El mandatario ha arreciado en sus posturas y, lejos de la concertación, ha casado peleas, entre otros, con empresarios, ganaderos y el Congreso, este último clave para tramitar sus reformas.
Si bien de dientes para afuera el presidente Gustavo Petro pregona desde hace semanas la necesidad de un “gran acuerdo nacional” –basado en el diálogo, la concertación y la reconciliación–, parece que su llamado podría quedarse en otra promesa incumplida. Muestra de ello son sus recientes declaraciones e intervenciones en las que, lejos de unir, parece arreciar en la confrontación y contribuir a la pugnacidad.
El Congreso, los empresarios, los medios de comunicación y hasta los gremios han estado en la mira de un Petro que –contra él mismo–, no deja de rivalizar y casar peleas. Su más reciente refriega es con un antagonista de antaño, pero con quien parecía haber hecho las paces: el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, quien además hace parte del equipo negociador del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN.
La nuez del enfrentamiento es el controvertido borrador de decreto expedido por el Ministerio de Agricultura que, como preludio de la reforma agraria, “promueve la movilización y organización campesina”. Entre líneas, el documento abre la puerta a que, con recursos del Estado, se financien las movilizaciones campesinas en el país.
En el mismo sentido de varios dirigentes y congresistas, los ganaderos rechazaron los alcances del decreto y a través de una dura comunicación interna –que a la postre se supo era de autoría de Lafaurie, como él mismo admitió–, alertaron que el Gobierno impulsa las movilizaciones “para buscar choques innecesarios” entre campesinos y ganaderos. Lo anterior, en medio de las diferencias y dificultades para hacer realidad el acuerdo para la compra de tierras por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, lo más inquietante de la comunicación es la convocatoria a las “brigadas solidarias ganaderas” que, según el gremio, “deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada (...) Solo fortaleciendo las agremiaciones ganaderas locales podemos enfrentar los retos que vienen. Dios no quiera que esto termine en una confrontación de baja intensidad”.
Petro no dudó en reaccionar y pidió explicaciones de Fedegán, pues reclamó que se trata, “ni más ni menos”, de una “invitación al paramilitarismo”. Con nombre propio, cuestionó si los comunicados “provienen de su dirección”.
“El camino propuesto por el Gobierno es pacífico, pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño. Es el camino viable. El llamado a mantener a Colombia en la brutalidad feudal ya no sirve ni a quienes la impulsan ni al país. El Estado no se prestará al genocidio”, sostuvo Petro en la red social X (antes Twitter).
Ante las acusaciones, Lafaurie respondió y en otro comunicado, este sí de alcance público, le dijo a Petro que sus “obligaciones con los ganaderos son irrenunciables”, que “advertir no es provocar” y que las brigadas ganaderas no pueden equiparse como una incitación al paramilitarismo.
“Las brigadas solidarias son una expresión de solidaridad ganadera, un apoyo a autoridades, un acompañamiento al vecino en dificultades, bajo el poder disuasivo de la presencia pacífica, en virtud, si se quiere, del derecho a la movilización que se invoca”, aseguró el presidente de Fedegán, quien no se guardó nada y agregó que “el país conoce en qué puede terminar la movilización cuando es instrumentalizada por grupos armados”.
Las otras peleas
La pugna entre Petro y Lafaurie –que a la larga termina empantanando los esfuerzos a favor del desarrollo rural–, hace parte de las peleas que el Jefe de Estado viene casando con diferentes sectores. Justamente, ese cruce de declaraciones coincide con el frente de batalla que abrió con el propio Congreso, determinante para hacer realidad su “gran acuerdo nacional” y poner a andar sus reformas sociales.
La semana pasada, desde Bucaramanga, el Jefe de Estado reclamó que “entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico”. Semejante declaración generó un férreo rechazo del presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), quien pidió respeto y aseguró que “el Senado tiene una dignidad intocable”.
Petro insistió en la crítica y, en lugar de disculparse, sacó pecho para decir que fue “el creador de la palabra parapolítica”, y fue quien ayudó a investigar las relaciones del paramilitarismo con la clase política que permitieron descubrir que “el 35% del Senado de entonces tenía vínculos y fue encarcelado”.
Hace apenas una semana, el blanco de los ataques del presidente fue el Grupo Argos, al que responsabilizó de despojar tierras a campesinos en zonas golpeadas por la violencia. “Se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre”, aseveró, al tiempo que el conglomerado respondió negando los señalamientos.
Previo a ello, al tratar de explicar su ausencia en el Congreso Empresarial de la Andi, Petro manifestó que “al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”. Lo anterior, teniendo en cuenta que al encuentro también estuvo invitado el fiscal Francisco Barbosa: “Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”.
¿Y el “gran acuerdo”?
Esta serie de rencillas acrecientan las dudas sobre los propósitos del mandatario y ponen en tela de juicio el “gran acuerdo” que pregona. Desde la oposición, la senadora Paola Holguín advirtió que “no se puede hablar de reconciliación o de acuerdo nacional, cuando se estigmatiza a los sectores productivos, se acosa a los medios de comunicación o a los periodistas, y se busca imponer unas reformas sin escuchar a sectores”.
A su turno, el senador David Luna (Cambio Radical) cuestionó que, aunque se hable de acuerdo nacional, “se quedan en discursos”. Inclusive, desde la bancada de gobierno, la representante Katherine Miranda consideró que “no es imponiendo o agrediendo” como se tramitan reformas, “sino llegando a acuerdos”.
Desde el petrismo, como es natural, salieron en defensa del presidente y, de acuerdo con la senadora Piedad Córdoba (Pacto Histórico), el “gran acuerdo” no se puede confundir con que Petro ceda en todo: “No, mijos. Esto es cediendo de ambos lados”, explicó. Por su parte, la senadora María José Pizarro indicó que el acuerdo está encaminado en la “garantía de derechos, modernización del país y fin de la violencia. Todos tenemos algo que aportar para hacer de Colombia un país viable”.
Para el profesor Juan Pablo Milanese, del programa de Ciencia Política de la Universidad ICESI, el comportamiento combativo y pendenciero del primer mandatario ratifica su dualismo entre el llamado al diálogo y el enfrentamiento: “No parece que sea un comportamiento por fuera de los cánones de lo que se ha visto en el año que va del Gobierno”. Por ello, instó a persistir en la concertación y el diálogo con diferentes actores. Sin embargo, dejó entrever que será necesario congelar el “gran acuerdo nacional” hasta tanto pasen las elecciones regionales de octubre y se reconfigure el mapa político del país.
“En principio no tiene demasiado sentido que buena parte de los actores que deben participar en ese diálogo (gobiernos locales, en muchos casos muy cercanos a congresistas) en un puñado de meses no van a estar más. Hasta que los nuevos gobiernos no estén electos iniciar un diálogo de este tipo no tiene mayor sentido. En todo caso, podría dar pistas de por dónde iría la intención y el perfil del diálogo”, explicó el académico.
Si bien no deja de ser incierto qué camino tomará el mandatario –persistir en el diálogo, reestructurar la estrategia o darle los santos óleos al acuerdo–, congresistas, gremios y expertos alertan que los insultos y enfrentamientos no contribuyen a apaciguar los ánimos.
