El presidente Gustavo Petro respondió este jueves a la carta que 20 exministros y exviceministros de Salud elevaron por cuenta de la reforma a la salud que promueve el Gobierno Nacional en el Congreso. Según el mandatario, se trata de un proyecto que suma más de un año de discusión, “mucho más que la Ley 100 que defienden”.
En la misiva –firmada entre otros por los exministros Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Diego Palacio y Fernando Ruiz–, expresan nueve preocupaciones frente a la iniciativa y alertan por vicios de forma en el trámite del proyecto, que este jueves avanzó y está lista un 91 %.
“La salud de cada colombiano trasciende cualquier interés político o promesa de un gobierno. Hemos intentado, con claridad y rigor técnico, comunicar nuestras preocupaciones ante el proyecto de reforma 339 de 2023 y ante el deterioro acelerado que presenta nuestro sistema de salud en el último año. Nuestras voces han sido ignoradas”, dicen los exministros en el texto.
Insistió en que se debe enfocar la discusión en la “humanización de los servicios y en los pacientes” –recordando que hay 86.000 colombianas enfrentando una batalla contra el cáncer de seno–, reseñan que las familias han contado con una red de hospitales y clínicas para recibir tratamientos y medicamentos, “sin distinción política, social o económica”.
En esa línea, cuestionan si los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) podrán gestionar y asegurar la continuidad de esos tratamientos vitales. También cómo responderá el Estado cuando la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), “se vea sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales” y los retrasos en los pagos amenacen la sostenibilidad de los hospitales.
“Los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma, tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones”, reclaman, al tiempo que insisten en la necesidad de trabajar en una reforma “que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos”.
En la misiva alegan además que el proyecto ha sido aprobado a través de artículos en bloque, “sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender las voces expertas”, que han señalado los inconvenientes y contradicciones en los textos.
“La manera como se ha llevado a cabo la votación, en especial en los últimos días, falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente, como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho fundamental como el de la salud”, agregan.
En primer lugar, advierten que la reforma incumple mínimos inconstitucionales: “no han definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición”. En segundo lugar, dicen que se dificulta el acceso a los servicios de salud y no atiende la calidad. “Múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a usuarios y pacientes a acudir a muchas instancias que no tienen claras sus responsabilidades y funciones”.
En tercera instancia, reclaman que se elimina la libre elección y, en cuarto lugar, que desaparece el aseguramiento: “Las cuatro funciones esenciales de las EPS quedarán dispersas en hospitales públicos de mediana y alta complejidad, lo que lleva a una desarticulación del sistema y refleja poca claridad de cara a las personas”.
En el quinto punto aseguran que sin la Unidad de pago por capitación (UPC) habrá mayor ineficiencia y menor protección financiera: “Ese valor fijo mensual dejará de pertenecer a cada persona y pasará a ser asignado directamente a los más de 25.000 CAPS para que atiendan la población”. Por ello, en sexto lugar, indican que se arriesga la gestión financiera, pues la “ADRES no cuenta con las capacidades para desarrollar las tareas que le están asignando”.
En el séptimo punto de la carta alertan por mayores riesgos de corrupción, error e inoperancia debido a un sistema público sin controles, y –en octavo lugar–, que los trabajadores de la salud quedarán en riesgo, pues “no existe un solo artículo dirigido a financiar el costo adicional de la formalización laboral en el sector”.
Finalmente, alegan que la reforma carece de aval fiscal para su sostenibilidad, pues el análisis que debe hacer el Congreso debe hacerse a la luz del marco fiscal de mediano plazo incluyendo sus fuentes.
“Mientras se discute la reforma en el Congreso, la operación del sistema de salud avanza al colapso por falta de liderazgo, gestión y de decisiones acertadas (...) La desfinanciación del sector no está siendo atendida por el Gobierno, a pesar de las advertencias, y miles de usuarios y pacientes han dejado de acceder a los servicios y tratamientos que venían recibiendo. Requerimos un cambio que no destruya y una reforma a la salud que garantice la progresividad del derecho”, concluyeron.
Frente a ello, Petro defendió que los firmantes “saben que se puede votar en bloque artículos” y aseguró que ellos mismos lo propusieron en el Congreso “muchas veces, de eso soy testigo”. Declaró que el proyecto lleva un año ya de discusión, “mucho más que la ley 100 que defienden y que nosotros pretendemos reformar”.
