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Petro admitió que su relación con las Cortes vive un momento “traumático” al mismo tiempo que propuso un “cambio de leyes”

El presidente Gustavo Petro admitió las tensiones que existen entre su gobierno y las Altas Cortes.

  • El presidente Gustavo Petro reconoció que su relación con las Altas Cortes atraviesa un momento “traumático”. Foto: Carlos Alberto Velásquez Piedrahita.
    El presidente Gustavo Petro reconoció que su relación con las Altas Cortes atraviesa un momento “traumático”. Foto: Carlos Alberto Velásquez Piedrahita.
08 de octubre de 2024
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El presidente Gustavo Petro propuso realizar un acercamiento con las Altas Cortes para cambiar las leyes y las normas constitucionales, en medio de decisiones que siempre refuta como la aceptación de una demanda por el caso Pegasus, entre otras.

Este pronunciamiento lo dio este lunes durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra, en donde aceptó que no está en buenos términos con las autoridades judiciales del país.

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“No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones Justicia– Presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza”, señaló.

El jefe de Estado recordó los diferentes desencuentros que ha tenido con la justicia, como lo son con los exfiscales Néstor Humberto Martínez y Alejandro Ordóñez, (que calificó como fascistas), y el hecho más reciente sobre la tutela por la alocución que dio sobre el caso ‘Pegasus’.

Me acusan de que por qué hice la denuncia de ‘Pegasus’ (...) la Fiscalía es la que tiene que investigar cómo se trajo un software que es veneno para los derechos humanos y que está por ahí si es que no han recobrado la licencia (...) A un presidente al que le quieren quitar el fuero presidencial porque es de izquierda... ¿De qué paz hablamos? ¿Solo puede tener derechos quien esgrime las ideas de Hitler?”, señaló.

Ante este panorama, Petro propuso un diálogo con las Altas Cortes “y que podamos, como el Ministro del Interior viene pregonando, avanzar hacia un Acuerdo Nacional, que, claro, tiene que implicar cambios de leyes, quizás normas constitucionales, pero que sobre todo tiene que implicar un cambio de mentalidades, para hacer fluir las instituciones hacia el cambio que está demandando Colombia con urgencia y que es imprescindible”.

Agregó que aunque “podemos estrellarnos, claro, y podemos derivar en una situación de conflicto social profundo”, sostuvo que esto implica hacer un “cambio de mentalidades para poder hacer fluir instituciones hacia el cambio que demanda Colombia con urgencia, o revolución o transformación”.

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Incluso, se refirió de las acusaciones de querer cambiar la constitución del 91, sobre lo cual señaló que “yo lo que quiero es profundizarla y volverla real”.

Además, sostuvo que los deseos del pueblo no están seguidos por las instancias judiciales, dando a entender que se deben cambiar las Altas Cortes, haciendo un comparativo en México.

“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino, pero eso no resulta porque sí, pasa porque el pueblo ve que los deseos de cambio no son seguidos por las doctrinas jurídicas. Las instituciones no son estáticas”, aseguró Petro.

La nueva propuesta que la Corte le tumbó a Petro

El mismo lunes cuando Petro instó a un diálogo con la Corte, tribunal que le tumbó la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales, Invir, con el cual el gobierno pretendía tener más de once mil contrataciones para que se construyan las llamadas placa huella en los caminos de las veredas en los municipios colombianos.

La norma que se declaró inexequible le permitía al gobierno Petro realizar esos contratos sin importar la cuantía del proyecto que podía quedar a cargo de comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitario u otra forma de organización social.

Esta entidad fue demandada, entre otros por el representante a la Cámara, Hernán Cadavid (Centro Democrático) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) demandó dicha norma, que esgrimieron ante la Corte Constitucional que se modificaba el régimen de contratación estatal por fuera de las competencias del presidente de la República.

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