El presidente Gustavo Petro fue notificado, de manera oficial, sobre la suspensión de tres meses que deberá cumplir su canciller Álvaro Leyva por decisión de la Procuraduría. Antes de que su ministro se apartara del cargo, el jefe de Estado se lanzó contra los órganos de control y la administración de justicia por lo que, para él, fue la impunidad de la posible corrupción de la exministra TIC Karen Abudinen.
“En realidad no entiendo cómo una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión y, en cambio, al ministro que se atraviesa en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de las elecciones, y el de pasaportes y los datos de la seguridad social de las y los colombianos, lo suspenden”, señaló Petro en sus redes sociales.
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Horas después, el canciller Leyva publicó un comunicado en el que acató la suspensión que le impuso la Procuraduría y en el que aseguró que se apartaría del cargo –por tres meses– a partir de este 7 de febrero.
La investigación contra Álvaro Leyva inició el pasado 20 de septiembre de 2023. De acuerdo con el órgano de control, el canciller habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fáticos, jurídicos y técnicos. Así, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
La decisión del canciller terminó por afectar a la empresa Thomas Greg & Sons –única oferente del fallido proceso licitatorio–. El argumento del gobierno siempre fue que no podría hacer concesiones en un proceso donde solo había un oferente.
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En todo caso, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido que contra él hay una persecución por parte de los órganos de control como la Procuraduría y la Fiscalía. De ahí su comparación con la “impunidad” que habría tenido el caso de centros poblados y la exministra Abudinen.
El caso de la exministra Abudinen es recordado porque desde su cartera se autorizó el giro de 70.000 millones de pesos al consorcio de Centros Poblados como anticipo del proyecto que pretendía llevar conectividad a escuelas rurales de 15 departamentos. Al dinero se le perdió el rastro y la justicia todavía trata de encontrar responsables.
En lo que le compete a Petro, su equipo jurídico deberá estar preparado ante la posibilidad de que Thomas Greg & Sons emprenda una millonaria demanda contra el Estado porque, considera, se le vulneraron sus derechos como contratista cuando quedó desierto el proceso de licitación de los pasaportes.
