El jefe de Estado se resiste con pies y manos a que el Consejo Nacional Electoral lo investigue. Sin embargo, el Consejo de Estado ratificó que ese tribunal electoral sí puede investigarlo. El CNE debatirá el lunes la ponencia que pide formular cargos contra Petro y contra su gerente de campaña Ricardo Roa.
La espada de Damocles que pesa sobre la campaña del presidente Gustavo Petro, por su presunta financiación irregular, llevó al mandatario a pasar de la defensa al ataque frontal. En una andanada de trinos que arrancó el fin de semana y se extendió durante este lunes, el mandatario no solo arreció en su discurso del que le quieren dar un “golpe de Estado”, sino que agitó a sus masas y enfiló baterías contra el Consejo de Estado.
¿La razón? El concepto que semanas atrás emitió este alto tribunal con el cual ratificó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para investigar –desde la arena administrativa– la campaña del hoy mandatario. Con el concepto se descongeló un proceso que estuvo con freno de mano durante cuatro meses y que ya tiene una ponencia escrita según la cual la campaña del hoy presidente violó los topes en más de $5.355 millones. (Ver gráficos al final)
La hora cero, según pudo establecer este diario, será el próximo lunes, cuando la sala plena del CNE –un organismo cuyos magistrados son nominados por los partidos y elegidos por el Congreso–, votará si acoge la ponencia que pide formular cargos a Petro, así como a su gerente de campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), y a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
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Petro y sus seguidores, ante la inminencia de una decisión del CNE, se han enfrascado en una narrativa de “golpe de Estado” –atrás quedaron los días del “golpe blando”–, mientras que el Consejo de Estado ratifica su posición y cuestiona cómo se está informando el presidente. En el CNE, por su parte, hay tensión con dejo de molestia e indignación por lo dicho por el jefe de Estado.
Se trata de una bola de nieve que promete seguir creciendo a medida que se acerca la próxima semana. Lo cierto es que el asunto es de tal calado que, incluso, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, en una salida inusual para su cargo, ofreció ser “un puente” para que fluyan las tensas relaciones entre Palacio y las altas cortes.
Lo curioso es que lo único que puede hacer el CNE es investigar las cuentas y, si llega a determinar que hay algo ilegal, debe remitir el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Por eso, llama aún más la atención la manera tan virulenta como el mandatario se ha expresado teniendo en cuenta que su proceso aún está lejos de un fallo.
Aunque en la red X se han encargado de recordar que no es la primera vez que el presidente apela a la figura del “golpe de Estado”, desde 2013, cuando era alcalde, ya había utilizado esa narrativa que sin duda le da réditos porque hace creer a un sector de la opinión internacional que está siendo perseguido. Lo cual se cae de su peso porque la norma, como lo ha interpretado el Consejo de Estado, es clara en decir que el CNE puede investigar las cuentas de campaña.
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Subiendo el tono
El primer mandatario está enfrascado desde el pasado viernes en poner en duda la determinación del Consejo de Estado. Primero lo hizo en respuesta a una columna de Luis Fernando Álvarez publicada por EL COLOMBIANO, en la que el jurista advirtió que “cumplir la ley no es un golpe de Estado”.
Al reclamar que ya pasó el tiempo legal que por competencia tiene el CNE para investigar los topes, Petro insistió en que ese organismo, de acuerdo con la Constitución, no puede investigar al jefe de Estado. “Que se quede o se vaya el presidente que no ha cometido delito alguno, será asunto que decida de nuevo el pueblo en las calles. Preparémonos para ello”.
Luego, a primera hora del sábado, insistió en la tesis de que lo dicho por la alta corte no es vinculante. “No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, dijo.
Posteriormente, el domingo –secundado por escuderos como el embajador en Reino Unido, Roy Barreras, y el pastor Alfredo Saade–, el primer mandatario alegó que, “de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes”, el Consejo de Estado inició un golpe de Estado “a la colombiana” al supuestamente despojarlo de su fuero.
“Con votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular”, manifestó, instando a sus bases a “la movilización popular generalizada. “Una burla al voto popular se responde con el pueblo. Convoco a ese gigante dormido”.
Acto seguido, luego de cuestionar a los magistrados del CNE a cargo de la investigación, habló de una “ruptura constitucional” y, al subir el tono, dejó entrever que un proceso en su contra “solo traería una marca de violencia que perduraría por generaciones”.
Finalmente, este lunes se refirió al proceso de destitución cuando fue alcalde de Bogotá a manos del exprocurador Alejandro Ordóñez, señalando que le ganó “en todos los estratos judiciales nacionales e internacionales”, al tiempo que cuestionó al Consejo de Estado: “pareciera que volvió a manos de Ordóñez”. Sin embargo, fue más allá y, denunciando que hay un “grupo mafioso” que “intenta asesinarnos”, dijo en tono de amenaza “que se detenga, porque no sabe qué huracán está desatando”.
Freno en seco
La andanada de cuestionamientos contra la labor del Consejo de Estado obligó a su presidente, el magistrado Milton Chaves, a contestarle al mandatario. Al señalar que, en este caso, Petro “tal vez no se informó bien”, ratificó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal no es solo un ente dedicado a “funciones consultivas”, sino que también tiene la potestad de resolver conflictos de interés.
Lo anterior, por cuenta del debate jurídico que se desató semanas atrás cuando el CNE se aprestaba a tomar determinaciones frente a la campaña y el equipo jurídico del presidente argumentó que el único organismo competente para investigar al jefe de Estado era la Comisión de Acusación de la Cámara, que también hizo lo propio y reclamó competencia.
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Sin embargo, la duda se zanjó a mediados de agosto, cuando el Consejo de Estado determinó que el CNE sí es competente “para continuar la investigación administrativa” por las presuntas irregularidades en la campaña. En su determinación, el alto tribunal ratificó también que “el Congreso es competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente”.
Por todo esto, el magistrado Chaves aseguró que la Sala de Consulta no obró en este caso “como consultor, sino decidiendo un conflicto de competencias que es lo que le asigna la ley y la Constitución”. Al poner de presente la independencia y autonomía del tribunal, el magistrado manifestó que seguirán haciendo su trabajo.
“Lo que decidió la Sala de Consulta es que la competencia le corresponde al CNE en lo que tiene que ver con la investigación e imposición de sanciones de tipo pecunario (...) Aquí no se falla por un color político. Solo con absoluta independencia y atendiendo lo que demanda la ley. Alguien tiene que definir los conflictos y eso lo que le corresponde a la justicia”, dijo Chaves a la revista Semana.
La propia jurisprudencia del Consejo de Estado avala lo dicho por Chaves. En un fallo de 2012, el alto tribunal señalaba que la resolución de un conflicto de competencias administrativas tiene “carácter vinculante y definitivo para las autoridades en conflicto, y no es susceptible de recurso alguno”.
Además, en otro concepto de 2023 se precisaba que, por mandato de la ley, las determinaciones de la Sala de Consulta tienen carácter vinculante en tanto es “la autoridad administrativa competente para adelantar una determinada actuación administrativa”.
Ambiente enrarecido
Los cuestionamientos de Petro contra el Consejo de Estado y el propio CNE no dejan de generar malestar, incluso dentro del propio organismo electoral. Este diario conoció que durante la Sala Plena de este lunes –en la que se decidió adoptar una decisión sobre el caso la próxima semana–, hubo comentarios de rechazo e indignación por lo dicho por Petro, aun cuando ni siquiera se han tomado determinaciones.
No obstante, también hay posturas firmes frente al proceso y entre los magistrados a cargo de la investigación, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, prevalece su seguridad frente a lo indagado. Su posición, según pudo establecer EL COLOMBIANO, es recia y están absolutamente convencidos de la legalidad de su investigación.
Con todo, las cuentas y las cargas al interior del CNE frente a investigar a Petro aún no parecen zanjadas. Se trata de un organismo político y hasta última hora se intensifican los pulsos de poder. Hasta ahora, quienes estarían a favor serían Ortiz (del Partido Liberal) y Prada (Centro Democrático), así como César Lorduy (del opositor Cambio Radical).
En contra aparecen fijas Alba Velásquez y Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico). De hecho, se prevé que tras una licencia, regrese al tribunal este martes la magistrada Velásquez, lo que reforzaría el bloque petrista. A ellas se uniría Cristian Quiroz (Alianza Verde).
Para abrir una investigación se necesitarían los votos de seis de los nueve magistrados, teniendo en cuenta que Pablo Julio Cruz, de Comunes, tiene voz, pero no voto.
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De allí la importancia de cómo actúen Maritza Martínez –excongresista de La U y presidenta del tribunal–, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras. Además, hay expectativa por Altus Baquero, del Partido Liberal, que no ha sido reintegrado al organismo, pese a un fallo de la Corte Constitucional.
