Las evidencias de que a la campaña presidencial de Gustavo Petro habrían ingresado recursos no reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se acrecentaron esta semana tras el allanamiento de la Fiscalía a la sede de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en busca de documentos que prueben el aporte de $500 millones a la campaña, que para el presidente es una excusa para tumbarlo.
En su cuenta de X, el presidente se mostró desdibujado por las indagaciones de la Fiscalía que podrían vincular al gerente de su campaña y hoy presidente de Ecopetrol Ricardo Roa; al entonces presidente de Colombia Humana y ahora superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, y al presidente de Fecode, William Velandia.
“Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda”, escribió en un extenso mensaje en el que además se refirió a varios hechos que acorralan a su gobierno y que tienen que ver con la suspensión del canciller Álvaro Leyva y las investigaciones que adelanta la Fiscalía en relación con el ingreso de dineros provenientes de personas cuestionadas por narcotráfico, en el que aparece su hijo Nicolás Petro, aunque evitó referirse directamente a él.
Lo que sí dijo claro es que todos para él estos procesos muestran un “desespero” y una “ruptura institucional” para sacarlo del poder. Por eso no dudó en buscar el apoyo ciudadano e invitar a “la máxima movilización popular por la decencia” argumentando que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo”.
En ese contexto, Petro intenta hacer ver como verdugos a los jefes de la Fiscalía, Francisco Barbosa, y de la Procuraduría, Margarita Cabello, por ejercer control penal y disciplinario a las acciones del Ejecutivo .
Lo paradójico del caso es que cuando fue senador, Petro les exigió a estas mismas entidades que realizaran un exhaustivo control en gobiernos anteriores, pero ahora que es él quien agarra el sartén por el mango, se muestra renuente a que se ejerza vigilancia institucional. “Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente”, insistió en su mensaje.
Desde distintos sectores ven con preocupación esta andanada del presidente contra la institucionalidad. “Ya es delirio patético que un trino falso atribuido al Fiscal provoque una marejada incontrolable del Presidente alentando una especie de revolución callejera. Si no fuera extremadamente grave, el incidente es risible”, expresó el senador Humberto de la Calle, quien hizo un llamado a guardar silencio y “romper la tiranía esquizofrénica de las redes”.
El presidente del Senado, Iván Name, se declaró sorprendido por la declaración del presidente y aseguró que “la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionaliddad como mecanismo para resolver los conflictos”.
Destapó al ‘enemigo interno’
En el año y medio que lleva en el poder, el presidente ha mostrado un cambio en su discurso, pues en octubre de 2022 aseguró que se enfrentaba a un enemigo interno y para mayo de 2023 empezó a hablar de que se gestaba un “golpe blando” por medio de acciones con las que, dice, se busca obstaculizar las iniciativas adelantadas por su administración. Ahora le puso nombre propio a ese “enemigo interno”.
Ante este discurso, desde el círculo más cercano de Petro se pronunció el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, quien respaldó la movilización a la que convocó el mandatario argumentando que “se trata de defender la República, la democracia y la Constitución”.
La senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) apuntó que hay una “cadena de sucesos que muestra que hay una persecución por parte de la procuradora y el fiscal general”, a quienes señaló de pronunciarse sobre temas políticos que muestran la intención de afectar a la Casa de Nariño.
Para el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), anteriores gobiernos también han estado expuestos al mismo control, pero que Petro tiene que asumir que “los niveles de ejecución del actual Gobierno en todos los ministerios y dependencias es demasiado bajo. Muchos de los ministros no son técnicos sino activistas políticos y por eso la dificultad del presidente de materializar la visión del país por incumplimientos en sus metas”.
“El presidente Petro siempre busca responsabilizar a terceros y el tema del enemigo interno le es conveniente para poder dispersar la atención en materia de decisiones erradas que ha tomado en economía, infraestructura, seguridad y también habla constantemente de tentativas de golpes de Estado, de que las instituciones no lo dejan gobernar”, apuntó el senador Motoa.
Fiscalía le sigue la pista a su hijo y a su campaña
Gustavo Petro asegura que la Fiscalía General de la Nación planea pedir un juicio político en su contra y alega que este ente ha estado adelantando una investigación inconstitucional. No obstante, la Fiscalía no es investigadora o juez del presidente ni investiga si se ocultaron dineros de la campaña o se excedieron los topes de gastos permitidos por la ley.
Y aunque Petro plantea que el fiscal Barbosa tiene un interés político en perseguirlo, lo cierto es que sus enredos se deben a las aparentes irregularidades que se habrían registrado en los gastos e ingresos de su campaña en 2022. Tanto así, que el CNE abrió contra esta campaña y su gerente, Ricardo Roa, una indagación preliminar para revisar sus cuentas.
Y estos mismos enredos de la campaña presidencial tienen en aprietos al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, quien reconoció ante la Fiscalía que se habría apropiado de dineros que al parecer movió irregularmente y que tenían como fin financiar la campaña. Petro Burgos ha aclarado que el presidente no tenía conocimiento de estos movimientos, pero en su caso la Fiscalía recopiló material probatorio con el que lo acusó de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El lío con lo de Fecode podría llegar a tocar a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga (presidente de Colombia Humana) y William Velandia (presidente del Comité Ejecutivo de Fecode ) de quienes se expuso en medios que la Fiscalía les imputaría cargos por el aporte a la campaña Petro Presidente. Sin embargo, la Fiscalía señaló que esa información no es confirmada ni divulgación oficial de la entidad.
El abogado Edier Esteban Manco Pineda, magíster en Derecho Público y docente de cátedra de la Escuela de Derecho de Eafit, resaltó que por mandato de la Constitución Política, los entes de control o la ‘ías’ son aquellos organismos a los que se les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal.
“Estos entes de control tienen unas funciones constitucionales que también deben tener límites como en el caso del fiscal general de la Nación, que no debería hacer afirmaciones como ‘si fueran los Juegos Panamericanos del crimen, hubieran girado rápidamente’, ese choque con el Ejecutivo no está dentro de las funciones del fiscal”, planteó el abogado Manco Pineda.
Procuraduría investiga gastos y contratos
La pelea más prolongada de Petro es la que ha sostenido con la Procuraduría General de la Nación. Ahora el mandatario apunta contra su jefe, Margarita Cabello, por investigar a Roa por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña, incluso llamándolo a que rindiera una versión libre. Por su parte, Petro ha insistido en la necesidad de reformar la Procuraduría y cuestiona sus sanciones a los funcionarios.
Y al lío de la campaña se le suman los problemas provocados por las actuaciones de sus ministros: como Álvaro Leyva. El ente de control ordenó su suspensión por tres meses por la decisión de frenar la licitación del contrato de pasaportes. Y abrió investigación contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 en Barranquilla.
“No nos van a dejar gobernar, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular”, expresó el presidente Petro. Esas palabras las cuestionó el senador Humberto de la Calle, quien planteó que “el presidente tiene una especie de tic, que es que siempre que inicia una investigación sostiene que se trata de persecución política y creo que eso no es sano”.
Contraloría vigila gastos de la primera dama
Uno de los más recientes malestares del presidente surgió por las averiguaciones formales que emprendió la Contraloría sobre los gastos de las primeras damas en viajes, misiones especiales, comisiones y delegaciones especiales de Estado, a propósito de la contratación de unos $1.000 millones que se habrían gastado en funcionarios al servicio de Verónica Alcocer, esposa de Petro.
No obstante, en ese caso, sobre el que Petro alega que anteriores primeras damas tuvieron gastos similares, la Contraloría también le jaló las orejas por la ejecución presupuestal del 87,3 % en 2023: la más baja en la última década. Por eso, el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga cuestionó a finales del año pasado que “esa ejecución, que incluye los gastos de función, nos preocupa las cifras de los gastos de inversión que se destinan para resolver problemas de las comunidades”.
Y más allá de tratarse de una persecución, como alega Petro, la Contraloría también ha actuado con fundamento a la hora de sancionar altos funcionarios, como ocurrió con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, quien fue suspendido por su falta de respuestas sobre la intervención de la entidad para la reconstrucción de Mocoa, en Putumayo, y Piojó, Atlántico.
Ese ente de control abrió indagación por los 2 millones de dólares que se perderían por no tener la sede de los Juegos Panamericanos, suma que había abonado la Alcaldía de Barranquilla para su realización y que quedarían en nada por incumplimientos en los pagos a Panam Sports.
Entes de control también actuaron contra otros presidentes
En el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) los entes actuaron contra funcionarios suyos como Jorge Noguera, Andrés Peñate y Pilar Hurtado (exdirectores del DAS), Bernardo Moreno (secretario de Presidencia) Andrés Felipe Arias (minagricultura), entre otros.
En el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) funcionarios como Roberto Prieto (exgerente de campaña) y José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana) fueron procesados por el caso Odebrecht. Y bajo la lupa estuvieron Cecilia Álvarez y Gina Parody.
En el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) los entes investigaron a Claudia Bustamante (cónsul en Orlando, EE.UU.), Juan Pablo Bieri (exgerente de RTVC), María Victoria Angulo (minEducación) y está siendo procesado Pierre García (exdirector del DPS).
