Al saturado ambiente legislativo que se vive en el Congreso de la República, el Gobierno del presidente Gustavo Petro le sumará otra reforma más: una nueva reforma política. El proyecto sería radicado este martes 24 de septiembre por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y busca cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los mecanismos que rigen el funcionamiento y actuación de los partidos políticos.
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En ese sentido, esta reforma tiene la intención de fortalecer la organización de los partidos, así como las condiciones para que estos mantengan su personería jurídica, que es el requisito para que puedan participar en las distintas elecciones: a Congreso, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales.
Al respecto, se plantea agregar otro requisito para que mantengan la personería, que es tener una base de afiliados o militantes que sea de al menos el 0,2 % del censo electoral (cantidad de personas habilitadas para votar) actual. Ese porcentaje corresponde, según el censo de 2023, a 77.810 personas.
Lo anterior se sumaría al requisito actual que señala que las colectividades obtengan mínimo el 3 % de la votación para las elecciones a las que presenten candidatos.
Por otro lado, propone la obligatoriedad de las listas cerradas para las elecciones pluripersonales, que son en las que se presentan varios candidatos por partido para ocupar asientos en corporaciones como el Congreso de la República.
Las listas cerradas son un mecanismo de elección en las que los partidos presentan una lista de candidatos en un orden establecido por la que los ciudadanos pueden votar, pero no por una persona en específico, sino por la colectividad en conjunto. A esto se le conoce como voto no preferente.
Entre tanto, la reforma política propone un cambio institucional en el CNE, que consiste en que los magistrados que la integran (nueve) sean elegidos para periodos de seis años y no de cuatro, como es actualmente. También serían escogidos mediante un concurso de méritos público organizado por la rama judicial y deje de ser, como funciona hoy en día, una elección que hace el Congreso de unos candidatos que proponen los partidos políticos.
Los candidatos a magistrados serían propuestos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, cada una pondría tres miembros.
Así mismo, estos elegibles para ser magistrados del CNE tendrían como condiciones que, para ser candidatos, no hayan sido directivos de algún partido o movimiento político en los siete años previos a la postulación ni que hayan sido electos para un cargo de elección popular en el mismo tiempo.
A estos requisitos también se agregaría el de haber nacido en Colombia y tener experiencia mínima de 15 años como abogado o como profesional en asuntos electorales; así como la prohibición de que en los dos años siguientes de terminar su periodo como magistrados sean nombrados ministros o directores de departamentos administrativos.
Finalmente, el CNE tendría cinco funciones nuevas: revisar actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el desarrollo de elecciones; hacer depuración del censo electoral y realizar la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular; fijar el monto máximo de gastos en las campañas electorales y distribuir los aportes estatales para su financiamiento; colaborar con otras entidades en la investigación administrativa y penal sobre el control de financiación de campañas, y dirigir la realización de los escrutinios.
El CNE actualmente investiga la campaña Petro Presidente de 2022 porque, presuntamente, habría violado los topes de financiación.
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