El mandatario llegó hasta Cúcuta junto a su mano derecha, Laura Sarabia y los ministros de Educación, Daniel Rojas y del Interior, Juan Fernando Cristo, entre otros funcionarios. De ahí viajaron en helicóptero hasta Tibú, según pudo confirmar este diario, y se dirigen hacia el Puesto de Mando Unificado (PMU).
El presidente Petro “llega al Catatumbo para liderar un Consejo de Seguridad, con el fin de evaluar la situación de violencia que afecta a la región y definir las medidas necesarias para hacerle frente. Acompañado de su equipo de Gobierno, el mandatario se reunirá con autoridades departamentales, la cúpula militar y representantes de la sociedad civil”, comunicó Presidencia.
Las calles, sin embargo, están vacías y reina el terror por la escalada de violencia. El fuerte dispositivo de seguridad del jefe de Estado no le da la tranquilidad suficiente a los pobladores de ese municipio para que salgan de sus casas.
“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X. En esa red social aseguró que “se reportan más de 30 personas muertas, según información en confirmación, al menos 5 firmantes de paz asesinados, 10 heridos, líderes han sido asesinados o se encuentran refugiados, secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases”.
Tibú, en concreto, enfrenta una grave crisis de orden público que se desató tras la masacre de la familia López Durán.
Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, mantienen a la región en un limbo de terror. La tensión en la región del Catatumbo ha alcanzado un punto crítico, dejando al comercio paralizado, con cierres obligatorios por seguridad y una población aterrorizada.
El temor también ha obligado a las principales empresas de transporte a suspender sus operaciones, lo que mantiene a la comunidad en una especie de toque de queda, pues no hay cómo movilizarse.
También este viernes, el presidente anunció que, por segunda vez, se suspenden los diálogos de paz con esa guerrilla.
La crisis en la región, si bien viene de tiempo atrás, se acrecentó tras el asesinato de una familia en la vereda La Valera, la conmoción por la violencia de los hechos alertó a la población y aumentó la presión sobre las autoridades para actuar. La recompensa de $100 millones ofrecidos para capturar a los responsables puso los ojos sobre el territorio.
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