El mandatario habló de las pruebas que tienen los magistrados en contra de su campaña. Concentró las evidencias en tres grupos: donaciones, actos antes del inicio y después del fin de la campaña, y supuestos errores en facturas.
Al insistir una vez más en su tesis de un golpe de Estado, e incluso, arreciando en su discurso contra los medios de comunicación, este martes el presidente Gustavo Petro dio sus propias explicaciones frente a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de su campaña por presunta violación de topes electorales por más de $5.355 millones.
En un extenso mensaje a través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado cuestionó el proceso adelantado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, reclamando que, “para hacer ver” que se sobrepasaron los topes, “sumaron gastos de primera vuelta con gastos de segunda o gastos de consulta con gastos de primera vuelta”.
En esa línea, el primer mandatario sostuvo que los cargos que le formulan a su campaña se podrían dividir en tres grupos: donaciones de sindicatos a partidos políticos, actos antes del inicio y después del fin de la campaña, y supuestos errores en facturas de la empresa de aviación en la que se transportaron, así como de la compañía Caracol Televisión.
Según la investigación adelantada por el CNE, en primera vuelta, al parecer, la campaña del Pacto Histórico habría omitido un aporte de $500 millones por parte del gremio de maestros Fecode, a lo que se suma la aparente omisión de un aporte del Polo Democrático (por otros $500 millones), así como uno de la Unión Sindical Obrera – USO, por $121 millones y otra supuesta omisión de pagos a testigos electorales por $931 millones.
Por otro lado, en segunda vuelta, se presume que se omitieron pagos a testigos electorales por $177 millones, otro aporte de la USO por $379 millones y un aporte de la Colombia Humana por $530 millones.
Ante ello, insistiendo en que las donaciones de Fecode y la USO fueron realizadas a partidos políticos del Pacto y no a la campaña, Petro defendió que, a diferencia de colectividades de izquierda, “todos los partidos” han recibido donaciones de “empresas muy grandes antes y durante las campañas”. En ese sentido, declaró que los partidos de izquierda únicamente reciben donaciones de sindicatos de trabajadores.
“En nuestro caso, la campaña rechazó toda donación de persona jurídica cumpliendo la ley. Las donaciones de la USO y Fecode fueron a partidos políticos de izquierda y a sus propias actividades, pero nos lo suman como si fueran gastos de campaña, que no hicieron lo mismo con campañas de derechas y sus empresas donantes”, reclamó Petro.
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Frente a los actos de campaña, el primer mandatario le achacó a “alguna prensa” el registro noticioso de diversos actos proselitistas del entonces senador antes de ser candidato como si fuera campaña, “aduciendo una financiación oscura cuando eran simples reuniones políticas de acuerdo a mi derecho constitucional”.
De acuerdo con la ponencia que pide investigar a Petro, al parecer la campaña no registró el gasto de $100 millones para el alquiler del Movistar Arena el 19 de junio de 2022. El CNE sostuvo que, si bien el evento se pactó en $250 millones, la campaña únicamente reportó un gasto por $150 millones.
En respuesta, Petro declaró que el CNE “no encontró ninguna evidencia” de dineros oscuros en su campaña; sin embargo, insistiendo en que los magistrados están “aferrados de manera predeterminada a buscar que se superaran los topes en su informe”, dijo que el CNE escogió actos de antes del inicio de campaña, “como la consulta presidencial o los actos después de finalizadas las elecciones: como el festejo de la gente o los testigos electorales y se los sumó a los gastos de mi campaña sea en primera vuelta o sea en segunda”.
Es decir, según Petro, la actividad del pago de los testigos electorales correspondió a actos realizados “finalizadas las elecciones”. Por ese rubro, el CNE advierte violaciones de topes por $1.311 millones, tanto en primera como segunda vuelta.
Finalmente, el primer mandatario habló de los servicios que ofreció la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), una compañía contratada para los vuelos personales de Petro y para la campaña al Congreso del Pacto Histórico. El documento de los magistrados investigadores señala que pudo haber una manipulación de las facturas de SADI para no violar los topes.
En primera vuelta, se estima, hubo violaciones a los topes por $1.249 millones. En segunda vuelta, por concepto de vuelos de SADI, ese monto ascendió a $962 millones.
En respuesta, Petro, en referencia a “alguna prensa”, dijo que un sector de los medios “se dedicó a hacerme propietario de un avión y a decir que el avión que usábamos era pagado con criptomonedas de una tal Daily Corp cuyos directivos al parecer construían una pirámide de criptomonedas y estaban presos”. No obstante, declaró que uno de esos directivos, “presionado en la Fiscalía para buscar beneficios jurídicos”, acusó al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, de recibir criptomonedas
“En el proceso el mismo CNE recibió declaración de ese directivo donde dice que solo de oídas escuchó esa información. Examinadas las facturas se demuestra que nosotros pusimos como gasto de campaña todas las horas que usamos el avión, pero los ponentes usaron solo una facturación que hizo la empresa sin las correcciones hechas incluso en tiempo real y con notas crédito en la DIAN que todas las empresas usan cuando suceden estos errores”, explicó el mandatario.
El primer mandatario dijo que si se cuenta por horas efectivamente voladas y no por permiso de vuelo, como hicieron los ponentes, y se separa las fechas por las fases mismas de los periodos electorales “se encuentra que la contabilidad de la campaña está bien. Eso mismo encontró el CNE a través de su propia empresa de auditoría cuando examinó en el tiempo legal nuestra campaña y expidió acto administrativo afirmándolo, por lo cual se nos entregó los dineros públicos para pagar nuestros gastos”.
Por otro lado, se refirió a los servicios de propaganda electoral que la campaña adquirió con Caracol Televisión, las cuales fueron emitidas en página web y otros medios del canal del 2 al 23 de mayo de 2022. Se reclama en la investigación del CNE que la campaña omitió reportar esa factura, por valor de $356 millones.
De acuerdo con el jefe de Estado, los ponentes del CNE, “para hacer ver que se sobrepasaron topes, sumaron gastos de primera vuelta con gastos de segunda o gastos de consulta con gastos de primera”, tanto en la facturación del avión como en la de Caracol Televisión. Incluso, cuestionó a la compañía “esta última extrañamente, no hizo claridad pública del hecho”.
Por todo ello, defendió que las contadurías de las empresas no dividen sus facturaciones de acuerdo a los tiempos de la campaña, situación que sí deben hacer las contadurías de campaña. “La campaña (las) presenta en libros y en tiempo real al inscribirlas en Cuentas Claras, cuáles son las cuentas de consulta presidencial, cuáles de primer vuelta y cuáles de segunda vuelta. Las contadurías privadas no tiene este cuidado y por eso hay correcciones”, agregó.
Finalmente, responsabilizando a “la presión de alguna prensa de ultraderecha, y por decisión política de esos grupos”, Petro alegó que arrancó el proceso investigativo con “una ponencia centrada en buscar sobretopes, donde nos los había con un propósito: usar el artículo 109 (de la Constitución) en la Comisión de Acusaciones y dar el golpe de Estado”.
Lo cierto, como lo ha contado este diario, el supuesto golpe no tiene que ver nada con el CNE porque este solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos.
Las advertencias del presidente parecen tener que ver con la eventualidad de que el caso pase a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a las plenarias del Congreso para que, de ser el caso, se vote el juicio político que, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, podría significar la pérdida del cargo: “La violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”, dice el artículo.
Sin embargo, ese escenario parece lejano y la definición de cualquier consecuencia sobre su campaña podría verse incluso después de que Petro abandone el cargo en agosto de 2026. Así lo han explicado varios juristas y exmagistrados del CNE que conocen bien los tiempos y la forma en la que operan las investigaciones.
