El mandatario solicitó a la OEA y a la Celac una reunión urgente para evaluar la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los estados de México y Ecuador.
El presidente Gustavo Petro calificó de “bárbara” la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada de México en Quito. Desde ya, el mandatario colombiano anunció que presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las aparentes arbitrariedades que cometió Ecuador.
Es que en la madrugada de este sábado hubo un gigantesco operativo –de policías y militares ecuatorianos– que acudieron hasta la sede diplomática de México en Ecuador.
La operación terminó con la captura del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien había solicitado asilo en esa embajada desde el 17 de diciembre del 2023.
“Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo”, fue la reacción del presidente Petro cuando conoció el operativo de las autoridades ecuatorianas.
México consideró este hecho como una violación del Derecho Internacional y de su soberanía. Decidió, entonces, romper de manera “inmediata” las relaciones con Ecuador.
El gobierno de Quito, por su parte, defendió su medida y alegó que el asilo otorgado a Glas es un “abuso de las inmunidades y privilegios” concedidos a la misión diplomática.
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“Colombia promoverá acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo”, señaló el presidente Petro.
El jefe de Estado, además, pidió que la Organización de Estados Américanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reúnan con urgencia para examinar la ruptura de la convención de Viena por parte de Ecuador.
El exvicepreisdente Glas, por su parte, fue trasladado hasta una sede de la Fiscalía en Quito. Contra él pesaba una orden de captura por una investigación que lo compromete como posible responsable del delito de apropiación o uso ilegal de bienes del Estado.
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