El presidente Gustavo Petro le pidió este viernes a la Corte Constitucional realizar una audiencia pública para discutir la reforma pensional.
En el documento dirigido a la sala plena del Alto Tribunal, el mandatario solicitó que se abra este espacio de discusión de la denominada ley 2381 de 2024, que establece un nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.
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“La legitimidad del control de constitucionalidad descansa, en última instancia, sobre la calidad de la deliberación que antecede a las decisiones de la Corte”, afirmó el Presidente.
¿Por qué Petro pidió una audiencia pública sobre la reforma pensional?
En ese sentido, señaló que una audiencia permitiría no solo fortalecer el análisis jurídico de la Corte, sino también profundizar el debate entre ciudadanos, académicos y sectores sociales.
Agregó en sus argumentos que han llegado varias peticiones de ciudadanos, desde la academia y organizaciones sociales, que han solicitado la convocatoria de esta audiencia. Entre quienes han hecho la petición se encuentran la Universidad de Antioquia y el jurista Rodrigo Uprimny.
En la carta de Uprimny entregada a la Corte señala que se justifica una audiencia pública “para aportar elementos de juicio que le faciliten a la Corte resolver si el invocado en la demanda es un vicio de procedimiento”.
Esta petición hecha por el presidente se da luego de conocerse que la única reforma social del gobierno Petro que ha pasado su trámite legislativo por el Congreso pueda quedar en riesgo de caerse durante el estudio jurídico en el Alto Tribunal.
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Según las informaciones conocidas, la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pide tumbar en su totalidad la norma al argumentar que incumplió un requisito fundamental: la doble instancia o aprobación en doble fase, exigida para los proyectos de ley en el Senado y la Cámara de Representantes. Según el documento, esto se debe a que el debate en la plenaria de la Cámara fue omitido de manera sustancial.
Esta ponencia tendría argumentos similares a la demanda instaurada por la senadora Paloma Valencia, quien solicitó declarar inexequible la reforma argumentando que el proyecto se aprobó sin debate el texto proveniente del Senado.
