fortalecer la presencia militar, policial, de seguridad y las actividades de inteligencia para pasar a la ofensiva”.
Por otro lado, atender el tema humanitario de manera inmediata con miras a “garantizar la asistencia a cada familia y desplazado”. Finalmente, dada la histórica presencia de grupos como el ELN, las disidencias, Los Pelusos o los paramilitares, se brindarán garantías de inversión social e infraestructura.
No obstante, para Daniel Palacios, exministro del Interior durante el Gobierno de Iván Duque, no era necesario declarar un estado de conmoción interior para adoptar esas medidas. “Para comandar las Fuerzas Militares y de Policía se requiere liderazgo y determinación. Usar una conmoción interior para actuar como comandante en jefe solo habla de la incapacidad del presidente para garantizar la seguridad”, dijo a este diario.
Palacios argumentó que, además de que existe “todo un sistema para la atención de víctimas”, hay herramientas para hacer traslados presupuestales o la contratación rápida. “Si algo ha caracterizado a este Gobierno es la incapacidad de resolver y de ejecutar. Eso no lo cambia un decreto”. Por ello, instó a que haya voluntad presidencial para lograr el máximo despliegue militar. “No es con conmoción sino con acción. Esta situación ha estallado como consecuencia de una política débil frente a los criminales. Las medidas deben iniciar por dejar de consentir a los delincuentes”.
En medio de los reparos, el ministro Cristo respondió que el propósito del decreto es recuperar la normalidad en el Catatumbo, advirtiendo que lo ocurrido desde el pasado jueves “fue una operación premeditada, con sevicia y organizada con mucho tiempo (...) los del ELN botaron a la caneca su última oportunidad de construir paz y ahora nos corresponde enfrentarlos”.
De hecho, ante los coletazos de la crisis, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los guerrilleros del ELN sentados en la mesa de diálogos con el Gobierno, entre ellos, Pablo Beltrán, jefe negociador, y Antonio García, cabecilla militar del ELN.
“El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos da lugar a reactivar las órdenes de captura”, explicó la fiscal Luz Adriana Camargo.