El Gobierno Nacional insiste en su idea de acudir a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar, principalmente, la crisis en Venezuela. Por ley, esta instancia está pensada para que los expresidentes y otros exfuncionarios, como exministros de relaciones exteriores, asesoren al mandatario de turno.
Sin embargo, en medio de la polarización política, en los últimos años no han asistido todos los expresidentes pues tienen algunas diferencias políticas e incluso personales entre ellos.
Sin embargo, desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro liderará este martes una nueva sesión de la Comisión, en la que se espera que vuelvan a asistir los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, pero también otros exmandatarios, como lo ha pedido y gestionado el canciller Luis Gilberto Murillo.
Según pudo conocer EL COLOMBIANO, con fuentes en Presidencia, más allá de discutir o debatir la posición del Gobierno frente a Venezuela, el presidente Petro busca explicar por qué ha mantenido “cautela y prudencia”. Su estrategia se ha concentrado en pedir que se conozcan las actas de las elecciones, pero no ha reprochado con contundencia los abusos cometidos por Maduro y su cúpula.
A esa estrategia se han sumado, con matices, Lula da Silva, presidente de Brasil, y más a favor de Venezuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, los participantes en esta Comisión pueden jugar un papel más simbólico. Aun así, el canciller Luis Gilberto Murillo ha insistido en persuadir los expresidentes para que asistan al encuentro: “Valoramos las apreciaciones dadas por los expresidentes @JuanManSantos y @AlvaroUribeVel, en la próxima semana tendremos la oportunidad de adelantar con el presidente @PetroGustavo una nueva sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para ampliar el diálogo en diversos temas de la política exterior de nuestro país”, dijo Murillo la semana pasada.
Pero este mismo día en que se realizará la reunión, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó duramente la posición del Gobierno colombiano sobre la crisis en Venezuela: “Los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. La Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país”.
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