Sin duda, en el Consejo de Ministros quien se robó la atención fue la joven directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda, quien tiene estudios en Historia y posgrados en Economía y otras áreas, lo que la ha convertido en una figura de relevancia en la toma de decisiones frente a la política de drogas del Gobierno. Su mayor problema es que se enfrenta a la coyuntura más retadora en la historia de los cultivos ilícitos en Colombia. En 2023, de acuerdo con el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas, hubo 253.000 hectáreas de hoja de coca en todo el país.
En Catatumbo, zona de frontera, podría haber más de 50.000, lo que es una gran parte del territorio. Eso significa que la economía de esa región gira entorno a la coca, fortaleciendo a los grupos armados, y que ha financiado la guerra con más de 70 personas muertas, casi 60.000 desplazados y 30.000 personas confinadas tras la andanada de ataques del ELN en su ofensiva contra las disidencias de las Farc y viceversa. El mismo informe de Naciones Unidas estableció que hubo un aumento del producción potencial del 53 % en la cocaína.
Esto significa que Miranda tiene montaña arriba la mayor oferta de hoja de Coca en una zona dominada por actores armados, que gozan de una frontera porosa como escape.Miranda tiene una propuesta innovadora que le explicó al presidente Petro en el Consejo de Ministros. Un pago de $ 1.280.000 mensuales por un año a todos los campesinos cultivadores que se comprometan con la erradicación; además, no habla de sustitución de cultivos, sino de “sustitución de economías”, lo que significa una mirada más amplia y de mayor acompañamiento a los campesinos para que los nuevos cultivos lícitos puedan significarles una entrada de recursos para la subsistencia, escapar de la pobreza y estabilidad.
Pero del discurso y de las promesas de la política pública al terreno hay un trecho grande. Para empezar, la sustitución de cultivos a partir de la erradicación manual y voluntaria no es algo nuevo. En Colombia se ha intentado con énfasis desde el Acuerdo de paz con las Farc del Gobierno Santos. Pero las cifras demuestran que los cultivos han aumentado desde entonces en todas las regiones con ejércitos criminales y en los llamados cluster o enclaves de producción, entre los que están Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo.
Además, los campesinos se han quejado, como lo hicieron de nuevo este martes, de que la formulación de estas políticas debe ser concertada con ellos; no se trata de una intervención esporádica del Estado, porque justamente son zonas amenazadas y financiadas por la mafia. EL COLOMBIANO habló con Estefanía Ciro, Ph.D en sociología y una de las mayores expertas del tema en Colombia y México y explicó los problemas de esta iniciativa.
¿Es realista la promesa de erradicar 25.000 hectáreas en el Catatumbo?
“No es realista, por el simple hecho de que la gente no se va a inscribir, como ha mostrado el ritmo de inscripciones en Cauca y en Catatumbo. Las cuentas no cuadran en ningún bolsillo. Es realista si desde el PNIS se propicia una campaña en la que se asuma la violación de los Derechos Humanos, la estigmatización y la persecución a los campesinos con operaciones de erradicación forzada, y esté dispuesto a asumir las consecuencias de la reconfiguración del conflicto en plena campaña electoral poniendo el riesgo la legitimidad del primer Gobierno de izquierda en el país; además, entendiendo que eso no va a alterar en lo más mínimo la producción de cocaína y el consumo en el mundo en el mediano ni en el largo plazo. La pregunta no es si es realista o no, sino a quién le hace esa promesa y a costa de quiénes la hace”.
¿Qué efecto tendría para los campesinos recibir casi un salario mínimo para dejar de sembrar si en el territorio la presencia de los grupos armados coacciona de otras maneras a los cultivadores?
“Como dijo la Comisión de la Verdad, el campesino cocalero es un actor central en la historia política de este país y es un actor en disputa. El Gobierno nacional sigue creyendo que es un actor recipiente de programas sociales que se puede estigmatizar según la coyuntura política del momento, y usarlo para los ejercicios de securitización y militarización territorial. Convertir a las familias campesinas en trofeos políticos lo único que hace es exponerlos a mayores violencias y presiones de los actores armados (quenes están en contra y quienes a favor del PNIS), a la explotación del mercado y de la política de drogas. Adicionalmente no tiene ningún sentido que un Gobierno que promete que el cambio de política es sustituir economías por otras, como el gran invento político para la transición económica, quiera seducir a las familias campesinas con ofertas tan pobres. Finalmente, la gente en el Catatumbo está pensando en cómo volver a su hogar en condiciones dignas y seguras, no en resolver el problema de la descertificación del Gobierno de Gustavo Petro. Es la dirección de política de drogas y la dirección de sustitución la que debe asumir su responsabilidad en dos años de incapacidad política para transformar los territorios cocaleros, no son los campesinos los que deben rendirle cuentas al Gobierno o “apostarle a la paz” como dijo el presidente. Además, 250 mil familias campesinas cocaleras componen por lo menos 1 millón de personas en el país, y por lo menos 500 mil votos; una población que no es menor, sobre todo en año electoral”.
Después del estado de conmoción interior en el Catatumbo, ¿qué debería realmente hacer el Gobierno para implementar políticas sostenibles en ese territorio?
“Lo primero que debe hacer es reconocer y darle fuerza al Pacto de Catatumbo, y entender que las políticas territoriales de desarrollo no pueden estar atadas a agendas policivas o militaristas, y menos, encuadradas en negociaciones de política internacional, como la de la lucha contra las drogas. El desarrollo regional debe ser una estrategia soberana enmarcada en los principios de inclusión social y paz. Una crisis humanitaria de esa envergadura lo que menos necesita es convertirla en un trofeo político internacional. Es urgente fortalecer la autonomía de las organizaciones sociales que han hecho un llamado claro desde el Catatumbo a la paz y a la unidad”.
