Cada cinco años, finalizando el mes de marzo, los países miembros de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentra Colombia, se reúnen al rededor de una sesión plenaria en la ciudad de Viena. Este año, el encuentro se lleva a cabo del 14 y 22 de marzo, y tiene como fin discutir y adoptar medidas relacionadas con el sistema mundial para el control de las drogas.
A través de mesas técnicas y espacios de diálogo, los países buscan desarrollar nuevas estrategias para controlar la producción, uso y comercialización de sustancias psicoactivas que han sido clasificadas de ilícitas o ilegales.
Y es entonces, a través de este tipo de encuentros, que la CND reafirma su respaldo a cada una de las naciones que la conforman, en el desarrollo de políticas para fiscalizar las drogas, una solución que algunos de los países que hacen parte de esta organización, no comparten del todo, ya que consideran que lo único que ha generado es la persecución penal y policial, es la violación de los derechos humanos.
Una visión que comparten algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Dejusticia en Colombia. Esta colectividad considera que, “las medidas prohibicionistas han llevado a que en las discusiones de la Comisión prime la seguridad internacional sobre los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud”, dice.
Es por esta razón que las prácticas que incluyen la fuerza del Estado, a través de campañas como “guerra contra las drogas”, han sido vistas por algunos sectores de la población, como estrategia que solo engrosa las cifras de impunidad, y abre una puerta a otros crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública y encarcelamiento masivo.
Una visión que también comparte el presidente Gustavo Petro, quien a través de su embajadora para Colombia ante las Naciones Unidas en Viena, Laura Gil, envió un enérgico mensaje a la CND en su última versión. El jefe de Estado calificó el actual sistema internacional que desde allí se respalda como “anacrónico e indolente”, y señaló que, aunque sea cierto que los países deben de respaldar a las Naciones Unidas en cada una de sus decisiones, él no cree que ese sea el camino cuando el organismo está “ciego, sordo y silencioso”.
Es por esa razón, recordó Gil al dirigirse al auditorio, que Colombia, un par de meses antes a la convención de 2019, trató de negociar y persuadir a por lo menos 60 países que hacen parte de la CND para que empezaran a incluir principios que apelaran a los derechos humanos, pero finalmente su iniciativa no dio frutos, porque los acuerdos se consiguen a través del consenso y no la negociación.
Gil cerró su intervención señalando que frente a los resultados que ha tenido la implementación del último informe que salió de allí, no está más que “atrapado en una burbuja de instituciones fosilizadas. (...) Hablamos de transversalización de derechos humanos, y pasamos noches enteras decidiendo si podemos incluir el concepto de derechos humanos en un documento sobre drogas”, concluyó.
De este encuentro en particular, se encuentran participando Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos; David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia; Luis Gilberto Murillo, canciller encargado para Colombia; Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea; y Volker Tukr, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Aunque el evento apenas comienza, el balance del evento no ha sido precisamente el mejor. Los miembros del CND, al parecer, solo se han limitado a reiterar los retos que fueron pactados desde 2019, pero hasta el momento, no hay sobre la mesa visiones críticas referentes a los conflictos que rodean el negocio de las drogas a nivel global, así como tampoco hay hasta el momento, apertura para nuevas estrategias que respondan a problemáticas como, la necesidad de despenalizar el uso personal de drogas, la urgencia de intervenciones en la reducción de riesgos y daños, y la prevalencia de los derechos humanos a la hora de aplicar una política de drogas.
De los siguientes días de encuentro, se espera que los gobiernos que asistieron pueda revisar con detenimiento los compromisos que están vigentes desde 2019 y los restos para los próximos años.
También se desarrollarán eventos paralelos en los que abordarán preocupaciones como el desarrollo y amenazad de las drogas sintéticas, el aumento de las muertes por sobredosis, y las medidas que han tenido que implementar países como Estados Unidos para la reducción de daños y que estos hagan parte de los servicios que oferta su sistema de salud.
Además de realizar una serie de debates que permitan, en los próximos cinco años, implementar una nueva hoja de ruta de cara a las urgencias que tienen las sociedades hoy frente a la producción y consumo de drogas, para implementar de aquí al 2029.
