El país continúa a la expectativa luego del anuncio por X del mandatario para volver a querer establecer una conmoción interior, tras 16 años.
La pregunta más importante del anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la declaratoria del estado de conmoción interior es para qué. Ese es una pregunta que además tiene que contestarle a su gabinete, al Congreso y a la Corte Constitucional para que la medida pueda quedar en firme. El gabinete debe dar un concepto positivo igual que el Congreso y la Corte debe revisar la constitucionalidad de los fundamentos para la conmoción.
Y no es una pregunta menor porque se trata de un estado en el que por noventa días y con dos prórrogas posibles por el mismo periodo, el presidente de la República puede imponer decretos con fuerza de ley sin que el Congreso los debata, contrario a como funciona en el mecanismo tradicional en la democracia para garantizar los contrapesos de los poderes. La tesis de su argumento es la crisis de orden público y seguridad en Norte de Santander que había sido advertida por lo menos desde agosto por la Defensoría del Pueblo a partir de varias alertas tempranas y con un informe consolidado e inminente en noviembre pasado.
Pero que además era predecible por la situación compleja que se vive en Catatumbo desde hace varios años y con el crecimiento del ELN y las disidencias de las FARC en la región que corresponde, entre otras, a un abandono de las tareas ofensivas de las fuerzas militares por la política de paz total del presidente que hasta ahora no ha arrojado resultados concretos. Cada día que pasa la situación en Catatumbo es peor. Una fuente que pidió reserva le dijo a EL COLOMBIANO que las autoridades locales estaban alistando un documento para pedirle ayuda al Gobierno nacional con el fin de tener acceso a más lugares en los que puedan guardar los cuerpos de las víctimas porque las morgues están llenas.
Varios videos conocidos por este diario que no son aptos para publicar muestran las decenas de cadáveres transportados en camiones o tirados en la carretera, algunos de ellos con uniformes de las disidencias, y otros con ropa de civiles. Las personas han dejado el territorio por miedo a que el ELN llegue hasta la puerta de sus fincas con listas en mano para buscar nombres, justo como hacían los paramilitares en los noventa. Con más de 80 muertos y una cifra que se actualiza todos los días pero que ya supera las 30.000 personas desplazadas, la pérdida de la estabilidad institucional es evidente. Las versiones del ELN y de las disidencias difieren, pero el ELN asegura que las disidencias se han dedicado al narcotráfico y a perseguirlos y por eso inició las acciones terroristas y las disidencias insisten en que los narcos son los del ELN y siguen hablando sobre la lucha revolucionaria.
De acuerdo con el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, en el Catatumbo había más de 43.000 hectáreas de cultivos ilícitos para 2023, siendo la tercera región con más zonas dedicadas al cultivo de la hoja de coca con fines ilegales. Eso explica bien el contexto actual. Entonces la pregunta es qué puede hacer Petro con la conmoción interior. Este es un mecanismo constitucional para coyunturas excepcionales en las que se pone en riesgo a las instituciones especialmente por problemas de seguridad y de orden público. El presidente puede limitar algunas libertades. Por ejemplo, puede imponer toques de queda, establecer más zonas militares y retenes en las carreteras, limitar la movilidad, etc. Y para esos fines puede aprobar más recursos a las fuerzas militares y reorganizar mejor la estrategia de ofensiva tras la declaración de combate al ELN que hizo hace dos días en X.
Pero lo cierto es que esto solo se podrá conocer cuando el mandatario publique los decretos con los que empieza la conmoción, previo visto bueno de su gabinete, el Congreso y, de nuevo, la revisión de la Corte. En el Gobierno Gaviria, en una de las declaratorias de conmoción interior, se le dio a las fuerzas militares la posibilidad de ejercer funciones de Policía Judicial y en el Gobierno Uribe se crearon algunas zonas especiales para la acción de los jueces. Para uno de los expertos consultados, que tampoco quiso ser citado por la sensibilidad del debate, las fuerzas militares ya cuentan con todas las herramientas para combatir al ELN y las disidencias, estas últimas más dispuestas al diálogo para firmar la paz.
De hecho, una de las decisiones de política militar en la administración Petro fue la suspensión de los bombardeos en alusión a la presencia de niños y niñas en campamentos guerrilleros. El Gobierno anunció que no bombardearía lugares en donde inteligencia pudiera identificar menores y el último informe de la Defensoría concluye que el reclutamiento a niños, con énfasis en poblaciones indígenas, aumentó en 2024. Fueron 409 en 2024 y 342 en 2023. Una de las alternativas sin tener que llamar a la conmoción interior es aumentar el pie de fuerza en la región para recuperar el orden y volver a los bombardeos tratando de proteger la vida de los niños y niñas reclutados. De hecho esa es una decisión que el Ministerio de Defensa no ha descartado.
El presidente llamó a su gabinete, en medio del remezón, para discutir las acciones de la conmoción interior. Pero al cierre de esta edición no se conocían decisiones. Las suspicacias sobre el anuncio no cesan porque el presidente se encuentra en su último año de mandato y en época de campaña electoral. La filosofía de la medida es la limitación de algunas libertades. El presidente se enfrenta a la realidad del desborde de la violencia en Norte de Santander. Pero eso no significa que la Corte pierda el rigor en la evaluación de sus argumentos. En el Catatumbo piden auxilio, y en Bogotá algunos sectores le piden al presidente que use las herramientas que ya tiene a la mano.
