Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este jueves el presidente Gustavo Petro se refirió a los avances del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc y al lanzar un guiño indirecto a su intentona constituyente, aseguró que el propio pacto permite “encontrar fórmulas de cambio de normas”. En ese mismo sentido, anunció que propondrá al Congreso y las Cortes “un nuevo fast track”.
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Justamente, en respuesta a la carta que semanas atrás envió el expresidente Juan Manuel Santos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres –en la que alertó por el uso de “mecanismos extraconstitucionales” con el Acuerdo–, Petro manifestó que “en Colombia no hay mucha claridad de este mecanismo” y que lo pactado en La Habana (Cuba) es una declaración unilateral de Estado.
“El Acuerdo de Paz del año 2016 se presenta como una declaración unilateral de Estado, lo cual significa el compromiso del Estado, y no cualquier gobierno. Es un compromiso hecho ante la humanidad que, en mi opinión requiere una concepción jurídica vinculante y obligatoria para el país, con sus normas vigentes o cambiando sus normas vigentes si es necesario, tal cual dice el Acuerdo”, manifestó Petro.
En esa línea, lanzó un guiño indirecto a su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente con base en los apartados del Acuerdo de Paz: “Se propone un pacto político nacional de todas las fuerzas vivas del país, políticas y sociales, para encontrar fórmulas de cambio de normas si las normas no posibilitan el Acuerdo de Paz. Esto no se había entendido bien y por eso hoy quise venir para mostrar el tamaño de compromiso que tenemos”.
Además, anunció que, a través de un mecanismo de “fast track”, solicitará la modificación de vigencias futuras: “Toda la inversión pública está comprometida en obras, autopistas que están al lado de las ciudades más ricas de Colombia, luego no hay cómo financiar la inclusión y transformación territorial.”
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Según el mandatario, el nuevo ”fast track” o vía rápida para acelerar la discusión y aprobación de normas busca estimular la implementación del Acuerdo de Paz. Para ello, en primer lugar, propuso modificar las vigencias futuras y cambiar el marco de mediano plazo para priorizar las obras de la inclusión territorial.
En segundo lugar, un cambio en el Sistema General de Participaciones para destinar recursos a los municipios más empobrecidos y afectados por el conflicto (PDET). A ello se suma, excarcelar a los productores de hoja de coca y promover nuevas inversiones forzosas a programas colectivos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS.
Un quinto punto está relacionado con la conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas. En esa línea, el mandatario recordó que muchos territorios PDET están en zonas de selva. Por otro lado, planteó una reforma agraria para la compra administrativa exprés de la tierra y propuso un sistema único para que todos los sectores tengan un solo tribunal de cierre. “Incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto”, señaló.
Finalmente, el jefe de Estado propuso ampliar el tiempo de implementación del Acuerdo por siete años más.
“La construcción de la paz requiere la participación de todas las personas, sin distinción alguna. Convoco a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un acuerdo nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”, manifestó el Jefe de Estado.
Frente al recrudecimiento del conflicto en las zonas donde se hizo el Acuerdo de Paz, Petro sostuvo que “no se ha expandido la violencia en Colombia, se ha concentrado geográficamente cada vez más”. En ese sentido, señaló que el país no tiene un conflicto nacional, sino conflictos regionales “que están en las mismas zonas geográficas por décadas”.
Cuestionando por qué Colombia fracasa continuamente, Petro sostuvo que el país lleva dos siglos y medio haciendo guerras por diferentes razones, en contextos mundiales diferentes y fracasando en los procesos de paz. “Colombia tiene decenas de guerras civiles en su historia y decenas de procesos de paz; sin embargo, la violencia sigue ahí”.
En ese sentido, citando cifras de la Comisión de la Verdad, sostuvo que desde el crimen del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948, hay registro de 700.000 crímenes: “Al principio eran por razones políticas, era un genocidio desatado contra comunidades políticas rurales liberales. Después fue el producto de la represión del Estado contra la insurgencia armada que surgió del primer conflicto que quiso cambiar el Estado y ahora entramos a una esfera todavía más difusa de la violencia en los mismos terrenos, que yo le voy a llamar las guerras de la economía ilícita, las guerras de la codicia, que no nos dejan tener una paz total, pasar a una era de paz”.
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