El Gobierno del presidente Gustavo Petro les pidió 100 millones de dólares a acreedores internacionales para financiar una de sus propuestas más ambiciosas: comprarles 3 millones de tierras a los ganaderos y entregárselas listas para trabajar a comunidades indígenas, afro, campesinas y víctimas del conflicto armado.
Así se lo confirmó la ministra de Agricultura, Cecilia López, a EL COLOMBIANO, quien explicó que el crédito –que será entregado por el Fondo Verde para el Cambio Climático de la ONU– no solo servirá para adquirir predios, sino también para poner en marcha proyectos productivos.
“Es uno de los créditos más grandes en América Latina para agricultura sostenible. Parte de ese dinero no es reembolsable”, enfatizó la funcionaria.
Según los cálculos más optimistas de López, el Estado podría comprar cerca de 500.000 hectáreas anuales, con lo cual solo alcanzaría a adquirir la mitad de lo que está ofreciendo Fedegán para el 2026. Esto implica que necesitará que el próximo Gobierno continúe con esta política.
Se trata, sin embargo, de una labor titánica para este Gobierno. Aquí están las cinco claves del proceso.
La oferta de venta la hacen los ganaderos
Por ahora, ni el Ministerio de Agricultura ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tienen claros cuáles son los municipios específicos en los que se llevarán a cabo las transacciones.
Esto es, en parte, porque aún falta que se hagan propuestas formales de los ganaderos, debido a que la filosofía misma del acuerdo plantea que serán procesos de compraventa voluntarios. Y también se debe a que el Ministerio de Agricultura prometió hacer una juiciosa evaluación de cada predio.
Y, en ese contexto, la ministra López le dijo a EL COLOMBIANO cuál será el paso a paso de estas compras. Lo primero es que el Estado no hará propuestas para comprar ninguna tierra, sino que esperará a que haya una oferta de parte de cada ganadero.
Por eso, fue clave la mediación de Fedegán, ya que esa organización ayudó a sacar el cálculo de los 3 millones de hectáreas que los ganaderos estarían dispuestos a vender –según estimaciones del Dane en Colombia hay cerca de 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería–.
Luego viene un proceso mucho más largo y complejo. “Se verifica con un pull de abogados que los predios no tengan ningún problema legal, que no violen ninguna norma. Después hay que ubicarlos dentro de los mapas que tiene la Upra ( Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) para saber qué tan productivos son”, explicó la ministra.
Después viene la fijación de precios máximos y mínimos de precios y la realización del catastro que permitirá avaluar correctamente las tierras. Por último, se hará la entrega de predios a comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto.
Ya hay listas de reclamantes que las reciben
Pero, ¿cómo se sabe quiénes son esas personas con el derecho a recibir las tierras? El director de la ANT, Gerardo Vega, le dijo a este diario que tienen un extenso listado de personas reclamantes de tierras.
“Aquí en la agencia hay 142.000 solicitudes represadas de gente que ha dicho que no tiene tierra o que la que tiene no le alcanza. De ellas, ya se han estudiado 72.000 solicitudes y hay otras 70.000 que están pendientes de revisión. Aquí nadie se va a inventar nada”, aseguró Vega.
Según señaló, la reforma agraria no solo se limitará a la entrega de predios, pues también buscará que los campesinos tengan el apoyo suficiente para producir alimentos.
Este Gobierno definió unos nuevos criterios para determinar qué tantas hectáreas les entregarán a cada familia. Por ello, la unidad de medida que usarán para determinar la porción de la tierra en cada caso serán las UAF (Unidades Agrícolas Familiares), que tienen en cuenta dos aspectos.
Primero, que el predio tenga la extensión adecuada para que sus ocupantes puedan obtener ingresos de su trabajo y conseguir un “excedente capitalizable”. Y segundo, que la parcela no sea tan grande como para que tengan que contratar a más personas para trabajar la tierra.
¿Cómo les pagarán a los ganaderos?
En el acuerdo firmado entre el Gobierno y el gremio de los ganaderos está expuesto que los pagos por las tierras se harán por medio de “bonos de deuda pública” y otras formas de pago que serán definidas por el Estado.
Estos bonos son un mecanismo de financiación que usan los Gobiernos frecuentemente para varios fines fiscales o sociales. Lo que hacen es salir a vender deuda con intereses a inversionistas interesados. Cuando el plazo se cumple, el Estado paga lo que debe y a eso le suma el interés acordado.
En todo caso, este es uno de los temas que aún está bajo la evaluación de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura. “Lo que uno pensaría es que lo más adecuado son títulos de deuda, pero vamos a mirar”, dijo la ministra.
La medida ha despertado preocupaciones, pues en pocas palabras implicará que el Estado aumente la deuda pública. Más aún porque podría contraer obligaciones financieras en un momento en el que las tasas de interés están por las nubes a raíz de las recientes decisiones del Banco de la República –que sube las tasas de interés, precisamente, para que la gente no se endeude–.
No se compran tierras o predios con líos
Una de las dudas que se han planteado algunos sectores tiene que ver con la legitimidad de los predios que va a comprar el Estado. Como es una transacción masiva, hay temores de que acaben adquiriendo predios que estaban envueltos en líos legales.
Al respecto, la ministra de Agricultura ha dado un parte de tranquilidad. Según ella, garantizarán que son predios saneados y sin enredos fiscales por medio del cruce de varias bases de datos.
Por un lado, señaló que las cifras de la ANT apuntan a que en Colombia hay cerca de 6 millones de hectáreas que han sido objeto de acciones de despojo. Como ya están identificadas, no entrarán en la negociación. López dijo que también revisarán los registros de la Unidad de Víctimas antes de cualquier transacción.
La ruta para titular otros 7 millones
El proceso de compra de tierras no será sencillo, ni rápido. Por ello, hay otros mecanismos de los que podrá echar mano el Estado para agilizar la reforma agraria.
Por un lado, la ministra López ha dicho que tienen la carta de la titulación de tierras. En total, se calcula que el Estado podría titular alrededor de 7 millones de hectáreas. Es decir, formalizar a los nuevos dueños de esos terrenos para que los pongan a producir legalmente.
El Gobierno espera que en los primeros 100 días del Gobierno se titulen más de 800.000 hectáreas tituladas y que para el final del Gobierno esta cifra ascienda a 1 millón.
También está la opción de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que recientemente dijo que identificó 102 terrenos baldíos que podrían ser arrendados a las comunidades. Se calcula que de esa fuente podrían salir alrededor de 125.000 hectáreas.
Por último, el Ministerio de Agricultura está pendiente de conocer los detalles de una sentencia de la Corte Constitucional que le reconoce al Estado colombiano la propiedad sobre una serie de terrenos baldíos. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce cuáles son los predios que fueron cobijados por esa decisión y, por tanto, cuántas hectáreas obtendría el Estado para repartirlas después.
“La intención es que mucha de esa tierra quede en manos de mujeres”
Cecilia López, ministra de Agricultura, le contó a EL COLOMBIANO los detalles que siguen para poner en marcha esta apuesta.
¿Qué gana Fedegan con este acuerdo?
“Ellos han insistido en esta propuesta, la han trabajado y discutido con nosotros. La propuesta inicial la pasaron y sobre esa trabajamos. Además de eso, ellos han ofrecido asesorías para el caso de aquellos que quieran comprar la tierra y hacer ganadería. Ellos, los ganaderos, se van a mover hacia sistemas más sostenibles, para tener con menos tierra, con sistemas silvopastoriles, mucho más ganado”.
Usted había dicho que debían hacer ajustes para que los predios lleguen a las mujeres campesinas. ¿Cómo garantizar eso?
“Estoy vinculando a Ana María Ibáñez, una de las investigadoras más destacadas del país en tema de tierras y de género, para que nos ayude a ver cómo tenemos que ajustar la normatividad. La intención es que mucha de esa tierra quede en manos de las mujeres. Para eso tenemos que entender cómo está la situación de propiedad de la mujer, que es muy baja, y cómo están sus condiciones en términos de acceso crédito, entre otros componentes. Con base en eso abrimos los ajustes legales necesarios, porque hoy la tierra que se entrega por unidades familiares con título o, si es nueva, a parejas”.
Usted dijo, ministra, que el catastro multipropósito va muy lento. ¿Qué hacer para movilizarlo?
“La idea es hacer pilotos y estamos pidiendo la asesoría del Gobierno de Corea, que es el que más ha trabajado y ha tenido mucho éxito en su reforma agraria. Queremos ver qué nos recomiendan para simplificarlo y hacerlo en las áreas donde se requiera definir los precios para comprar la tierra y que, obviamente, nos ofrezcan”.
Hay 7 millones de hectáreas que se quieren formalizar. ¿Ya tienen fechas para esos procesos?
“Ya empezamos hace 20 días y estamos entregando 681.000 hectáreas. Creemos que, a final de año, pasamos a tener un poco más de 800.000 hectáreas y podemos llegar al millón de hectáreas. Los cálculos nos dan que podrían ser unos dos millones de hectáreas entregadas, quedarían faltando los otros 5 millones”.
¿Cómo garantizar que el siguiente Gobierno continúe con estos procesos?
“Lo que tratamos de hacer es dejar un modelo tan exitoso y eficiente que el próximo gobierno, cualquiera que sea, lo sostenga. El país lo debe pedir y, por eso, tenemos que ser exitosos para que esta política continúe y que la reforma agraria, que ya comenzó, realmente sea una realidad en Colombia”.
¿Cuántas hectáreas esperan obtener a través del fallo de la Corte Constitucional?
“Ni idea, hay que esperar que llegue la sentencia para ver qué dice. Aún no es seguro si sería incluido en el famoso Fondo de Tierra. Hasta que no conozcamos todo el contenido de la sentencia, es muy difícil, casi imposible, hacer algún avance en ese sentido”
