No se ha siquiera radicado el texto de la convocatoria de la consulta popular en el Senado y el presidente Gustavo Petro ya lanzó una amenaza en la noche del Consejo de Ministros este lunes: “El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Si el Senado de la República en sus treinta días no aprueba o no se pronuncia, entonces el presidente por decreto convoca la consulta, como dice la ley (sic)”. Es decir, las marchas convocadas del Día del Trabajo este 1 de mayo son apenas un “refuerzo” en la estrategia del todo por el todo al que aspira el mandatario.
Realmente las movilizaciones empezaron desde la semana pasada con el traslado hacia Bogotá de más de 20.000 indígenas. La mayoría se instalaron en predios de la Universidad Nacional desde la noche del domingo y la madrugada de este lunes, pero según varias denuncias, algunos grupos se salieron de las zonas asignadas en acuerdo con las autoridades y se tomaron varios edificios. En concreto, el mítico auditorio León de Greiff en la plaza conocida con Ernesto Che Guevara e incluso trataron de impedir el ingreso a su despacho al rector Leopoldo Múnera, quien dialogó con los líderes indígenas para llegar a acuerdos.
“Muy compleja la situación en el campus (...) hay personas con machetes y actitudes bastante intimidantes. Me cuentan que hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse”, narró el profesor universitario Diego Torres, quien es miembro del Consejo Superior Universitario (CSU) de ese plantel público.
Como respuesta, la Nacional publicó un comunicado en el que dijo que “todas las acciones se han desarrollado de manera pacífica y amables. Hasta el momento no se han reportado daños a los bienes y edificios”. Pero estudiantes, incluso, grabaron cómo algunos indígenas les impedían entrar a los edificios donde debían recibir clases este lunes.La U. Nacional insistió en que no se debe estigmatizar a las comunidades indígenas aclarando que se están verificando las condiciones logísticas para garantizar los servicios básicos para las comunidades y el cuidado de campus durante su estadía. “En la medida en que sea necesario y posible” se autorizaron algunas clases desde casa. “Invitamos a la comunidad a mantener un ambiente de solidaridad y respeto con los visitantes que permita la convivencia pacífica en la Sede Bogotá”, cierra el documento.
Más allá de la polémica por el uso de machetes y bastones, símbolos propios de la Guardia Indígena, vías de hecho como la toma de instalaciones generan inquietud y caldean los ánimos de cara a las marchas de este jueves. Pero además, la oposición al Gobierno volvió a llamar la atención sobre el uso de recursos públicos para financiar a los movimientos indígenas. Por ejemplo, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, denunció que organizaciones como la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) han recibido millonarios contratos estatales.
Según la congresista del Centro Democrático, durante la administración Petro la ONIC ha recibido contratos que suma $95.178 millones, uno de ellos, de 2023, “permitió la contratación de 117 personas entre las que están un asesor espiritual que en 8 meses se ganó $80 millones; unos delegados indígenas cada uno por una valor de $80 millones, asesores políticos por $76 millones”, reveló en febrero de este año y volvió a ratificar su denuncia.
Sin embargo, no es una sorpresa el apoyo del movimiento indígena al Gobierno Petro desde el principio de su mandato y el de las centrales obreras y la mayoría de movimientos estudiantiles. De hecho, el Ejecutivo ha utilizado desde el 2023 la marcha del 1 de mayo a su favor, cuando históricamente era en oposición al presidente de turno. No por eso se puede generalizar señalando que todos los movimientos indígenas son “instrumentalizados” por el Gobierno como tampoco se puede asegurar que todos están a favor de sus políticas. Precisamente, algunos líderes asentados en la U. Nacional aseguraron que en sus territorios ha habido incumplimientos por parte de funcionarios del Gobierno Nacional. Esas quejas no son de ahora. Por eso, la Minga Indígena acudido al bloqueo de vías nacionales y a la movilización a la capital del país para pedir cita directamente al jefe de Estado.
Lo que cuesta la consulta
Pero los indígenas son solo una parte de la convocatoria hecha por el Gobierno Petro a movimientos sociales de todo el país para que salgan a las calles este jueves festivo. La estrategia incluye un gasto considerable de recursos públicos, en plena crisis fiscal, además de los contratos a la ONIC revelados por la oposición. Por ejemplo, el Ministerio del Interior lanzó una plataforma para que los ciudadanos postulen las preguntas de la consulta popular, antes de que el cuestionario fuera revelado hace algunos días y mucho antes de que el Senado apruebe su convocatoria. Así mismo, el Gobierno está gastando recursos para instalar comités a nivel nacional a favor de la consulta popular, lo que incluye logística y publicidad.
También el Ministerio del Trabajo está volcado con sus funcionarios a hacerle campaña a la consulta. “Nos dicen qué hacer desde Presidencia. Es el presidente Petro quien dice qué hacer al ministro (Antonio Sanguino) y dependemos de lo que nos indiquen”, dice bajo reserva un funcionario de esa cartera.
Sucede lo mismo con otras muchas entidades que, en teoría, no tendrían nada que ver con la consulta, pero también utilizan sus canales y a sus trabajadores para esa campaña, como la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El presidente Petro está montado en la idea de que la consulta va porque va y está dispuesto a gastar el dinero de los contribuyentes para hacerla realidad.
Según la Contraloría, el mecanismo podría oscilar entre 500 mil y 700 mil millones de pesos. “Considero que la obligación que tiene la Contraloría es advertir frente a las dificultades presupuestales y lo que se vaya a afectar (...) Si usted le va a colocar una carga adicional de 700 mil millones de pesos, pues tendrán que salir de alguna parte”, señaló el contralor general Carlos Hernán Rodríguez en un foro hace un mes.
La logística de las marchas
No es solo dinero lo que mueve el Ejecutivo. El aparato estatal incluye herramientas que serán utilizadas para este 1 de mayo. EL COLOMBIANO consultó a fuentes de Presidencia, MinTrabajo y MinInterior para conocer los detalles logísticos de los días previos a la convocatoria. Todo hace parte, coinciden los funcionarios, en un plan para hacerle ver al Senado el poder de convocatoria del Gobierno en las calles como mecanismo de presión, como sucedió cuando la Comisión Séptima hundió la reforma laboral y produjo la idea de la consulta.
Por eso, el presidente Petro anunció que él mismo radicará ante la plenaria del Senado el texto de la convocatoria de la consulta popular y “desenvainará la espada de Bolívar”.
“Este 1 de mayo volvemos a las calles, más que antes. Ese día en la plaza de Bolívar de Bogotá, desenvainaré la espada de Bolívar ante el pueblo. Llegó la hora del pueblo colombiano. A calle por millones por los derechos del pueblo. La espada libertaria de Bolívar nos guía”, dijo en X y lo ratificó en un duro discurso desde el Atlántico la semana pasada.
El mandatario, acostumbrado a los actos simbólicos más que a la ejecución, está decidiendo directamente los últimos detalles de cómo será su entrada al Senado este jueves festivo. Se tiene previsto, según fuentes, que Petro entre al recinto acompañado de los ministros Armando Benedetti (Interior), Antonio Sanguino (Trabajo), Angie Rodríguez (directora del Dapre), algunas congresistas como Martha Peralta, y un grupo variopinta de líderes sociales que aún siguen definiendo en la casa de Nariño. “Quieren entrar la urna de la espada (de Bolívar) al Congreso, luego que el presidente de un discurso en la Plaza. Pero aún no está definida cómo será la entrada”, dice una funcionaria de Palacio. No solo habrá una tarima en la Plaza de Bolívar sino también otra más pequeña en la Carrera Séptima, cerca al centro de la capital y otra en el Parque Nacional, un poco más lejos.
En la estrategia del Gobierno, también estuvo la iniciativa desde la semana pasada de transmitir un espacio televisivo para hacerle campaña a la consulta popular y de paso convocar a las marchas del 1 de mayo. Pero la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negó la solicitud. “En este caso particular, el contenido con referencia ‘1 de mayo Consulta Popular’ remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no fue aprobado, debido a que no se ajustaba a los fines descritos para los espacios institucionales”, señaló la entidad.
Petro, en la noche de este lunes, dijo que la CRC “cometió una irregularidad y quizás prevaricato, porque la ley lo que no prohíbe es que la gente o el Gobierno solicite una consulta, ni que se haga publicidad para ello”. El mandatario pidió apelar la decisión a su equipo jurídico. También insistió en la idea de que todos la mayoría de actores de la vida pública lo quieren censurar y le dio paso al ministro Sanguino quien proyectó un comercial realizado por el Gobierno en el que impulsa algunas preguntas de la consulta.
Según analistas y expertos, la estrategia del petrismo es medirse políticamente con la consulta pensando en las elecciones de 2026. No por nada la organización de los comités en las regiones que significa fortalecer los cuadros políticos que les servirán para impulsar sus candidatos para las elecciones legislativas en marzo y las presidenciales en mayo.
Todo lo anterior se da en medio de una crisis de seguridad en varias zonas del país, como sucedió este fin de semana con la muerte de seis miembros de la fuerza pública y el secuestro de otros diez por parte de las disidencias de alias “Calarcá”. El presidente Petro quiere poner el foco en sus disputas fallidas como la reforma a la salud y la laboral, pero el país sufre otras necesidades que también merecerían un esfuerzo igual o mayor al que le está dando a la consulta popular.
¿”Desenvainar la espada de Bolívar” es un show de Petro?
EL COLOMBIANO conversó con expertos para entender la estrategia del Gobierno el día de las marchas y lo que viene para la consulta popular. El profesor de la U. Externado, Jorge Iván Cuervo, explica que “una cosa es la espada de Bolívar y otra la espalda luego de que el M-19 se apodera de ella (...) eso me parece problemático pues mucha gente no se siente identificada con ese símbolo y tampoco es un buen mensaje que un presidente radique el texto de la consulta con una espada (...) puede ser un mensaje de intimidación al Congreso”.
Por su parte, la abogada Juliana Morad, profesora de la U. Javeriana, explica que incluso el presidente Petro se está saltando pasos constitucionales. “Aprovecha un día de los trabajadores para presionar un voto favorable a la consulta popular (...) eso es criticable porque elude cualquier crítica jurídica o constitucional y se concentra en una dinámica electoral cuando una consulta necesita estudios por parte del Congreso y la Ley”.
También, la politóloga Patricia Muñoz señala que el Gobierno busca mezclar distintos tipos de estrategias para lograr algún objetivo y eso incluye los símbolos. “Es un ejercicio de movilización, pedagogía y difusión (...) es importante para que el presidente Petro logre convocar a la mayor cantidad de ciudadanos”.
